En Colombia, donde todos los males quieren solucionarse con una ley, está haciendo carrera (retomando, cabría mejor decir, porque no es nueva) la idea de trastear la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al del Interior. Sin embargo, algunos conocedores del tema advierten que ese remedio podría ser peor que la enfermedad.

Así se lo manifestó a EL NUEVO SIGLO el exministro Juan Carlos Esguerra, quien anotó que de esa “reforma estructural” también “se habló en tiempos de la Constituyente, que consistía en pasar la Policía Nacional de la égida del Ministerio de Defensa a la del Ministerio del Interior, que a mí me parece que sería una gravísima equivocación y así lo consideró la Constituyente en su momento, porque uno puede pensar que en el caso de su adscripción al Ministerio de Defensa se corre el riesgo que a veces es evidente de una cierta, llamémosla, militarización de la Policía, de la función de policía y de las actividades de la Policía, es verdad; pero entre el riesgo de esa militarización en el Ministerio de Defensa y el riesgo de su politización en el Ministerio del Interior, Dios nos libre de este último”.

Politizada

Esguerra señaló que “el país no recuerda, porque la gente suele olvidarse de la historia o no la aprende, lo que eran los tiempos de la Policía cuando la Policía era un cuerpo más que político, totalmente politizado y por consiguiente funcionaba con ese criterio metido en la cabeza, que fue lo que llevó precisamente a que se traspasara en su momento a que dependiera del Ministerio de Defensa, precisamente para despolitizarla, para alejarla del mundanal ruido de la política”.

En diálogo con este Diario, un connotado exmagistrado que pidió reserva de su nombre recordó la misma circunstancia, pero con detalles más precisos, trayendo a colación que la Policía, durante el régimen liberal, “bajo las gobernaciones y alcaldías, alcanzó un altísimo grado de politización. El 9 de abril, como usted sabe, uno de los factores de alteración del orden más intensos y de alcance revolucionario fue el amotinamiento de la Quinta División de la Policía en Bogotá, donde se atrincheró o se hizo fuerte el elemento político o ideológico de los civiles invitando claramente a la revolución, a la revuelta y a la destrucción del Gobierno”.

Efectivamente, cuenta la propia institución que a raíz de los sucesos del 9 de abril de 1948, el Gobierno nacional resuelve emprender la reestructuración total del Cuerpo de Policía Nacional, para lo cual contrata una misión inglesa asistida por los insignes juristas colombianos.

Entonces, precisó el exmagistrado, “el país adquirió conciencia de que la Policía política no era garantía de nada”, anotando que, de todas formas, “durante el régimen conservador y lo que fue la dictadura militar se tuvieron los mismos restos de politización, de filiación política y de militancia política de esa fuerza, con lo que perdía la condición de protectora cívica de los ciudadanos”.

Profesionalización

La tarea clave que correspondió un lustro después al coronel Francisco Rojas, quien ejerció la Dirección de la Policía entre 1952 y 1954, quien logró avances importantes como la despolitización de la Policía, al pasar ésta a depender al Ministerio de Guerra como el cuarto componente de las Fuerzas Armadas, denominándose Fuerzas de Policía, bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, quien le dio una nueva organización, disciplina, presupuesto, dotaciones, reglamentos, mejor bienestar social y prácticamente el paso decisivo para la consolidación de la nacionalización de la Policía.

Más recientemente, aseveró el exmagistrado, “desde que tenemos ministros de Defensa civiles, desde Gaviria para acá, la jefatura suprema es civil”.

Ahora, para el exministro Esguerra, “lo que se presentó fundamentalmente es una falla humana, una falla humana muy grave, una falla humana que hay que sancionar, corregir, para evitar que se vuelva a presentar, por supuesto”.

Con todo, apuntó, “no creo que tenga que ver con la formación que están recibiendo los policías ni que esa formación sea equivocada. Me parece que la Policía es muy juiciosa a la hora de instruir a quienes entran a la Policía sobre el uso de la fuerza, de los elementos de la fuerza, puesto que es la fuerza del Estado y no puede convertirse en violencia y que ellos deben en esa materia ser prudentes. Posiblemente haya que apretar clavijas aquí o allá, pero no creo que eso requiera una reforma estructural”.

¿Ajuste o reforma?

Es en ese campo, el de “apretar clavijas aquí o allá” que el Gobierno ha emprendido la tarea de “fortalecer el proceso de modernización y transformación que adelanta la Policía Nacional”, según lo expuso el viernes el ministro Carlos Holmes Trujillo tras reunirse con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El mismo viernes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le planteó al presidente Iván Duque, con quien se reunió en la Casa de Nariño, una reforma a la Policía, que el jefe de Estado no aceptó, que transforme el reclutamiento, la formación y el entrenamiento de los uniformados.

El representante por Bogotá, Inti Asprilla, de la Alianza Verde (el mismo partido de la alcaldesa López), lamentó que la mandataria no apoye “el proyecto de ley de mi autoría y respaldado por varios congresistas, que ha sido elaborado tras más de cuatro años de luchar contra el abuso policial”.

Efectivamente, el representante Asprilla radicó un proyecto de ley que mantiene la Policía en el Ministerio de Defensa, pero dictando “medidas para la prevención y sanción de los abusos en la actividad de policía”.

Un punto clave es la creación del Comisionado Nacional para la Policía que, “elegido por concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil”, asumirá “funciones de veeduría ciudadana y vigilancia del régimen disciplinario y operaciones policiales, verificando el estricto cumplimiento de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, directivas, disposiciones, órdenes y demás normas expedidas por el Director General para el correcto funcionamiento de las unidades orgánicas estructurales de la Institución y de ésta en conjunto”.

Asprilla explicó que “este proyecto fue estudiado y elaborado durante meses con el objetivo de encontrar un consenso político al momento de su presentación y trámite con los partidos de la coalición de Gobierno, imprescindibles para su aprobación”, anotando que “la eliminación del Fuero Penal Militar para la Policía debe ser objeto de un proyecto de reforma constitucional que debe ser presentado por aparte”.

Quien sí ha propuesto cambiar la Policía al Ministerio del Interior es el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, argumentando que así queda “supeditada al control ciudadano y no al revés. No es una ciudadanía controlada por la Policía, porque eso no se llama democracia, eso se llama un Estado policiaco”.

El planteamiento fue secundado por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, para quien se requiere una reforma constitucional que permita diseñar una nueva autoridad policiva que restablezca la confianza de la ciudadanía y que “de garantías al pleno ejercicio de los derechos humanos y cumpla su verdadera misión: proteger a todas las personas en vida, honra y bienes”, sosteniendo que es necesario que la Policía Nacional se traslade al Ministerio del Interior.