En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Corrupción, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó a manera de aporte los retos de este flagelo.

Dentro del informe se explica que mucho se ha estudiado y analizado sobre la relación entre la corrupción electoral y la administrativa, entendiendo que los procesos electorales y las prácticas asociadas a los mismos no inician con el arranque del calendario electoral, ni concluyen el día de las elecciones.

“Es por eso que, desde sus inicios, la MOE ha emprendido diversas acciones para promover la integridad y transparencia en las elecciones”, expone el documento.

Este organismo investigó distintos factores que pueden afectar las elecciones e incrementar los riesgos, tanto de corrupción, como de injerencia indebida de distintos actores en los comicios.

La MOE difundió los elementos que se deben tener en cuenta para identificar los riesgos de corrupción. El primero detalla que existe una relación entre la criminalidad electoral y los delitos contra la administración pública, la cual da cuenta sobre cómo los delitos electorales (como la compra de votos, la inscripción electoral irregular de votantes, el constreñimiento, entre otros) pueden ser utilizados para acceder a cargos de elección popular a través del uso de recursos públicos o ilegales.

Los recursos

Así, se han identificado casos en que las personas electas utilizan los dineros públicos y la contratación del Estado para retribuir a quienes les han apoyado, o simplemente para enriquecerse, y recuperar los recursos utilizados en campaña valiéndose de distintos actos que se constituyen en delitos contra la administración pública.

Como muestra de lo anterior, en el Congreso que estuvo en funciones de 2018 a 2022, siete congresistas fueron investigados por delitos contra la Administración pública y cuatro sancionados con la pérdida de la investidura.

El segundo elemento, de acuerdo con la MOE, es la transparencia como principio de actuación de las instituciones públicas que “no consiste simplemente en que la información pública deje de ser secreta, sino que requiere del establecimiento de un conjunto de garantías para acceder a la información que está en poder de las instituciones”.

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“Más específicamente, para materializar una auténtica transparencia institucional, la divulgación de la información de interés público debe darse conforme a los principios de proactividad, celeridad y calidad, incluidos en la Ley 1712 de 2014, pero también deberían estar en armonía con los de trazabilidad, desagregación, no exclusividad, legibilidad por máquina, accesibilidad, oportunidad, entre otros estándares”, señala el informe.

No hubo información 

No obstante, del seguimiento realizado por la MOE al desarrollo de las Elecciones Nacionales 2022, fue posible identificar que cierta información a la que debería tener derecho la ciudadanía durante un proceso electoral, no fue entregada de manera proactiva e, incluso, habiendo solicitado la información formalmente. En algunos casos nunca fue compartida o, en su defecto, se suministró de manera poco oportuna, incompleta, confusa o poco accesible.

Ejemplos de lo anterior se lograron advertir por todo el ciclo de elecciones en mayor o menor grado, desde sus inicios, con la contratación de bienes y servicios electorales, hasta el final, con las auditorías a las soluciones tecnológicas utilizadas.

La misión señala que la opacidad de las actuaciones de las entidades posibilita e incrementa los riesgos de corrupción, en la medida que se restringe el control por parte de la ciudadanía, ampliando los márgenes de discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos por parte de las entidades estatales.

“Cuando la institucionalidad se convierte en una caja negra, proliferan los incentivos para que en su interior se adopten conductas negligentes, discrecionales, corruptas, entre otras contrarias a los principios que la rigen”, indica la MOE.

“Puesto en términos del tan estudiado problema del agente principal, las asimetrías de información entre las autoridades (el agente) y la sociedad civil (el principal) incrementan el riesgo de actos contra la Administración Pública por parte de funcionarios inescrupulosos, que, aprovechando el manto de opacidad sobre su gestión, persiguen intereses privados, en perjuicio de los intereses de la comunidad, sin temor a ser descubiertos”, sostuvo el documento.

Y concluye que “de ahí la importancia de un flujo de información constante, abierto y libre, desde las instituciones hacia la ciudadanía, en tanto que elemento generador de una atmósfera de transparencia donde se facilita la prevención y fiscalización de los abusos y desvíos del poder público”.