Los debates políticos cantados para marzo | El Nuevo Siglo
Diana Rubiano / El Nuevo Siglo
Lunes, 14 de Enero de 2019
Redacción Política
Casos como el de Fedegan, los nombramientos en la Cancillería y los asesinatos de líderes sociales, son algunos de los temas que podrían ir al Legislativo
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Contrato Fedegan

Tras conocerse el 4 de enero que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) manejará por 10 años la cuota parafiscal del fomento ganadero y lechero, cercana a los $90.000 millones anuales, luego del contrato firmado con el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, varios sectores manifestaron su desacuerdo con dicha contratación.

Este tema podría ir a debate de control político en el Congreso debido a la divulgación de documentos que aparentemente señalan la existencia de un acuerdo desde octubre para la entrega del manejo de dichos recursos a Fedegan, momento en el que aún estaba abierta la licitación y en la que participaban otros gremios ganaderos.

Sin embargo, el jefe de la cartera agropecuaria Andrés Valencia aseguró que, según los lineamientos de la Corte Constitucional, Fedegan es la única agremiación del sector ganadero de carne y leche que cumple con los criterios para suscribir dicho contrato.

Nombramientos en Cancillería

Otro de los temas de los últimos días, que podría debatirse en el Legislativo, trata de los nombramientos diplomáticos hechos por el Gobierno, en donde el representante por Bogotá, David Racero, de la Lista de la Decencia, cuestionó la asignación de los mismos y le aseguró a EL NUEVO SIGLO que hubo “mermelada” de por medio.

El legislador manifestó que en las embajadas y consulados se han hecho una serie de nombramientos “sin ningún tipo de criterio, sobre el tipo de política internacional que se quiere manejar, sin respetar la carrera diplomática, nombrando personas que hacen parte de su coalición de Gobierno” y reveló a este Diario algunos casos puntuales:

“El exgobernador del Valle, Ubeimar Delgado, que tuvo que hacer un curso de idiomas en 15 días exprés para poder ser posicionado en la Embajada de Suecia, (…) el mismo Juan Camilo Valencia, hijo de Fabio Valencia. Su único mérito en temas internacionales era haber sido hijo de Valencia, que es uno de los grandes caciques del Partido Conservador que estuvieron en la campaña de Iván Duque y así un gran etcétera”, afirmó.

Sin embargo, el canciller Carlos Holmes Trujillo negó lo dicho por el Representante y sostuvo que los nombramientos se ajustaron a la ley. “No hay un solo nombramiento que no cumpla con las normas establecidas”, e indicó que “no se procede a hacer un nombramiento de libre remoción sin previa constatación de que se cumplen debidamente las normas de carrera”.

Líderes sociales

Según información de las autoridades, van siete líderes sociales asesinados en lo que va corrido de este año en varias regiones del país, situación que ha sido rechazada por los congresistas de oposición, quienes aseguran que el Gobierno no ha tomado las medidas correspondientes para frenar lo que está sucediendo.

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El senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, trinó al respecto: “Octavo líder asesinado este año, 114 durante la era Duque. Exterminio gota a gota para que no se note. Pero ya lo sabe el mundo entero”.

No obstante, el Gobierno tomó la decisión de revisar la política integral de protección a estas personas, tras una solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación desde agosto del año pasado. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que “esperamos a comienzos del mes de febrero entregarle al presidente Iván Duque un reporte de todas las acciones realizadas y lograr conjurar este problema que nos duele y nos atañe a todos”.

Medimas

Luego de un par de semanas de conocerse la noticia de la venta de la EPS Medimas y sus otros activos, a inversionistas estadounidenses, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, quien ha criticado en varias ocasiones la decisión y que se ha opuesto a ella, aseguró a través de un comunicado en su página oficial, que propondrá en el Senado un debate de control político para tratar el tema.

Frente a ello, manifestó que “constituye un engaño decir que un asunto de tanta importancia no lo decide el propio presidente Iván Duque, sino funcionarios de tercer y cuarto nivel dentro del Gobierno nacional”.

El parlamentario señaló además que Medimas maneja recursos públicos y su actuación es en defensa de los 4 millones de usuarios, de los trabajadores de la EPS y de las IPS, frente a la insistencia de la Superintendencia de Salud en que la venta es un “negocio entre privados”.

Impuestos verdes

La advertencia de la Contraloría General de la Nación, en torno a lo que está pasando, por la “incertidumbre” sobre el destino de los recursos recaudados con el impuesto de Carbono (CO2) y el impuesto por el uso de las bolsas plásticas, podrá ser objeto de un debate de control político en el Congreso.

El ente de control denunció el miércoles pasado que, al menos en lo que tiene que ver con la sobretasa a la gasolina, solo un 30% se destina a acciones dirigidas a cuidar el medio ambiente, en tanto que el 70% restante va para financiar el Fondo Colombia en Paz, que se encarga de la implementación del acuerdo con las Farc.

En cuanto al impuesto de las bolsas plásticas, los recursos recaudados, van a la bolsa común del Tesoro Nacional, sin un destino específico. De acuerdo con la DIAN, el recaudo de este impuesto es de $14.510 millones.

Por lo anterior, la Contraloría señaló que es “desafortunada la destinación que se ha venido dando a los recursos” y que el Estado no cuenta con los sistemas adecuados de control para verificar si todo lo recaudado se destina a la inversión ambiental.

Odebrecht

La Ley de Infraestructura incluye un artículo que abre la posibilidad de que empresas que hayan realizado actividades de corrupción puedan recibir indemnizaciones por la cancelación anticipada de los contratos que tengan con el Estado, lo cual beneficiaría a la constructora brasileña Odebrecht.

La situación fue demandada por el excontralor Edgardo Maya y varios políticos han solicitado a la Corte Constitucional eliminar este artículo al considerarlo ‘un mico’, por lo que el alto Tribunal deberá decidir en las próximas semanas si lo tumba de la norma.