Siete proyectos en materia de reactivación económica, lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la legalidad, radicará este martes el Gobierno en el Congreso para que sean tramitados en el período de sesiones ordinarias instalado el pasado 20 de julio. 

Las iniciativas surgieron luego del trabajo en equipo del gabinete ministerial y el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, que definieron, además, los tiempos de radicación de las propuestas para su trámite en el Legislativo.

Estos son:

*Proyecto de ley de Impulso al Emprendimiento, el Crecimiento y la Consolidación de las Mipymes, el cual busca la creación de la actividad emprendedora de este sector que constituye el 99,6% del tejido empresarial.

En ese sentido, la iniciativa pretende generar mayores oportunidades para los emprendedores y mipymes del país en el mercado de compras públicas y reducir cargas y trámites con el objetivo de facilitar la creación, formalización y desarrollo de los micronegocios. 

*Proyecto de ley Escazú, que contempla fortalecer los mecanismos existentes y ratificar su compromiso con la democracia ambiental, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo sostenible. 

Además, también busca promover la educación, el acceso a la información y la participación activa de la ciudadanía en asuntos ambientales en el marco de instrumentos tales como el Acuerdo de París, el Convenio de Diversidad Biológica y el Pacto de Leticia, entre otros relacionados.

*Proyecto de ley para generar alivios a Obligaciones Financieras, que tiene como finalidad beneficiar a los pequeños y medianos productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales y agroindustriales, que se han visto afectados por la crisis de la pandemia. 

Por tal razón, la iniciativa propone, entre varias cosas, la posibilidad de establecer acuerdos de pago a través del Banco Agrario de Colombia o con otros bancos y la creación de un programa de alivio a obligaciones financieras y no financieras a las cadenas priorizadas por el Ministerio de Agricultura. 

*Proyecto de Ley estatutaria que crea la especialidad agraria, que desea resolver conflictos relativos a predios rurales, sean estos privados o públicos (bienes fiscales, baldíos); cuando las partes del conflicto sean públicas o privadas.

La propuesta va dirigida a todos los ciudadanos, pero en especial a los campesinos que viven en la ruralidad y que no han contado con un juez que entienda sus carencias y sus conflictos sobre la tierra.

*Proyecto de ley mediante el cual se expide el Estatuto de la Conciliación, el cual pretende integrar en un solo estatuto los principios, generalidades y procedimientos de toda la conciliación extrajudicial (en derecho y en equidad).

Esta unificación de la normatividad sobre conciliación redundará en su mayor uso, impulso y difusión, no solo como mecanismo de descongestión judicial sino como una institución de solución de conflictos al alcance de todos los colombianos.

*Proyecto de ley que Regula la Creación, Conformación y  Funcionamiento de las Comisarías de Familia, ya que estas, desde su creación, no se le han asignado funciones que estén relacionadas con la violencia en el contexto familiar. 

En ese sentido, el Gobierno propone que estas entidad se encarguen exclusivamente de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de quienes son víctimas de violencia de pareja y en el contexto familiar. 

*Proyecto de ley contra la Explotación Ilícita de Minerales, en el cual se busca la erradicación de este delito y demás actividades relacionadas. 

Por tal razón, la iniciativa contempla el fortalecimiento de medidas en contra de quienes cometan estos crímenes ambientales como el aumento de las penas para su judicialización de 5 a 12 años de prisión y también se crean sanciones a quienes compren minerales a explotadores no autorizados, o que le compren más de lo permitido.

Además, el proyecto pretende, en resumidas cuentas, generar las herramientas necesarias para controlar la EIM en los ecosistemas estratégicos, reducir los impactos ambientales, proteger las cuencas hídricas, reducir los impactos sociales y económicos generados por la explotación ilícita de minerales.