El paquete de iniciativas de ley del Gobierno aún no toma vuelo alto, pues si bien ha presentado cinco en un mes de mandato, entre estas sin duda la más importante en este momento la reforma tributaria, la mayoría no ha iniciado su trámite en el Congreso, en tanto que la Casa de Nariño está en deuda, según sus cuentas, de hacer llegar la reforma política, a la que ya le corre el reloj en contra porque restan 13 semanas del periodo legislativo.
EL NUEVO SIGLO hace una radiografía de cuál es el estado de los proyectos de ley del gobierno Petro y qué se sabe de otras iniciativas que se esperaba radicara este año; así como de las que de antemano advirtió que presentará en 2023.
1. Reforma tributaria
Es el primer proyecto que radicó el Gobierno, el 8 de agosto, un día después de que se posesionara Gustavo Petro, con el cual espera recaudar $25 billones anuales para destinarlos, principalmente, a financiar una ambiciosa agenda de corte social que incluye, entre otras medidas, media pensión a cerca de tres millones de adultos mayores que no cuentan con este beneficio.
Los principales aspectos de la iniciativa han sido discutidos por los ponentes del proyecto designados por las comisiones terceras y cuartas con el titular de Hacienda, José Antonio Ocampo. También el ministro ha sostenido reuniones con distintos gremios y sectores que se pueden ver impactados con las disposiciones, donde se han puesto sobre la mesa los efectos que podrían tener, por ejemplo, el impuesto a los dividendos, la eliminación de exenciones a distintos sectores y un gravamen a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
En cuanto al trámite del proyecto, el Congreso ha realizado varias audiencias públicas tanto en el Capitolio como en las regiones para socializarlo, la más reciente el pasado 2 de septiembre en Barranquilla.
Mañana se tiene prevista una reunión de coordinadores y ponentes de la tributaria para seguir trabajando en la ponencia de primer debate en las comisiones económicas.
2. Presupuesto General de la Nación 2023
El pasado 29 julio, el anterior gobierno radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2023 por $391,4 billones. El nuevo Ejecutivo ha hecho observaciones en varios sectores porque el monto previsto sería bajo frente a sus expectativas, en temas como Ingreso Solidario a la población mayormente afectada por la pandemia, educación, agricultura y vivienda.
Por ello, la administración Petro solicitará una adición de $10 billones en el Presupuesto del 2023, según anunció el Ministro de Hacienda. De estos recursos, $7 billones serán para la inversión pública y $2 billones para gastos y funcionamiento.
Para el martes venidero, muy temprano, está agendada una reunión entre el ministro Ocampo y los coordinadores y ponentes del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año.
Ese mismo día, a las 10 de la mañana, están citadas en sesión conjunta las comisiones económicas terceras y cuartas para la aprobación del monto del Presupuesto.
El miércoles próximo las comisiones económicas continuarán con el estudio y discusión de este proyecto; y al día siguiente habrá una reunión en el Ministerio de Hacienda de los coordinadores y ponentes con el ministro Ocampo.
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3. Reformas laboral y pensional
La reforma laboral estaba en las cuentas de los proyectos que presentaría el Gobierno este año; sin embargo, fue consciente de que una iniciativa de este calibre requiere amplia discusión entre los diferentes actores, por lo tanto quedó para el 2023.
Antes de tomar esta decisión el ministro del Interior, Alfonso Prada, había dicho luego de unos talleres que tuvo la bancada del Pacto Histórico, partido de gobierno, en Santa Marta y en Medellín para acordar el cronograma del paquete legislativo de la administración Petro, que "vamos a pasar la tributaria, la reforma política, educación y laboral, con esas vamos a ir seguramente comenzando ya nuestra tarea legislativa".
En tanto que el pasado 23 de agosto el presidente Petro anunció que la reforma laboral ya no va este año. “La decisión que tomamos es que utilicemos este tiempo, de aquí a diciembre, a enero, para un proceso de concertación en materia laboral, con la voz obrera y con la voz empresarial, y que podamos llegar a un tipo de acuerdo”, dijo el Jefe de Estado. Como consecuencia, esta reforma sería llevada al Congreso en el primer trimestre de 2023.
Mientras que la reforma pensional es una de las iniciativas que está más atrasada en su formulación por parte del Gobierno, aunque se espera que la presente en 2023. Entre sus principales propósitos está garantizar media pensión a por lo menos tres millones de adultos mayores que no tienen este beneficio.
4. Plan Nacional de Desarrollo
El Gobierno trabaja en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que presentará al Congreso posiblemente en febrero del próximo año. Se tiene previsto dentro de este proceso adelantar diálogos en las diferentes regiones para recoger propuestas de sectores y de la ciudadanía, comenzando por el departamento del Tolima.
El director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, el pasado 30 de agosto, en su primera intervención ante las comisiones económicas del Congreso, dio a conocer los ejes del Plan Nacional de Desarrollo: ordenamiento territorial, seguridad humana, seguridad alimentaria, transformación de la matriz energética, convergencia social-regional y la estabilidad fiscal.
5. Reforma política
Es una de las principales apuestas para este año del Gobierno nacional en materia legislativa; sin embargo, nada que llega al Congreso, lo que ha motivado la preocupación del presidente del Senado, Roy Barreras, del Pacto Histórico, quien en un par de oportunidades ha invitado a los ministros a radicar este y otros proyectos, dado que restan 13 semanas del primer periodo de la legislatura.
En el caso de la reforma política el problema es que por ser de carácter constitucional requiere cuatro debates de aquí al 16 de diciembre, en lo que corresponde a la primera vuelta, para que siga en carrera el próximo año; de lo contrario se hundirá.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó el pasado 27 de agosto por qué no han radicado la iniciativa. “Hay unos cuatro proyectos de reforma política, entonces lo que hicimos fue recoger los cuatro para ver si podemos poner un texto que integre las diferentes propuestas. Ya está listo, está en la revisión final de constitucionalidad”, dijo.
Según lo que se ha conocido del borrador de la reforma política, se habilitará el transfuguismo para que los corporados, sean del Congreso, concejos, asambleas y JAL, puedan cambiar de partido sin incurrir en doble militancia. Esto tendría efecto para las elecciones regionales de octubre de 2023.
De igual forma, el proyecto prevé retirar la facultad a la Procuraduría de sancionar a funcionarios de elección popular, dejando en manos esta decisión de los jueces, como lo solicitó en un fallo del año anterior la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También contempla el proyecto que los congresistas renuncien y al día siguiente puedan ser ministros, suprimiendo así la inhabilidad por un año que hoy existe.
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6. Reforma a la justicia
La reforma a la justicia es uno de los proyectos que quedan en remojo en la administración Petro para ser presentada eventualmente el año próximo, pues requiere de amplia discusión entre los tres poderes públicos y de alcanzar consensos, debido a que la falta de plenos acuerdos sobre la misma llevó a que se hundieran las iniciativas que radicaron los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.
El pasado 12 de agosto, Petro se reunió con los presidentes de las altas Cortes para sostener un diálogo en el cual uno de los temas fue precisamente esta reforma.
El Jefe de Estado comunicó a los togados la intención de su gobierno de “máxima independencia del poder judicial, las posibilidades de su fortalecimiento financiero y el respeto cabal al Estado Social de Derecho”.
Por su parte el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha dado puntadas de lo que sería la reforma. “Vamos a hacer un esfuerzo importante por tener una mayor oferta de justicia. Tener más jueces y que podamos pasar de los 5 mil que tenemos a 7 mil - 7.500 jueces en estos cuatro años y dejar todo listo para que en otros años lleguemos a 10 mil jueces”, explicó.
El programa de gobierno del hoy Presidente propone “una reforma a la justicia que tenga como pilares la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solución de conflictos”.
7. Agenda de paz
El presidente Petro tiene el objetivo de lograr la paz total, pues si bien el Acuerdo de La Habana sacó del conflicto a las Farc, del 2017 para acá se han fortalecido algunas organizaciones y han surgido otras, aupadas por el negocio del narcotráfico.
El Ejecutivo se propone hacer una negociación de tipo político con el Eln y otra de carácter judicial con los demás grupos armados ilegales, como el ‘Clan del Golfo’. Para ello requiere de algunos instrumentos jurídicos que permitan el sometimiento a la justicia de estas organizaciones.
Con este propósito el pasado 30 de agosto, el ministro del Interior radicó la prórroga de la Ley 418, instrumento necesario para que el Gobierno pueda iniciar conversaciones con el Eln y los demás grupos armados.
Empero el Gobierno está pendiente de radicar un proyecto de ley de sometimiento o acogimiento a la justicia de bandas multicrimen.
Según los contactos que han tenido el canciller Álvaro Leyva y el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, con el Eln, está cercana la instalación de la mesa de conversaciones en Cuba.
En tanto que por el lado de los grupos armados organizados han llegado más de 30 cartas, entre estas del ‘Clan del Golfo’, al Presidente, en las cuales manifiestan interés de someterse a la justicia por la vía de una negociación. Al respecto no hay noticias por parte del Gobierno de cuándo comenzarán las conversaciones; sin embargo, se requiere tener listo dicho proyecto de sometimiento de estas organizaciones.
8. Nuevos ministerios
A principios de agosto pasado, el ministro Prada confirmó que tienen listos los proyectos de ley para la creación de los ministerios de la igualdad, así como el de paz y seguridad ciudadana. Está descartado que estas iniciativas sean radicadas en el presente año.
En el primer semestre del 2023 se presentaría el proyecto para crear el ministerio de la igualdad, al frente del cual estará la vicepresidenta Francia Márquez, según lo determinó desde un comienzo el presidente Petro.
Crear el ministerio de paz y seguridad ciudadana tomaría más tiempo porque la idea del Ejecutivo es trasladar allí la Policía Nacional, que desde hace más de medio siglo está adscrita al Ministerio Defensa. Este cambio se sabe generará gran polémica, y el Gobierno por lo pronto está esperando el momento más adecuado para dar un paso en ese sentido.
9. Agenda ambiental
El tema ambiental es una de las banderas del presidente Petro, quien está casado con la lucha mundial, aún balbuceante, contra el calentamiento global. Por ello entre otras se propone en su gobierno que el país migre en lo posible hacia las energías no fósiles.
El Gobierno presentó el 10 de agosto pasado en cabeza de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, el proyecto de ley que busca prohibir la técnica del fracking para explotar gas y petróleo.
Igualmente el Ejecutivo está jugado a fondo con la ratificación del Acuerdo de Escazú en materia de acceso del público a información ambiental, el cual fue aprobado en dos debates en Senado y ahora está para tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara, después de que por más de dos años estuvo anquilosado por la falta de consenso, pues varios gremios han advertido que sus disposiciones podrían frenar proyectos de desarrollo.
El Gobierno espera que gracias a su poderosa coalición legislativa finalmente Escazú sea ratificado.
10. Reforma agraria
El Gobierno nacional se fijó como meta hacer una reforma agraria para buscar solucionar uno de los principales problemas que tiene el país porque la tierra no está en manos de la mayoría de campesinos; también falta tecnificar el campo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Colombia rural, entre otros.
Se busca igualmente con la reforma agraria cumplir uno de los puntos pendientes de la implementación del Acuerdo de Paz, que redundaría en distribución de tierras a los campesinos más pobres, regular la entrega de baldíos de la Nación, así como mejorar la soberanía alimentaria y contribuir a que el agro se constituya en motor de desarrollo y riqueza, aprovechando las posibilidades de que Colombia sea despensa agrícola del mundo.
El Gobierno apenas está comenzando a delinear el proyecto de reforma agraria, por lo que es incierto cuándo lo presentará.
No obstante el pasado 5 de septiembre, la Presidencia de la República en un comunicado en el cual pidió frenar la invasión de fincas que están realizando campesinos e indígenas, dijo que “confirmamos que sí va haber reforma agraria para buscar equidad en el acceso a la tierra, pero pedimos a los colombianos respetar la tenencia y la propiedad”.
De otra parte, el 17 de agosto pasado la ministra de Agricultura, Cecilia López, presentó el proyecto de reforma constitucional que busca reconocer a los campesinos como sujetos de derechos de especial protección.
Mientras que el 31 de agosto, el Gobierno presentó al Legislativo un proyecto para la creación de la jurisdicción agraria y rural.
Otras iniciativas
Otro de los proyectos que radicó el Gobierno es la reforma al Código Electoral, junto con la Registraduría Nacional y el Consejo Electoral. Esta iniciativa fue recogida de un texto en similar sentido que aprobó el pasado Congreso, pero que se cayó en la Corte Constitucional por vicios de trámite.
Mientras que la reforma a la salud sería presentada en el primer semestre del año entrante, según lo que señaló la ministra del ramo, Carolina Corcho.
La iniciativa contempla, entre otras medidas, la desaparición de las EPS en el papel que hoy tienen de aseguradoras. Podrían continuar si se transforman en IPS para prestar directamente el servicio de salud.
También la iniciativa contempla el pago directo de la Administradora de Recursos de la Salud (Adres) a las IPS.
Asimismo el otro año se presentaría la reforma a la Ley 30 de educación, sobre lo cual ha insistido el ministro Alejandro Gaviria. Por el momento lo que el Gobierno pretende es hacer una discusión con los distintos actores del sistema sobre lo que sería esta reforma.