En los próximos días, el presidente Duque designaría gobernador (e) de Antioquia de una terna que hizo llegar el movimiento significativo de ciudadanos Es El Momento de Antioquia, el cual respaldó la candidatura de Aníbal Gaviria en las elecciones de octubre pasado, pero quien fue suspendido después de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual hasta el momento no se ha hecho efectiva, por irregularidades en el contrato de una vía en 2005, cuando ocupó el cargo por primera vez.
Gaviria ha señalado que la contratación de la pavimentación de la troncal de La Paz se adelantó con los requerimientos de ley y, además, consideró desproporcionada la medida de aseguramiento en su contra, emitida por la Fiscalía.
La terna está integrada por Luis Fernando Suárez, actual secretario de Gobierno del departamento y quien el sábado pasado se posesionó como gobernador (e) tras ser designado por el Jefe de Estado a la espera de que, como lo establece la ley en los casos de vacancia, el movimiento ciudadano le hiciera llegar los tres nombres para que escoja a quien ocupará el cargo mientras que el titular Gaviria aclara su situación jurídica.
También están en la terna Luz Elena Gaviria, secretaria de Hacienda, y Juan Pablo López, secretario de Infraestructura Física.
Precisamente, el pasado lunes, el Ministerio del Interior solicitó la terna al grupo significativo de ciudadanos Es El Momento de Antioquia.
Aunque varios partidos políticos coavalaron la candidatura de Gaviria, en su momento se acordó que de presentarse la suspensión del Mandatario en el cargo, la terna sería presentada por el grupo significativo de ciudadanos.
Ahora, el Ministerio del Interior revisará las hojas de vida de los ternados con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos, así como que no tengan compatibilidades o inhabilidades. Posteriormente, la terna llegará a manos del presidente Duque para que haga la respectiva designación.
La único que evitaría que Duque designe gobernador (e) de esta terna es que antes sea fallada una de las dos tutelas que presentaron ciudadanos en Antioquia solicitando medidas cautelares, entre estas, que Gaviria se mantenga en el cargo mientras que ejerce su derecho a la defensa.
Una segunda tutela en el caso de Aníbal Gaviria fue admitida ayer por la Sala de decisión constitucional del Tribunal Superior de Medellín, la cual fue impetrada por un ciudadano contra el presidente Duque y el fiscal general Francisco Barbosa, por la supuesta violación al debido proceso.
El miércoles pasado, la sala penal del Tribunal Superior de Antioquia admitió una tutela interpuesta por el ciudadano Néstor Gallego, quien dijo que con la suspensión de Gaviria se viola su derecho a elegir y ser elegido, así como de quienes votaron por él en las pasadas elecciones.
El gobernador Gaviria también está pendiente de un recurso de control de legalidad que presentó el pasado martes a la Corte Suprema, en el que solicita la nulidad de la detención preventiva por parte de la Fiscalía.
En el documento de 133 páginas que radicó el apoderado del Mandatario antioqueño indica que “no se cumplen tres fundamentos para esa medida de detención, como son: constituir un peligro para la sociedad, una posible fuga o la posibilidad de manipular las pruebas”.
De igual forma, ayer se conoció que la Procuraduría General presentó ante la Fiscalía una solicitud de control de legalidad sobre la medida de aseguramiento contra el Gobernador, en lo que tiene que ver con el tiempo que ha transcurrido desde la firma de ese contrato, 15 años, que no daría pie para pensar que Gaviria aprovecharía su cargo para influir en la investigación.
El contrato
El Fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada - Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663.432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia, según la Fiscalía.
Además, se constató que el anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos.
Agregó la Fiscalía que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de $4.000 millones para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otrosí́, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del Gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre.
De igual forma, la Fiscalía pidió a su fiscal ante la Corte Suprema investigar también a los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo por las irregularidades que se habrían presentado en dicho contrato.