Tras el hundimiento de la reforma a la justicia, quedó en evidencia que la reforma más urgente que se requiere es la del Congreso, consideró Armando Novoa, constituyente y director del Centro de Estudios Constitucionales Plural.

Añadió que actualmente el Parlamento no reúne las condiciones para reformar la justicia.

El Nuevo Siglo: ¿Por qué consideran que la reforma a la justicia sigue viva, tras ser hundida por el Congreso?

Armando Novoa: El problema es que las sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno para hundir la reforma a la justicia, a nuestra manera de ver son inconstitucionales. Nosotros hemos sostenido que el Gobierno no tenía atribuciones para convocar a sesiones extras que se ocuparan de una reforma a la Constitución, dado que la Constitución solamente permite convocar a sesiones extraordinarias para que el Congreso se ocupe de proyectos de ley, no de reformas constitucionales. Y por otra parte, en ese orden de ideas, el Congreso tampoco podía pronunciarse ni para hundir ni para modificar el proyecto, que ya había sido aprobado en las ocho sesiones reglamentarias que contempla la Constitución.

Entonces a nuestra manera de ver ese procedimiento que se hizo de manera mancomunada, el Gobierno y el Congreso, está por fuero de los parámetros que establece la Constitución, y en ese orden de ideas el único organismo que podía hundir esa reforma a la justicia es la Corte Constitucional o el pueblo directamente a través de un referendo derogatorio. Y por eso acudimos tanto al referéndum derogatorio como a la demanda de inconstitucionalidad que está a consideración de la Corte Constitucional. La Corte tendrá que pronunciarse sobre si el procedimiento que utilizó el Gobierno está ajustado a la Constitución o no.

ENS: ¿Qué opinión tiene del proyecto para convocar una asamblea nacional constituyente para reformar la justicia?

AN:No lo comparto por varias razones: uno, porque después del hundimiento de la reforma a la justicia lo que quedó en evidencia es que la reforma más urgente que a ese nivel se necesita es una reforma del Congreso. Un Congreso con 80 congresistas investigados por parapolítica no tiene legitimidad para hacer ninguna reforma a la justicia.

Por consiguiente antes de ocuparse el Congreso de la reforma a la justicia, tendría que derogar el Acto Legislativo 01 de 2011, que levantó la figura del conflicto de intereses para que los congresistas puedan votar reformas a la Constitución. Dos, porque en esa asamblea constituyente que convoca el senador Juan Carlos Vélez, no se habla nada de reforma al Congreso sino de reforma a la justicia, lo cual haría suponer que si se aprueba por el Congreso la convocatoria a una constituyente para reformar la justicia es porque ellos van a tener un interés directo en que esa reforma a la justicia no los afecte a ellos en relación con las investigaciones que actualmente adelantan las Cortes, es decir, la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, en este último caso por pérdida de investidura. Y tres, porque el proyecto del senador Juan Carlos Vélez tenía unos problemas de legitimidad muy complicados. Le quiero decir que en la exposición de motivos del proyecto del senador Vélez hay párrafos completos que se citan de artículos de personas defensoras de la Constitución del 91 para defender la idea de la convocatoria a una constituyente que tendría como propósito derogar la Constitución del 91. Le cuento que a mí personalmente me fusilaron una parte de la exposición de motivos de ese proyecto de un artículo que publiqué en el diario El Espectador, sin cita, sin comillas, sin darme ninguna autoría.

En suspenso derogatoria

Novoa explicó que “nosotros lideramos el referéndum para la derogatoria de la reforma a la justicia que se aprobó en la legislatura anterior. Recogimos el número de firmas necesarias para la inscripción del comité de promotores, es decir alrededor de 180 mil firmas, pero en esos mismos días el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias y el Congreso decidió archivar la iniciativa, por consiguiente dado que demandamos la reforma a la justicia y el decreto de convocatoria ante la Corte Constitucional, el proceso de recolección de firmas para la derogatoria de la reforma a la justicia quedó en suspenso en razón al curso que tuvo el hundimiento de la reforma”.