Aumentar el monto del programa Ingreso Solidario para que sea de $250.000 mensuales es una de las seis medidas planteadas ayer por la bancada en la Cámara del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

El pliego de propuestas fue presentado en la plenaria de la Cámara por el representante del Cesar, Christian José Moreno, buscando alivianar el impacto económico de la pandemia por Covid-19 e iniciar la reactivación económica mientras finaliza la etapa de confinamiento.

Moreno explicó que las seis medidas que propone La U han sido enviadas al presidente Iván Duque para que sean tornadas en cuenta con el objetivo de mantener el empleo y mitigar la situación de poblaciones vulnerables, trabajadores independientes e informales; así como de Mipymes y grandes empresas afectadas por la coyuntura actual.

Además de la ya mencionada propuesta, La U planteó ampliar la cobertura del programa ingreso solidario a 4 millones de familias; crear el ingreso básico mensual transitorio “IBMT” para trabajadores independientes y trabajadores informales, beneficiando alrededor de 9 millones de personas; suspender el cobro de la seguridad social de manera temporal por tres meses para trabajadores independientes; ampliar beneficiarios del subsidio a la nómina, para no solo beneficiar a empresas conformadas como personas jurídicas, sino también a personas naturales que representan el 72% del sector empresarial; y establecer créditos del Gobierno a través de Bancóldex y Banco Agrario ante la insolidaridad e indiferencia de la banca y el sector financiero, para que puedan ser utilizados por las grandes, pequeñas y medianas empresas, así como pequeños y medianos productores, además de comunidades campesinas.

El representante Moreno insistió, a nombre de su partido, en que los recursos necesarios para los subsidios y créditos expuestos tienen el soporte financiero que el Gobierno nacional requiere para su implementación.

El exministro Aurelio Iragorri, presidente de la colectividad, anotó en sus redes sociales que aparte de estos puntos, La U también propone “establecer una opción tarifaria para definir los costos máximos de prestación de los servicios públicos domiciliarios sin que estos sean trasladados a los usuarios regulados del servicio público de energía eléctrica y gas”.