Las denuncias aisladas sobre presuntas anomalías y entramados de corrupción en la inversión de recursos autorizados por el OCAD-Paz, que es el órgano de decisión sobre los proyectos que se ejecutan en los municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), ya pasaron de castaño a oscuro. Prueba de ello es que tanto la Fiscalía como la Procuraduría abrieron sendas investigaciones al respecto.

Como se sabe, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD)-Paz es el responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. También es el encargado de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría de los mismos.

Estas inversiones se deben concentrar especialmente en los municipios afectados por el conflicto y en sectores como agricultura, ambiente y desarrollo sostenible, inclusión social y reconciliación, infraestructura de transporte, justicia y derecho y reparación de las víctimas, con el fin de apalancar el desarrollo de las zonas rurales, contribuir al mejoramiento de sus niveles de competitividad y productividad y a la reparación del tejido social.

La denuncia

La primera denuncia sobre irregularidades en los OCAD-Paz fue radicada el 4 de noviembre de 2021 y estuvo dirigida al presidente Iván Duque; el fiscal general, Francisco Barbosa; la procuradora general, Margarita Cabello; el contralor general, Carlos Felipe Córdoba; la directora del DNP, Alejandra Botero; y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

El documento expone que en la primera sesión del órgano colegiado, el 18 de marzo de 2021, la Contraloría advirtió que había 110 proyectos con reparos, sin que se haya informado a las entidades en qué consistían. En la segunda sesión, el 16 de abril, tampoco se informaron los reparos, como se dijo que se haría en marzo. La misma situación se repitió en la cuarta sesión del 10 de junio, cuando se aprobaron algunos proyectos y, nuevamente, no se informaron los reparos a los no aprobados. Esto se repitió en la quinta y sexta sesión, efectuadas el 8 y el 31 de julio, respectivamente.

La denuncia, radicada por Hernando Gómez, de la Veeduría Ciudadana PDET-OCAD-Paz, advierte que, a pesar de que los proyectos fueron citados para aprobación en las sesiones, en seis meses la Contraloría y la Dirección del Sistema General de Regalías del DNP nunca explicaron los reparos. Esto, a pesar de que contaban con el Concepto Técnico Único Sectorial Favorable y la verificación de requisitos del DNP.

Reacciones

Frente a la gravedad de estos señalamientos, el primero en reaccionar fue el exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, quien rompió su silencio y aseguró que denunció en su momento casos de corrupción en el manejo de estos proyectos.

En un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales, Archila aclaró que trabajó preventivamente para evitar corrupción. También dijo que de todo lo que conoció pidió investigaciones, solicitó medidas, unas urgentes y otras correctivas, que se adoptaron por la nueva directora del Departamento Nacional de Planeación.

Frente a su intención de colaborar con el esclarecimiento de este escándalo, el exfuncionario fue citado ante un fiscal especializado y entregó detalles de las denuncias que remitió a la Fiscalía desde marzo de 2021 y cuyas investigaciones se activaron esta semana en el ente acusador.

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“Como lo he dicho, soy el más interesado en que esto avance, sé que están siguiendo las investigaciones y complacido de poder colaborar a lo que haya que dar claridad. En lo que corresponde a hoy, fue una diligencia muy provechosa y creo que todo lo que conté y todo lo que dije va a servir mucho a la Fiscalía”, manifestó Archila a su salida del ente investigador.

Al menos tres procesos que estuvieron desde el año pasado en la seccional Bogotá pasaron a un fiscal del Eje temático anticorrupción.

Lo que dice el DNP

La directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero, aseguró que no se conocen pruebas sobre desvíos.

En una rueda de prensa, Botero indicó que, respecto al caso, se han recibido hasta el momento cinco denuncias, de las cuales solo dos se encuentran vigentes y por falta de pruebas fueron archivadas las demás.

"En este Gobierno se han asignado recursos por $48 billones en todo lo que tiene que ver con implementación del Acuerdo de Paz. De esos $48 billones, $28 billones están en los municipios PDET y $8 billones vienen por parte de regalías. Es importante aclarar que dentro de las regalías hay distintas fuentes como el OCAD-Paz", dijo.

Asimismo, la directora afirmó que, al momento de llegar al cargo, en agosto de 2021, había unas denuncias sobre el procedimiento del OCAD y su funcionamiento. Botero también aseguró que se hizo un ejercicio "muy juicioso" de optimización del proceso de verificación de requisitos para que "fueran decisiones colegiadas, para que hubiera más puntos de control y mayor estandarización".

Así mismo, la directora de la entidad sostuvo que la cifra de $500 mil millones no es precisa, pues se necesita realizar una investigación respecto a las denuncias para determinar valores, trabajo que se adelantaría de la mano con la Procuraduría y Contraloría.

"En este momento, desafortunadamente, no tenemos ninguna prueba. Desde mi llegada, hemos tenido cinco denuncias, de las cuales hemos enviado copias a todos los organismos de control y antes de que yo llegara también se compulsaron copias", agregó.

La directora señaló que se adelantaron las investigaciones internas desde control disciplinario y aseguró que las denuncias fueron realizadas de forma anónima.

Lupa de la Fiscalía y Procuraduría

Actualmente la Procuraduría General de la Nación adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de los proyectos con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), viabilizados, priorizados y avalados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD)-Paz.

Los dineros estaban destinados para los municipios de posconflicto (PDET) en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

En la investigación se están analizando 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD-Paz, por más de $437 mil millones, y se examinaron riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias.

Finalmente, varios congresistas anunciaron que una vez comience la próxima legislatura, el 20 de julio, citarán a debate de control político sobre este escándalo, varios de los altos funcionarios del gobierno serán llamados a rendir cuentas y se pedirá la presencia de los titulares de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, que ya adelantan pesquisas al respecto.

El gobierno saliente ha indicado que está dispuesto a colaborar con las investigaciones, aunque es claro que resta menos de un mes para dejar el poder.