Por presuntas irregularidades en el manejo de los gastos de la campaña presidencial del exministro y exnegociador de paz Humberto de La Calle Lombana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la apertura de un proceso preliminar.
El magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, en desarrollo de un borrador de una ponencia, habría encontrado algunas anomalías en el manejo de los recursos, específicamente se habla de un desfase de alrededor de $4.000 millones en total. Sin embargo, este tema aún no ha sido abordado debido a que no ha sido incluido en el orden del día ni dicha ponencia ha sido radicada oficialmente.
De encontrar irregularidades en el reporte de gastos, el CNE podría imponer multas, ordenar la devolución parcial o total del dinero, o habría sanciones administrativas. Incluso, podrían compulsarse copias a la Fiscalía si se encuentra que hubo alteración de facturas.
Así mismo, el organismo electoral analizará si en este caso pudo tener algún tipo de responsabilidad funcionarios de la campaña presidencial del candidato del Partido Liberal así como los encargados de la Gerencia o Tesorería.
En caso de que sea así, la campaña del excandidato tendrá un plazo para entregar sus explicaciones ante el tribunal electoral y demostrar que hubo un manejo transparente de los recursos. De acuerdo con el portal Cuentas Claras, la campaña de La Calle reportó gastos por más de $10.000 millones.
Campaña
Al concluir la campaña presidencial, en la que finalizó en quinto lugar, con poco menos de 400.000 votos, en redes sociales se creó una campaña denominada ‘Una vaca por De la Calle’ con la que se pretendía ayudar económicamente al excandidato. En una carta, fechada el 16 de julio de 2018, el político y exjefe negociador del proceso de paz con las Farc agradeció a todos sus donantes y precisó que se recogieron $708.388.806. "Representa un recaudo extraordinario y sin antecedentes en Colombia, en lo que se refiere a la gestión de recursos vía crowfunding (mecanismo colaborativo de proyectos a través de internet)", dice la misiva.
La campaña fue lanzada unos días después de la primera vuelta presidencial el 27 de mayo de 2018, en la que Humberto de La Calle no alcanzó el umbral de los votos, lo que lo hizo acreedor de una deuda por alrededor de $9.000 millones, por anticipo del Estado.
De acuerdo con la Ley 996 de 2005, para tener derecho a la reposición de votos los candidatos tenían que haber conseguido una votación igual o superior al 4% de los votos válidos, pero de La Calle solo obtuvo solo 2,06%.
"Todas las donaciones fueron cruzadas con bases para verificar que no se encuentren en lista restrictiva y así evitar alguna normativa", especifica de La Calle en la carta.
Asegura que "el total de aportantes efectivos ascendió a 16.666, determinándose que la ciudad fue Bogotá, seguida de Medellín, Barranquilla y Bucaramanga".
Todo el dinero recaudo, según De la Calle, fue auditado por la firma contable Control P&G, "la cual fue nombrada para verificar el manejo transparente de los recursos, su destino final y para asegurar el cumplimiento de las normas y reglas aplicables".
De la Calle agradeció entonces a las personas que participaron de esta campaña. “Para mí es motivo de enorme satisfacción dar este parte de cierre exitoso, no solo por el nivel de recaudo y el volumen de aportantes, sino además por la transparencia del proceso. Por lo anterior, quiero de forma muy especial agradecerle a usted su aporte a esta causa, porque entiendo que el mismo representa no solo un apoyo económico muy importante, sino un gesto de reconocimiento y solidaridad”, sostuvo.