Como era de esperarse, el proyecto presentado en el Congreso para reformar la Ley de Víctimas, específicamente en lo referente a la restitución de tierras, generó polémica.

El exministro Juan Fernando Cristo, quien siendo congresista del Partido Liberal fue uno de los autores del proyecto que finalmente se convirtió en ley, dijo que “leí con atención el proyecto de ley del Centro Democrático para modificar Ley de Víctimas. Resumen: busca acabar restitución de tierras y legalizar despojo”.

Cristo se preguntó, “con preocupación por el futuro de las víctimas, si Iván Duque está de acuerdo con el proyecto de reforma a Ley 1448 presentado”, anotando que “si queda claro que las modificaciones al acuerdo serán a futuro, se abre la posibilidad de un pacto por Colombia en las reformas necesarias”.

La respuesta de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, coautora de la iniciativa de reforma, no se hizo esperar: “Lástima que su lectura no haya producido la debida comprensión: el proyecto cumple con la orden de la Corte Constitucional de subsanar los vacíos jurídicos de la norma frente a garantías judiciales de víctimas que están siendo despojadas sin un debido proceso. Punto”.

Cabal precisó que el mandato de la Corte “se resume en la sentencia de tutela 330 de 2016 presentada por la ANUC”.

La propuesta, explicó, es que haya una segunda instancia en los procesos de restitución de tierras y un “debido proceso”.

Según Cabal, con la puesta en marcha de la Ley de Víctimas, a algunas personas “les desconocieron sus legítimos derechos de posesión y propiedad adquiridos de buena fe”, con lo que consideró que la Ley se ha convertido “en un instrumento de despojo de la tierra” y “la gestora de nuevas víctimas”, ya que la norma vigente no tiene en cuenta a las personas que “compraron la tierra bajo la presunción de buena fe, es decir, mediante procesos de compra legal y autenticación por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro”.