Actualmente se encuentran en trámite en el Congreso varias iniciativas que buscan hacer modificaciones a la Ley Quinta de 1992 o reglamento interno del Parlamento. A continuación algunas de los proyectos que han sido radicados o que ya han superado algún debate.

Contra el pupitrazo

Esa iniciativa fue presentada esta semana nuevamente por parlamentarios de Cambio Radical luego de que una similar fuera archivada la pasada legislatura. El proyecto estipula que las iniciativas deben tener un estudio de tres a cinco días y obliga a comenzar los debates tres días después, lo que ampliaría los tiempos de trámite, pero daría más tiempo a los parlamentarios para estudiar las iniciativas. Así mismo, plantea que el estudio del debate se haga de 45 a 41 días garantizando las conciliaciones y prohibiendo las proposiciones que permiten votar parte del articulado en bloque. El proyecto de ley también propone que se regule el trámite simultáneo de los debates en las plenarias de Senado y Cámara para evitar la premura en la aprobación.

La iniciativa busca que se discuta cada proyecto de ley revisando artículo por artículo, y si es necesario cada uno de los incisos, si así lo solicitara algún miembro de la Comisión. También se hace énfasis en que además de discutir cada artículo deben ser consideradas las modificaciones propuestas por el ponente y las que presenten los ministros del Despacho o los miembros de la respectiva Cámara, pertenezcan o no a la respectiva Comisión.

Impedimentos

En junio pasado la plenaria del Senado aprobó en penúltimo debate el proyecto que reforma de manera parcial la Ley Quinta o reglamento interno del Congreso para regular los impedimentos.

Según la actual Ley Quinta, “todo senador o Representante solicitará ser declarado impedido para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés”. Acto seguido “el congresista deberá comunicarlo por escrito al presidente de la respectiva comisión o corporación legislativa donde se trate el asunto que obliga al impedimento. Aceptado el impedimento el respectivo presidente excusará de votar al congresista”.

Según el proyecto, los senadores deberán declararse impedidos cuando se aprueben beneficios tributarios que favorezcan a los congresistas o a familiares; cuando los beneficios económicos se materializan y beneficien al legislador o a su familia y en caso de que las normas que voten afecten o benefician investigaciones penales, administrativas o fiscales, en los que estén incursos los legisladores o sus familiares.

La iniciativa igualmente le dará a la Comisión de Ética la potestad para “definir los impedimentos por grupos y se van a votar en bloque con las recomendaciones que haga la comisión, lo que va a permitir que todos los casos iguales sean tratados en un solo bloque y los distintos por aparte”.

Trabajadores de UTL

A pocos días del final de la pasada legislatura fue aprobado en primer debate un proyecto necesario para interpretar la Ley Quinta en relación con las labores de quienes integran las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).

Primero, en el sentido de que los empleados y contratistas de las UTL pueden desempeñar sus múltiples funciones en cualquier lugar del territorio nacional que el congresista designe. Segundo, en el sentido de que los miembros de las UTL asisten, apoyan o asesoran al parlamentario en el cumplimiento de todas sus funciones y labores, sean estas legislativas, políticas, de control, técnicas, sociales, de campaña política, de comunicación, rendición de cuentas o cualquier otra que el senador o Representante le asigne, relacionada con sus funciones constitucionales y legales.

“El aclarar que los miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo pueden ejercer sus funciones desde cualquier lugar del territorio nacional es una medida conveniente, oportuna y ciertamente ajustada a los valores democráticos de nuestra Constitución, máxime en una época en la que los avances en las comunicaciones permiten sin mayores problemas el teletrabajo, y concomitantemente la posibilidad de hacer llegar a los Congresistas que sesionan en la capital, las inquietudes de la población que reside en los distintos entes territoriales”, señala el texto.

Comisión legal para protección de infancia

En mayo pasado la iniciativa que busca la creación de la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Congreso fue aprobada en el primer debate.

Esta Comisión tiene por objeto promover el desarrollo integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, desde la edad temprana hasta la entrada a la juventud, a través de acciones y proyectos de ley que aseguren el respeto, protección y cumplimiento de sus derechos, además, realizará seguimiento a la implementación de las políticas, programas y estrategias públicas que los beneficie, acompañará a las iniciativas legislativas en favor de esta población y hará control a la ejecución de los distintos programas dirigidos a la infancia y la adolescencia”.

La Comisión tendrá carácter interparlamentario, estará integrada por 19 congresistas, de los cuales diez por la Cámara de Representantes, y nueve por el Senado de la República, quienes sesionarán conjuntamente, previa convocatoria de la Mesa Directiva.