A punto de cumplir dos años de mandato, la comunidad internacional ya tiene claros los lineamientos y énfasis de la estrategia exterior del gobierno Duque

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La consolidación de la política exterior de un país se mide por dos factores básicos: que el Estado en cuestión sea capaz de definir de manera clara y concreta los lineamientos de su relacionamiento internacional, y que las otras naciones identifiquen, también de forma y concreta, esas directrices.

A dos meses de cumplir la primera mitad de su mandato el gobierno del presidente Iván Duque ha logrado consolidar ambos escenarios. Es decir, que no solo tiene total y absolutamente definido su norte en materia de política exterior, sino que el resto del mundo tiene claras esas posturas y énfasis.

Es precisamente en ese marco que deben leerse e interpretarse las recientes declaraciones del régimen cubano, liderado por el presidente Miguel Díaz-Canel, en el sentido de acusar a Colombia de facilitar el camino para que los Estados Unidos incluya a la isla en la lista de países que "no cooperan plenamente" en la lucha antiterrorista. Como se recuerda, semanas atrás Washington puso a La Habana en esa ‘lista  negra’ señalando la reiterada negativa de Cuba a extraditar a Colombia a los antiguos negociadores del Eln, sobre todo después de que esa guerrilla aceptó la autoría del atentado, en enero de 2019, contra la Escuela de Cadetes de la Policía, en Bogotá, que dejó más de una veintena de estudiantes asesinados.

Las acusaciones de Cuba al gobierno Duque son importantes, no tanto por lo que dicen, sino por lo que confirman: la política exterior del Estado colombiano está más que clara para la comunidad internacional, pero sobre todo para los países que, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, contradicen esos lineamientos y énfasis.

La postura es clara: Colombia no tolera ni trata con regímenes antidemocráticos de la región, como tampoco a aquellas naciones que ponen en riesgo la democracia, su seguridad nacional, la paz hemisférica y la protección de los derechos humanos.

Pero no solo es el caso cubano. El total rompimiento y oposición al régimen dictatorial de Venezuela es también un claro ejemplo de esta línea en la política exterior colombiana: cero tolerancia a las dictaduras.

“La política exterior colombiana se desarrolla en consonancia con los intereses internos del país. Buscar que en países como Venezuela haya un gobierno que respete la voluntad popular es vital para tener relaciones provechosas para ambas partes”, dijo a EL NUEVO SIGLO el excanciller Fernando Araújo.

Agregó que el hecho de que el régimen chavista irrespete los principios democráticos “nos perjudica desde varios aspectos, ya que el comercio con ese país, después de haber sido uno de nuestros principales socios, con el que se realizaban transacciones por más de $8.000 millones de dólares al año, casi ha desaparecido”. Por el contrario, ese país se ha convertido en refugio de guerrilleros y narcotraficantes que quieren evadir a la justicia colombiana.

Frente a la alianza geopolítica entre el gobierno Duque y el de Estados Unidos, el excanciller añadió que la política exterior colombiana se alinea con la de países con intereses similares. “Hemos establecido una política hemisférica conjunta con más de 50 países que respaldan el gobierno de Juan Guaidó y buscan la defensa de la democracia y los intereses nacionales de quienes comparten estos valores”, sostuvo.

El también exministro de Relaciones Exteriores y actual decano de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Julio Londoño, dijo que si bien el caso Venezuela ha sido la prioridad en la política exterior del mandato Duque, hechos como las tensiones con los gobiernos de Cuba o Nicaragua, “marcan una clara actitud de Colombia frente a los Estados Unidos, país que se consolida como nuestro principal aliado en materia de lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo en la defensa de la seguridad hemisférica, que tiene como principal punta lanza (oponerse) al régimen venezolano que amenaza nuestra seguridad y la del mundo por las constantes violaciones a los derechos humanos”.

Inamovibles

La postura contra el régimen de Daniel Ortega también es ya una línea consolidada en materia de política exterior de Colombia. Prueba de ello es la tajante decisión de la Casa de Nariño para proteger la soberanía nacional frente a las cada vez más ambiciosas pretensiones del gobierno de Nicaragua sobre nuestro territorio, soberanía y recursos económicos.

No hay que olvidar que Managua acusa al Estado colombiano de incumplir el fallo proferido en el año 2012 por la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, sobre las aguas circundantes a San Andrés y Providencia. También interpuso una segunda demanda en la que pretende que le sea reconocida soberanía sobre una porción sustancial de la actual plataforma submarina colombiana. Estos procesos están a punto de reactivarse.

A este respecto Araújo señaló que “la política exterior está protegiendo nuestros intereses nacionales. Las relaciones no pueden ser cercanas con países que, como Nicaragua, nos agreden consistentemente y no representan los valores democráticos que defendemos”.

“Respice polum”

Este alineación de la política exterior colombiana con la de Estados Unidos y otros países que defienden intereses guiados por los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos, puede entenderse como un fortalecimiento de la tradicional doctrina del “respice polum” que ha guiado nuestras relaciones internacionales durante años y que busca que se establezca un bloque hemisférico para luchar contra el terrorismo y proteger la democracia en la región.

En ese orden de ideas, las contantes declaraciones y acusaciones en contra de Colombia por parte de regímenes autoritarios y antidemocráticos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, son la prueba fehaciente de que el mensaje de la política exterior colombiana, en cuanto a que no tolerará violaciones a los derechos humanos ni a los principios democráticos en la región, ha sido bien emitido y recibido con claridad por los gobiernos que se sienten aludidos.

Falta esperar si las presiones sociales que enfrenta el triunvirato establecido por los gobiernos de Maduro, Díaz-Canel y Ortega por las terribles condiciones sociales en las que han sumido a sus pueblos, unidas a las presiones del bloque hemisférico y las claras directrices de la política exterior colombiana, contribuyen de manera efectiva al restablecimiento democrático y la defensa de los derechos humanos en estas naciones.