LOS CONTRATOS para el suministro de pasaportes por cerca de $600.000 millones y para comprar 40 carrotanques por más de $40.000 millones, con el propósito de llevar agua a La Guajira, no solo han golpeado severamente la imagen del Gobierno en cuanto a su capacidad de gestión y de blindarse frente a la corrupción, sino que ha tenido efectos políticos.

La primera consecuencia sobre el particular es que la oposición política y los independientes no perdieron esta oportunidad para fustigar al Gobierno señalándole de improvisación y falta de planeación porque, por ejemplo, en el caso de La Guajira los 40 camiones permanecieron en un parqueadero sin llevar una gota de agua, a la espera de que obtuvieran placas y adelantar otros papeleos; pero también por supuestos hechos de corrupción.

Del mismo modo, está el caso de los pasaportes que en este momento está suspendido por tres meses por la Procuraduría el canciller Álvaro Leyva, por las presuntas irregularidades durante el proceso de licitación, lo que obligó al presidente Petro a designar en ese despacho a Luis Gilberto Murillo, embajador en Estados Unidos.

Sin embargo, a Murillo con un poco más de un mes en funciones de canciller (e) le estalló el primer gran problema, precisamente por la ‘papa caliente’ en que se ha convertido esta licitación de los pasaportes.

Resulta que mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores avanza en la elaboración de los pliegos de condiciones para la nueva licitación de suministro de pasaportes y etiquetas de visas, Murillo reasignó la competencia para dirigir este proceso a la Secretaría General, en ese momento en cabeza de José Antonio Salazar, funcionario que por su cuenta adjudicó la licitación a la empresa Thomas Greg, contra el querer del Gobierno.

Entonces el presidente Petro dijo que “el secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons”.

Mientras tanto que Murillo dijo que “el secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán”, y que por tanto la licitación sigue, pero en este momento suspendida

Por su parte Salazar dijo que “Yo no se lo consulté, sino a mi conciencia. Cuando el ministro encargado, Luis Gilberto Murillo, me delegó de nuevo la representación legal del Fondo Rotatorio, yo entendí que su instrucción era cumplir la Constitución y la ley, y cumplí con el deber como buen ciudadano. Eso es lo que hice”.

De todas formas, hay que recordar que Thomas Greg & Sons demandó a la nación por $117.000 millones, luego de que se declarara en septiembre pasado por el canciller Leyva desierta la licitación para elaborar pasaportes, lo que lo tiene suspendido en el cargo de que este miércoles se inicie el juicio disciplinario en su contra.

Mientras que el pasado jueves, lo que inició como una sospecha sobre la compra de 40 carrotanques para repartir agua a la comunidad en la alta Guajira por la extrema sequía, debido al fenómeno del Niño, se terminó convirtiendo en un escándalo de gran gravedad para el Gobierno, pues el propio secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia contra el entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( Ungrd), Olmedo López, dos subdirectores de la entidad y varios contratistas.

Sin embargo, en la noche del jueves, Olmedo renunció a la dirección de la Ungrd, argumentando que fuera del cargo se defenderá de los señalamientos y que tiene la convicción de que demostrará que actuó con transparencia.

Dijo Idárraga que “para nosotros es claro que efectivamente hay una red de contratistas que posiblemente pudieron haber concertado una serie de precios para adquirir este contrato de carrotanques, y por esa razón he decidido radicar el día de hoy (jueves pasado) la respectiva denuncia penal”.

El secretario de Transparencia señaló que “el presidente Petro ha sido claro y enfático en torno a nuestra postura por la transparencia y anticorrupción. Desafortunadamente el día de hoy (ayer) la Secretaría de Transparencia por primera vez en todo lo que llevo de ese año y medio al frente de la Secretaría, radicó una denuncia penal, en este caso contra el director Olmedo, sus dos subdirectores y varios empresarios vinculados al contrato de los carrotanques”.

El lío por la compra de los 40 carrotanques, en donde según las denuncias se habrían presentado supuestos sobrecostos por más de $20.000 millones, se suma que el senador Jonathan Pulido Hernández, de Alianza Verde, dijo que se compraron 35 carrotanques más y que los sobrecostos serían mayores, según un documento de la Ungrd, que el parlamentario colgó en su perfil en la red X.

“Esto es gravísimo, aquí está la compra de otros 35 carrotanques por un valor total de $25.375.000.000. Otros 35 carrotanques que la Ungrd pagó a 725 millones c/u y su valor real no superaría los 350 millones c/u. Un posible sobrecosto superior a los $13.000 millones”, sostuvo el parlamentario.

Además de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría investigan estos hechos.

Otros efectos

El escándalo de los carrotanques estalló justo cuando la semana pasada inició en la plenaria del Senado la discusión en segundo debate de la reforma pensional que presentó el Gobierno, pero que es rechazada por los partidos de oposición Cambio Radical y Centro Democrático, así como por los independientes Conservador y La U.

La semana anterior se frustró en dos ocasiones el debate en la plenaria por falta de quórum, lo que si bien se explica por la oposición al proyecto que tienen estos partidos a la reforma en los términos que la presenta la Casa de Nariño, es posible que el escándalo de los carrotanques y el reciente rifirrafe entre el presidente Petro y el canciller (e) Leyva también haya pasado la cuenta de cobro.

El Gobierno desde que rompió la coalición a finales de abril pasado con los conservadores y La U, acudió a la estrategia de conversar directamente con los parlamentarios de los partidos que están fuera de la coalición para lograr los votos que le permitan sacar adelante las reformas.

Con esta estrategia logró el año pasado que la reforma de salud se aprobara en Cámara, así como la pensional en primer debate en la Séptima del Senado.

Sin embargo, es claro que podría ser más difícil al Gobierno lograr apoyos de esta manera a sus reformas en medio de estos escándalos que lo acechan, poniendo un manto de duda sobre el futuro de las reformas de salud, laboral y pensional.

Otra consecuencia, es que el Gobierno se vea obligado a aplazar la radicación de la reforma a la justicia y a la Ley de Servicios Públicos, debido al enrarecido ambiente en la política que han generado los recientes escándalos.

Control político

En efecto para el Gobierno que dejan las contrataciones de pasaportes y de los carrotanques es que se prevén debates de control político en Senado y Cámara, en donde los parlamentarios pedirán explicaciones.

El representante Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, ya presentó proposición para debate de control político por la polémica compra de los carrotanques.

“Esperamos que responda a todas nuestras preguntas y hallazgos que dejan un manto de duda sobre la transparencia en la entidad: manejos cuestionables que le ha dado a diferentes actividades y funciones que tiene bajo su responsabilidad, concernientes al Fenómeno de El Niño, la contratación por más de 46.000 de los carrotanques para llevar agua a La Guajira, la baja ejecución del presupuesto de la entidad”, dijo Sánchez, quien está a la espera de que mesa directiva de la Cámara fije la fecha de este debate.