Con la recientemente aprobada Ley de Participación Ciudadana podría suceder lo que el refrán dice que el remedio fue peor que la enfermedad.

La norma buscaba simplificar los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, bajando el porcentaje de apoyos necesarios para ir a las urnas a definir sobre la revocatoria del mandato de un alcalde.

Sin embargo, a juicio de Juan Carlos Lancheros, director de la Fundación Derecho Justo, con la nueva norma no se sabe qué está vigente.

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué usted previene que los referendos se podrían quedar sin reglamentación, cuando ya han pasado dos décadas de su implementación?

JUAN CARLOS LANCHEROS: Lo que estamos planteando es que con la modificación de la Ley 134, que en este momento está bajo la revisión de la Corte Constitucional, se crearía una incertidumbre sobre qué efectivamente está vigente y qué no. Entonces, en la medida que la reforma a la 134 no estableció qué artículos de la ley original quedaban vigentes, se genera una incertidumbre sobre efectivamente cuál es la norma que está rigiendo en la actualidad.

Lo que sucede es que no solamente es con uno o con dos artículos sino con toda la primera parte de la actual reforma; ocurre que modifica sistemáticamente muchas normas de la 134, pero como no las modifica todas, entonces al final uno no sabe si lo que no modificó sigue vigente o lo que no modificó quedó derogado.

Entonces, el proyecto de ley estatutaria no estableció un mecanismo para definir efectivamente qué está rigiendo y qué no, y en esta medida le estamos delegando a la Corte Constitucional la función de codificar lo que está rigiendo, y eso es un problema porque no hay claridad realmente para los ciudadanos, porque los mecanismos de divulgación de la normativa vigente tampoco son claros, entonces ese es el problema.

ENS: ¿Pasa solo con el referendo o también afecta a los demás mecanismos de participación?

JCL: Fundamentalmente pasa con todos los mecanismos de participación que estaban en la 134, consulta popular, referendo… salvo con cabildo abierto, porque la regulación de cabildo abierto en la nueva norma es integral, pero salvo ese todos los mecanismos de participación quedaron afectados porque hay normas de la 134 que uno entendería que deben seguir porque son instrumentales, porque favorecen, y como no está claro qué quedó derogado entonces va a haber una discusión, y yo creo en esa discusión pierden los ciudadanos, pues son discusiones de hecho muy técnicas.

ENS: ¿Qué pasaría con la iniciativa de referendo para establecer la revocatoria de congresistas y contra la reforma a la justicia, en caso de que se active esta última propuesta?

JCL: En eso hay varios problemas porque la Corte Constitucional ha endurecido los mecanismos de participación, entonces impide que el Congreso de la República pueda modificar los textos cuando son de iniciativa popular, por una parte, y segundo faculta al Registrador para que haga esa revisión de los requisitos constitucionales y legales de los referendos que se proponen.

En el caso del senador Camilo Romero, evidentemente plantea un mecanismo de revocatoria del Congreso, que actualmente no está previsto en la Constitución, y eso, digamos, en un momento determinado puede discutirse si eso sustituye la Constitución o no la sustituye porque hay que modificar varios artículos.

Por ejemplo, si se revocara el Congreso, ¿quién tiene que convocar a elecciones, en qué condiciones? Y ese tipo de vacíos llevan a que el Registrador se tenga que pronunciar, y eso es un problema porque quien tiene que hacer la revisión de los mecanismos constitucionales no es el Registrador Nacional del Estado Civil sino es la Corte Constitucional y el Congreso cuando aprueba la norma.

Porvenir

El Director de la Fundación Derecho Justo dijo que hay que esperar a ver qué dice la Corte sobre la Ley de Participación Ciudadana, “pero yo no le auguro muy buen futuro, fundamentalmente porque no hay claridad sobre qué es lo que queda vigente y qué es lo que no, y en esa medida esa confusión la propia Constitución de hecho dice que cuando se modifica una norma debe haber una nueva, de alguna manera que dé cuenta de qué es lo que queda vigente, y eso no ocurrió en este caso y eso es lo que va a llevar a generar una mayor confusión sobre lo que realmente va a regir y lo que realmente está derogado”.