Es probable que estas iniciativas (en su mayoría de origen gubernamental) sean discutidas solo el próximo año

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El proyecto reforma tributaria ha hecho que la agenda de discusión de proyectos de las comisiones de Terceras de Cámara de Representantes y Senado se centre en su trámite.

De acuerdo con congresistas consultados por EL NUEVO SIGLO, lo más probable es que las otras iniciativas que se encuentran en la agenda deberán ser tramitadas el próximo año.

“Se espera que la otra semana estemos radicando la ponencia de la ley de crecimiento y discutiéndola en las comisiones terceras. Si eso pasa, creo que en las comisiones siguientes en diciembre, si alcanzamos, podemos debatirlos, sino tocaría el próximo año”, le afirmó a EL NUEVO SIGLO el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático.

Por su parte, el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, manifestó que las comisiones tienen plazo para sesionar hasta el 5 diciembre, por lo considera que los días que restan los va a “absorber directamente la ley de crecimiento económico”.

Entre las iniciativas, cuya discusión está en espera, se encuentra el proyecto denominado ‘plazos justos’ que busca reducir el plazo de pago para las pequeñas y medianas empresas. Otra iniciativa busca establecer un incentivo tributario para pequeños operadores turísticos y una adicional contempla la facturación de intereses moratorios o sanciones que sean causadas por el hecho de que las entidades de recaudo reporten extemporáneamente el pago de los servicios.

Plazos justos

El proyecto de ley sobre pago de facturas en plazos justos está en la agenda para surtir su tercer debate en la Comisión Tercera del Senado. Establece que el pago de obligaciones será de máximo 45 días.

“Se adopta como deber de todos los comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejecuten operaciones mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término que se pactará entre un mínimo de 30 y un máximo de 45 días calendario”, señala la ponencia.

Estos términos, según el proyecto, serían improrrogables y comenzarían a contar desde la fecha en que la empresa reciba las mercancías o en la que se termine la prestación de los servicios. En el caso de que las partes involucradas no pacten un tiempo fijo, “se entenderá que el plazo no será superior a 30 días calendario improrrogables”.

“Buscamos justicia en los pagos. Hoy estamos presentando un desbalance comercial, lo que quiere decir que las grandes empresas están usando su situación para someter a los medianos pequeños y micros a pagos injustos, donde les pagan por un producto o servicio entregado a 120 o 180 días. Una mediana empresa tiene que esperar meses por un producto que ya prestó y que le entregaron a esa empresa. Este proyecto busca que los pagos se hagan máximo a 45 días para que podamos solucionarle el problema de flujo de caja a las empresas pequeñas de este país”, manifestó a EL NUEVO SIGLO el representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde, semanas atrás.

Operadores turísticos

La iniciativa de autoría de los senadores Richard Aguilar y Ana María Castañeda, de Cambio Radical, contempla la creación de un incentivo tributario, la exención de un 30% del impuesto de renta también por 15 años, para pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos en todo el país clasificados como establecimientos de alojamiento y hospedaje, que obtengan el certificado de Calidad Turística hasta el 31 de diciembre de 2020 otorgado por un organismo de certificación, debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación-ONAC.

Los 15 años serán contados a partir del siguiente año gravable al que se obtuvo la certificación, siempre y cuando se cumpla con los seguimientos anuales y la respectiva recertificación al tercer año. Para la acceder al incentivo el contribuyente deberá acreditar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN los siguientes requisitos: Registro Nacional de Turismo vigente, matricula del establecimiento de comercio en el Registro Mercantil de Cámara y Comercio, certificación en calidad, expedida por entidad acreditada ante el Organismo Nacional de Acreditación-ONAC y solicitud escrita de dicha petición.

En su segundo debate, se estableció en el proyecto que los pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos en los más de 170 municipios cobijados bajo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial tendrían una exención del impuesto de renta por 15 años.  El representante por Cesar, Eliécer Salazar, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), señaló que se busca ayudar a pequeños empresarios de estas zonas que fueron afectadas por la violencia. “Presentamos un artículo que fue aprobado que señala que en el caso de los municipios de los territorios de las zonas rurales, donde hubo violencia, haya una exención tributaria. No cobren impuesto de renta durante 15 años para poder ayudar a esos campesinos, a esos empresarios del campo que desarrollen sus empresitas turísticas y que puedan trabajar con alojamientos, hoteles. Nueve municipios del Cesar que fueron afectados por la violencia hoy van a ser privilegiados porque no les van a cobrar impuesto de renta”, dijo.

Facturación de intereses

Esta iniciativa establece la prohibición general de la facturación de intereses moratorios o sanciones que sean causadas por el hecho de que las entidades de recaudo reporten extemporáneamente el pago de los servicios, cuando este se realiza, sea en día hábil o no, dentro de los plazos establecidos en el contrato entre prestadores y usuarios.

El proyecto tiene por objeto “impedir que se causen intereses moratorios o se impongan sanciones a los usuarios de bienes o servicios, quienes realizan el pago de los mismos cumpliendo los términos establecidos en la factura emitida, pero, que este es reportado por parte de las entidades de recaudo con posterioridad a la fecha límite de facturación”.

En la exposición de motivos de la iniciativa, su autor, el senador Ciro Ramírez, señala que “que existen distorsiones en la forma como se reporta la información de pagos efectuados por los clientes y la consecuencia sancionatoria que recae sobre estos cuando habiéndose efectuado el pago de cualquier servicio o producto a través de canales transaccionales bancarios, recae el interés moratorio, habiéndose efectuado el pago en la fecha y límite correspondiente, por cuanto afecta la naturaleza del cumplimiento de las condiciones pactadas”.

Control político

Antes de que se cierre la primera parte de la legislatura, en la Comisión Tercera de Cámara está contemplado un debate de control político a los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de Trabajo, Alicia Arango, sobre el desempleo en el país y que será liderado por la oposición, confirmó a este diario el representante David Racero, de la coalición Decentes.