Desbloquear los cortafuegos implementados por los críticos de la iniciativa es el reto del proyecto de ley para modernizar el sector TIC.

El proyecto, por el cual “se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC–, se distribuyen competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión y se dictan otras disposiciones”, fue radicado el 19 de septiembre por la ministra de las TIC, Sylvia Constaín.

Uno de los aspectos más cuestionados es que con el proyecto el Ministerio asume competencias que antes pertenecían a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y que no deberían ser manejadas directamente por un organismo dependiente del Gobierno, incluyendo la asignación de recursos del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), otorgamiento de permisos de televisión abierta y control de contenidos de medios de comunicación.

La iniciativa todavía espera que en las plenarias de Senado y Cámara se discuta la proposición de la bancada de Cambio Radical de aplazar los debates segundo y cuarto, que están pendientes tras ser tramitada con mensaje de urgencia en sesiones conjuntas por las comisiones sextas. El tema no fue tocado la semana pasada (Cambio Radical tomó la decisión el 22 de marzo en Valledupar).

Inversión

Sin embargo, el jueves el presidente Iván Duque aseguró que el proyecto busca “facilitar más inversión y más claridad regulatoria y que Colombia pueda estar en el 5G antes de seis años, totalmente desplegado en el territorio nacional”.

Duque destacó que una de las metas con el mejoramiento de la cobertura en conectividad es “que tengamos más estudiantes aprendiendo tecnología en lugares remotos, con profesores que también tengan esas capacidades, y que cuando se gradúen con esa doble titulación sean técnicos en programación, en inteligencia artificial, en cloud computing y que Colombia se convierta en el hub más importante de América Latina para el desarrollo de esas industrias”.

Dos días antes, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras hizo público un documento con comentarios preliminares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el que tras precisar que “es un paso importante hacia una regulación sectorial efectiva e integral” se sugieren algunos cambios, como distinguir claramente “entre la financiación del regulador y del Ministerio para prevenir presiones indebidas sobre el regulador” y que la cartera no tenga “poder para revocar los permisos para el uso del espectro” ni “cumplir las funciones de inspección, vigilancia y control”. La OCDE también recomendó “una modificación al proceso de selección” de los comisionados.

Ese mismo día, por solicitud de la representante por Bogotá, María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, la Unesco y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunciaron.

Para el relator especial Edison Lanza, “es de la mayor importancia que la autoridad de aplicación y fiscalización de la actividad de radiodifusión sea independiente, tanto de la influencia gubernamental como de los grupos privados vinculados a la radiodifusión pública, privada/comercial o comunitaria”.

Independencia

La Unesco también menciona que el marco legal colombiano debería adherirse al principio de “independencia de la regulación, y la no injerencia gubernamental” para ser compatible con los estándares internacionales de libertad de expresión.

Más específicamente, la organización internacional señala que este principio de independencia “debería ser aplicado a un eventual fondo de fomento del sistema mediático” que no debe estar “bajo la tutela de órganos que se encuentren bajo la esfera del Poder Ejecutivo”, lo que parece una clara referencia a que el proyecto de ley traspasa las competencias para la entrega de los dineros del Fontic al Ministerio.

En medio del alud de críticas, el representante por Norte de Santander, Ciro Rodríguez, del Partido Conservador, salió en defensa del proyecto, indicando que “si hay una iniciativa con una amplia socialización y beneficios para el país es la que moderniza el sector TIC”.

Para Rodríguez, “tratar de detener la modernización del sector TIC, con el argumento de concentración del control en el Ejecutivo o de afectación del pluralismo informativo está lejos de la nueva realidad de una sociedad digital”.

Conectividad

Por su parte, la ministra Constaín dijo el viernes en Yopal que “el proyecto de ley para modernizar el sector TIC es una herramienta para llevar conectividad a todos los lugares que hoy en día no la tienen”, resaltando que “nos permitirá cerrar las brechas digitales en el país, tanto entre estratos socioeconómicos, como entre lo rural y lo urbano”.

Además, la alta funcionaria sostuvo que la iniciativa “busca lograr la inversión en conectividad de última milla, aquella que llega a cada hogar colombiano, sin importar que tan apartado esté de las cabeceras municipales”, recalcando que “beneficia al más vulnerable, aquel que hoy no tiene voz porque no cuenta con conectividad. Por eso es un tema urgente”.

“El proyecto de ley propone que la conectividad sea parte de nuestro diario vivir, no que tengamos que desplazarnos a un lugar para podernos conectar”, planteó Constaín.

En cuanto a la asignación del espectro, la Ministra expuso que “será una herramienta para conectar a todos los colombianos generando equidad. No será solo una herramienta de recaudo”.