Durante el receso legislativo el proyecto será socializado con todos los sectores interesados. Hay consenso sobre su necesidad

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Toda una convergencia, pero no digital sino de razones de inconveniencia y premura en el tiempo, obligaron al Gobierno nacional a aplazar el trámite del proyecto que busca  modernizar el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y que introduce varias modificaciones en materia de televisión pública y privada en el país.

La iniciativa de origen gubernamental ya había sido aprobada en primer debate en comisiones sextas conjuntas a las que llegó con mensaje de urgencia, hecho que, de entrada, comenzó a restarle apoyos en las distintas bancadas parlamentarias.

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La ministra de las TIC, Sylvia Constaín, propuso este proyecto como “una ley para disminuir la brecha digital” pues en el país más de 20 millones de colombianos aún no cuentan con buena conectividad.

Sin embargo, el texto incluye profundas modificaciones al sistema de televisión nacional, pues crea un solo organismo de regulación y control, un solo fondo de financiación y desaparece la Autoridad Nacional de Televisión, entre otros.

Además cambia la figura jurídica para las concesiones de operadores, lo mismo que el pago de tributación al Estado por el uso del espectro radioeléctrico.

Todas estas modificaciones son las que tendrán que ser miradas en detalles durante el receso legislativo, pues las bancadas liberal, conservadora y verde reclamaron el aplazamiento de la discusión en plenarias, mientras el proyecto se socializa de forma más adecuada con todos los sectores interesados.

“¿Qué era lo urgente?”

Para Ómar Rincón, catedrático y experto en televisión, el aplazamiento del proyecto se dio porque “ni el Gobierno ni el Congreso supieron manejar los tiempos ni los respaldos políticos”.

“¿Qué era lo urgente?”, se pregunta el experto sobre el menaje con que la iniciativa llegó al Legislativo. Y se responde: “Lo único que a uno se le ocurre es que la urgencia era solucionarles a RCN y Caracol un problema de $128.000 millones que tienen que pagar en enero (por la prórroga de la licencia); asegurar que Claro tuviera una concesión asegurada por 20 años, y que las granes plataformas tecnológicas lograran una ley de viejos medios y no una verdadera ley de convergencia digital porque ellos querían pasar como simples operadores y no como producción de contenidos”.

Rincón sostiene que el país necesita una ley de convergencia digital como esta, pero cuestiona que “en nombre de la brecha digital quisieron vender todo un paquete para favorecer a las plataformas extranjeras”, tema que a su juicio no se discutió “y querían pasarlo de agache”.

“Habrá más equidad”

Ramiro Avendaño Jaramillo, presidente del Canal Uno de televisión y quien en su momento denunció que el proyecto de ley TIC amenazaba la televisión pública y la sobrevivencia de ese concesionario, reconoce la importancia de actualizar esa norma pero advierte que necesita ser más socializada.

“Más que cuestionar la conveniencia del proyecto, posponerlo lo que facilita es darle más tiempo al Congreso y al Gobierno para estudiarlo en calma con todos los sectores interesados”, sostuvo.

Avendaño además indica que el análisis detenido del proyecto permitirá generar mayores coberturas e incentivos para los inversionistas.

“El texto consideraba a los grandes jugadores de telecomunicaciones, los grandes canales de televisión, los operadores de cable, los canales públicos y regionales, pero dejaba por fuera la concesión privada en el canal público RTVC que es la que nos da vida”, dice.

También sostiene que con el nuevo modelo de habilitación general “habrá más equidad para todos”, pues al extenderse para todos –concesionarios del canal público y los canales privados- la licencia hasta por 20 años, habrá más posibilidad del retorno de la inversión. “Es una forma de equidad”, explica el directivo.

“No se modifican las condiciones”

Por su parte, la ministra Constaín le dijo a EL NUEVO SIGLO que el proyecto, que será estudiado por las plenarias de Cámara y Senado en las sesiones ordinarias de marzo, “no modifica las condiciones pactadas por el concesionario único” del Canal Uno, y que para el caso de los canales privados el proyecto “abre la posibilidad de que se acojan al régimen de habilitación general (…) y pasamos a un régimen que abre al mercado para que cualquiera pueda prestar esos servicios. Esta apertura significa una transición, en la que se puede elegir entre mantener el título actual, es decir, la concesión, o renunciar a ella y acogerse a las nuevas reglas de juego”.

Y respecto de las plataformas digitales Internet –Facebook, Netflix, Google, etc.- la Ministra recuerda que el proyecto “no incorpora propuestas regulatorias específicas”.

“Todo lo que tenga que ver con plataformas y servicios que se prestan sobre Internet -afirma la funcionaria-, debe ser sujeto de análisis de mercado, dentro del ámbito propio de la regulación, en los que se analicen las implicaciones de las propuestas y se valide que no se estén afectando libertades y no se atente contra los principios de neutralidad tecnológica y de neutralidad de la red”.

Los beneficios del proyecto

Para el senador de Cambio Radical, Antonio Zabaraín, coordinador de ponentes del proyecto de ley TIC, aunque la iniciativa será revisada con más tiempo por las plenarias, son varios los beneficios que trae la modernización de este sector.

1- Garantiza el presupuesto para la televisión pública y la continuidad de la prestación del servicio bajo los mismos estándares de calidad que tiene actualmente.

2- Otorga una verdadera representatividad en los integrantes de mayor rango en la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, otorgándole a la sociedad civil tres comisionados elegidos de forma autónoma.

3- Ofrece mayor certidumbre a los operadores del sistema, teniendo en cuenta que se les amplía el tiempo de concesión para el uso del espectro radioeléctrico.

4- Se garantiza el tránsito hacia la universalidad en el país en la conectividad a la Internet.