El caso ‘Santrich’ tiene a prueba la fortaleza de la Justicia Transicional y el futuro mismo del proceso de paz

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Dos buenas y una mala, y todas en un mismo día. Esas fueron las noticias que recibió el viernes pasado el exnegociador de paz de las desmovilizadas Farc Zeuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como ‘Jesús Santrich’, detenido desde abril del año pasado en la cárcel La Picota de Bogotá y pedido en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Las dos buenas para ‘Santrich’. La primera, la Sala Plena del Consejo de Estado no lo despojó de su investidura parlamentaria, pues si bien no se pudo posesionar como representante a la Cámara del partido Farc, una vez termine el proceso penal en su contra y si al final es exonerado, podría asumir su curul.

Ese escaño lo ocupa de forma transitoria Benedicto de Jesús González, un desmovilizado de la antigua organización guerrillera.

La otra buena es que después del escándalo por la pérdida de la carta oficial con que la JEP y el Ministerio de Justicia pedían a Estados Unidos las pruebas sobre la supuesta vinculación de ‘Santrich’ al envío de 10 toneladas de cocaína a ese país, el Departamento de Justicia desistió de enviarlas, lo que podría favorecerlo pues la etapa de juicio en la jurisdicción especial ahora se encuentra en alegatos finales.

Esto, sin duda, favorece los intereses de su defensa, pues podría reiterar, como ha dicho siempre, que “no existen” esas pruebas y que “se trata de un montaje” no solo para desprestigiar a la JEP, sino para atentar contra la implementación del Acuerdo de Paz.

Una muy mala

Pero, en contraste, la noticia mala es que la captura del fiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo, quien supuestamente habría exigido 2 millones de dólares para “incidir” en su no extradición, ha generado diversas reacciones políticas.

Este escándalo fortalece la tesis de quienes critican no solo el Acuerdo de Paz sino que ven en la justicia transicional un manto de impunidad para quienes cometieron crímenes atroces.

Pero también ha servido para que la defensa de ‘Santrich’ advierta que se trata de “otro burdo montaje”, como lo calificó Enrique Santiago, abogado de las desmovilizadas Farc, para desprestigiar el proceso negociado en La Habana.

De hecho, la polémica de los últimos días se ha centrado en la posibilidad de que el presidente Iván Duque sancione la Ley Estatutaria que reglamenta la jurisdicción especial de paz, o la objete.

Si la objeta sería por inconveniencia, es decir por razones políticas, pues como la norma ya pasó el examen de la Corte Constitucional el Jefe de Estado no puede argumentar razones jurídicas.

Pero si se abstiene de sancionarla, el texto tendría que regresar al Congreso para ser discutido nuevamente, y cualquier modificación que sufra debe surtir el mismo trámite legislativo: discusión, aprobación, conciliación, revisión de la Corte Constitucional y envío nuevamente para sanción presidencial.

En el entretanto, es posible que ‘Jesús Santrich’ pueda recobrar su libertad temporalmente mientras se decide de fondo su proceso de extradición, pero es posible que no, entonces seguiría detenido.

Ahora, lo que se espera es que la Presidencia de la JEP fije la fecha para los alegatos finales en donde la defensa del exnegociador de paz y la fiscalía hagan sus últimas intervenciones antes de que la Sala de Revisión y Garantía de No Extradición decida de fondo.

Visiones encontradas

Por ahora, el presidente Duque ha dicho que se tomará el tiempo que le otorga la ley para decidir sobre la Ley Estatutaria, plazo que vence el próximo 11 de marzo.
Pero ante el nuevo escándalo de corrupción, el Jefe de Estado le pidió a la Fiscalía General que “acelere” las investigaciones y que estas lleguen “hasta sus últimas consecuencias”, pues es trata de un escándalo de corrupción “lamentable y muy grave”.

Pero mientras en el Congreso el Centro Democrático ha presionado para que el Presidente no sancione la estatutaria de la JEP, el Partido Liberal ha respaldado la justicia transicional, y le ha advertido al Gobierno que esa colectividad no será “el sepulturero” del proceso de paz.

Mientras tanto, la objeción de la norma ha enfrentado al Fiscal y al Procurador General de la Nación, pues mientras el ente acusador dice que dejará impunes delitos graves, el jefe del Ministerio Público defiende sus alcances.

En la polémica también entraron a tomar partido la propia Presidencia de la JEP y la Corte Constitucional. Ambas instancias, por separado, han dicho que el tribunal constitucional “ya se pronunció” a través de la Sentencia C-160 de 2017, que le dio vida jurídica a la justicia transicional.

Así las cosas, la suerte jurídica de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz dejará vencedores y vencidos, dependiendo no solo de lo que decida el presidente Duque frente a la posibilidad de objetarla, sino también de lo que decida la Sala de Revisión y Garantía de No Extradición frente al caso ‘Santrich’.

Si esta Sala considera que el supuesto delito de narcotráfico por el que es juzgado el exlíder guerrillero se cometió antes del 16 de diciembre de 2016, cuando comenzó a operar la JEP, es posible que no prospere su extradición y ‘Satrich’ recobre su libertad de inmediato.

Pero si el indictment dice que fue posterior a esa fecha, el caso pasará a la Corte Suprema de Justicia donde su defensa comenzará una nueva batalla jurídica que, de perderla, podría impactar el proceso mismo de paz.

Con todo, lo que pueda suceder en este proceso traerá consecuencias políticas para el presidente Duque, para el Centro Democrático y para la Fiscalía General, que se han opuesto a la justicia transicional.

Pero también afectará la credibilidad del Acuerdo de Paz, y de paso afectará al partido Farc, a la Procuraduría, al Partido Liberal y a la propia JEP.

En la mitad quedaría la Corte Constitucional, tribunal que no puede más que aplicar la Constitución y la ley.