DANIEL QUINTERO, quien fue elegido por voto popular como alcalde de Medellín, renunció al cargo a falta de tres meses para finalizar su mandato con el objetivo de añadirse a la campaña de Juan Carlos Upegui, quien aspira ocupar el mismo cargo.
Entre múltiples reacciones que provocó este hecho sin precedentes en la capital antioqueña, destacó la molestia de dos miembros del partido Centro Democrático, movimiento político opositor a Quintero.
A consecuencia, la senadora Paola Holguín y el representante a la Cámara Juan Espinal, radicaron el pasado 4 de octubre el proyecto de ley Daniel Quintero, medida bajo la cual buscan crear una nueva inhabilidad para los alcaldes y gobernadores en el territorio nacional.
“Lo que ocurrió con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quedará prohibido, ningún mandatario local podría renunciar para irse inmediatamente a participar en una campaña electoral y buscar una reelección en cuerpo ajeno”, explicó el representante a EL NUEVO SIGLO.
“Algunos periodistas de manera jocosa han denominado que esta es la ley Quintero. Yo creo que es mejor hablar de la ley anti Quintero y la ley anti Caicedo, este tipo de renuncias mandan un mensaje erróneo a los electores, también a las institucionalidades y, obviamente, al ejercicio de la democracia. No queda bien que un gobernante que es elegido por un periodo profesional de cuatro años deje una administración tirada con fines politiqueros”, agregó.
Iniciativa
Este impulso también cobijaría a quienes reemplacen a los alcaldes que, junto a los mandatarios, “no podrán celebrar, en su interés particular, por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con el respectivo municipio, con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos provenientes del mismo”.
Aquellas personas tampoco tendrían derecho a ser partícipes de eventos de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, “sin perjuicio de ejercer el derecho al sufragio”. De igual forma, los cobijados con la norma no podrán involucrarse en la celebración de contratos con la administración pública.
“Las incompatibilidades de los alcaldes municipales y distritales a que se refieren los numerales 1, 2 y 4 tendrán vigencia durante el periodo constitucional y hasta doce (12) meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia. En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el numeral 7, tal término será de veinticuatro 24 meses en la respectiva circunscripción. El mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades regirá para el Distrito Capital de Bogotá”, se señala en el proyecto de Ley Daniel Quintero.
El representante Espinal sostuvo que la iniciativa ha sido muy bien recibida incluso en el Congreso de la República por algunos legisladores y también ante la opinión pública.
“Creo que este tipo de iniciativas de carácter legislativo son fundamentales para salvaguardar la estabilidad de las instituciones. Además, porque un gobernante tiene que cumplir con su plan municipal o departamental de desarrollo y acá lo que han hecho estos dos señores, Quintero y Caicedo, es que tres meses antes de terminar su administración renuncian, dejan todo tirado, se van a una campaña electoral y dejan como encargados a personas de su propio gabinete donde puede haber, presuntamente, una influencia de traslado de recursos o desvío de recursos con fines politiqueros”, advirtió.Camino por recorrer
Desde la radicación de este proyecto de ley, diversos personajes de la política colombiana han aseverado que la iniciativa podría ser inconstitucional.
“Pues vamos a sacar adelante el proyecto de ley y será la Corte Constitucional la que determine si la iniciativa cumple o no con los parámetros constitucionales, que finalmente es competencia de la Corte Constitucional. Han tumbado reformas tributarias, no van a declarar inexequible un proyecto de ley de este tipo. Entonces realmente no le presto atención porque son los mismos politiqueros que respaldan la renuncia de Quintero y de Caicedo, especialmente algunos del Pacto Histórico”, concluyó el congresista Espinal.