Las encuestas dieron un duro campanazo al Presidente, que en apenas 100 días de gestión ve como su desfavorabilidad se disparó y dobla su calificación positiva ¿Cuál es la razón? ¿Qué debe hacer?

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¿Cómo explicar que la popularidad del presidente Iván Duque haya caído a la mitad cuando apenas ha cumplido un poco más de 100 días de gobierno?

Esa es la pregunta que todo el país se hizo esta semana al conocerse dos encuestas contratadas por distintos medios de comunicación en las cuales queda claro que, contrario a lo que pasaba cuando asumió el poder, su imagen negativa dobla a la positiva, e incluso en una de ellas marca el porcentaje de aprobación más bajo del arranque de cualquier mandatario colombiano en las últimas dos décadas. Es más, en uno de esos sondeos le va mejor al expresidente Juan Manuel Santos, pese a que la elección de Duque se dio en contraposición a las banderas y gestión de aquel, sobre todo en materia del accidentado acuerdo de paz.

Aunque hay varias razones que podrían explicar el preocupante y sorprendente desencanto de la opinión pública con la gestión del Jefe de Estado, una reversión de la tendencia tan drástica y en tan poco tiempo no se puede atribuir a un solo hecho, sino a un escenario multifactorial.

Si se parte de la causa más obvia, es claro que la mayoría de las miradas recae sobre el impacto del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno radicó en el Congreso semanas atrás y que se ha tomado la primera plana del debate nacional, especialmente por la polémica propuesta de gravar con el IVA a muchos de los productos de la canasta familiar, entre ellos los de más alto consumo en materia de alimentos, aseo y otros rubros de primera necesidad.

Si bien es cierto que el Ejecutivo necesita cubrir el faltante fiscal para el próximo año, que según el presupuesto aprobado para 2019 es de $14 billones, es evidente que descargar gran parte de ese recaudo adicional ($11 billones) en extender la base del IVA a productos de la canasta familiar, golpeando especialmente a la clase media y baja, ha generado una reacción negativa no solo en la opinión pública sino también en gran parte de los gremios del comercio y la industria, pues saben que una medida en ese sentido afectará aún más la ya alicaída tasa de consumo de los hogares.

Aunque el presidente Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, han insistido en que no se trata de una reforma tributaria sino de una “ley de financiamiento”, es claro que ese diferencial semántico no tiene efecto alguno cuando al ciudadano del común le hablan de pagar más IVA y menos aún por alimentos tan básicos como las verduras, los huevos, el arroz…

También es evidente que a la ya de por sí compleja fórmula de devolver el IVA por anticipado a los hogares que ganen menos de $800 mil, le ha faltado socialización, a tal punto que ni los expertos tributaristas la entienden o consideran el modelo propuesto como poco práctico. Igual ocurre con la propuesta de bajar la tarifa general del 19% al 18%, que mucha opinión pública desconoce.

A ello debe sumarse que se hizo viral en las redes sociales la circulación de afirmaciones de Duque cuando era senador, criticando drásticamente la última reforma tributaria de Santos (diciembre de 2016), que elevó el IVA del 16% al 19%, así como prometiendo en la campaña presidencial que no subiría los impuestos ni tampoco ampliaría los que golpearan a las clases bajas y medias. Por lo mismo ha tenido mucho eco la acusación de que el nuevo Presidente está haciéndole ‘conejo’ al país con esta reforma tributaria.

Tal como lo publicó EL NUEVO SIGLO el sábado pasado, Duque es el presidente, desde Ernesto Samper hasta Santos, que ha perdido más favorabilidad en sus primeros 100 días de gobierno. Pero también es de los pocos mandatarios que apenas unos meses después de asumir el cargo le ha tocado presentar una reforma tributaria –siempre impopular- para tapar el hueco fiscal crítico heredado por su antecesor.

Coalición sin agenda

Sin embargo, así se trate de una causa muy evidente, la presentación de la reforma tributaria, sobre todo en el tema del IVA, no es la única que puede explicar la drástica caída en la favorabilidad del presidente Duque en apenas tres meses de gobierno. Y menos aun cuando llegó al poder con una votación récord de 10,3 millones de respaldos, habiendo ganado también la primera vuelta presidencial por amplia ventaja así como la consulta interpartidista que lo ungió como el candidato del Centro Democrático y su coalición.

Hay otras circunstancias que coadyuvan a la crisis en la imagen de Duque y de su gobierno, ya que las encuestas también recalcan la tendencia negativa en la calificación del gabinete, la gestión en varios flancos y el creciente pesimismo por el rumbo del país.

Por ejemplo, las coaliciones parlamentarias que apoyaron los dos mandatos de Uribe, y luego a los de Santos, no solo se basaron en la representación ministerial y burocrática de los partidos integrantes en los gobiernos de turno, sino también en la suscripción de una agenda política y parlamentaria oficialista que debía respaldarse, comprometerse y defenderse monolíticamente, pagando el costo político respectivo.

Sin embargo, la coalición de Duque no tiene ninguno de esos dos elementos. De un lado, la Casa de Nariño ha insistido en que para la confección de la misma, de la que hacen parte el partido de gobierno, es decir el Centro Democrático, así como La U, el partido Conservador, MIRA, AIS y Colombia Justa y Libres, no se negoció nada en materia de representación política, cuotas ministeriales ni burocráticas (la tesis de la “cero mermelada”). Y, de otro, no hubo un acuerdo político base, puntual y detallado que comprometiera el apoyo de esas colectividades a una agenda de proyectos, gobierno y ajustes determinados, con la consecuente disposición a pagar el costo político para llevarla a cabo.

¿Un error? Puede que sí, ya que los tratadistas de la política suelen decir que las coaliciones no se arman para buscar respaldo a lo popular sino para que funcionen a la hora de imponer lo que divide, genera reacciones encontradas o simplemente es impopular pero necesario para el gobernante de turno.

La mayor prueba de esta falencia en el arranque de Duque es la misma reforma tributaria, al punto que el primer partido en advertir públicamente que no respaldaría un aumento del IVA a productos de la canasta familiar fue el propio Centro Democrático y por intermedio del senador y expresidente Álvaro Uribe, el páter político del Jefe de Estado.

Si el propio partido de gobierno no respalda la iniciativa tributaria, qué más se podría esperar del resto de las colectividades de la llamada coalición oficialista. Y menos aún se podría allanar un respaldo de las colectividades independientes, sobre todo de dos tan fuertes y con agenda propias como Cambio Radical o el liberalismo. Por descontado, era obvio que la oposición no iba a respaldar un apretón de impuestos.

De igual manera, se creía, cuando Duque fue elegido, que Uribe haría las veces de una especie de “primer ministro” en el Congreso para manejar y liderar la agenda gubernamental, al punto que poco importaría el denominado perfil “técnico” del nuevo gabinete, compuesto por ministros sin mayor bagaje ni anclaje político y menos partidista. Pero eso no ha ocurrido: Uribe apoya al Gobierno y lo defiende a capa y espada, pero no se ha convertido en un escudero y jalonador del mismo, como tampoco ha evitado que los inconformismos de la bancada uribista con algunas decisiones del Ejecutivo dejen de salir a la luz pública.

Por eso hoy se sabe de las diferencias crecientes entre la Casa de Nariño y el sector más radical de la bancada y el partido Centro Democrático, que esperaban desde el día 1 del mandato un ‘timonazo’ de Duque para reformar a fondo el acuerdo de paz y reversar buena parte de las políticas de Santos, algo que no ha ocurrido.

También es evidente que el uribismo quiere ganar las elecciones locales y regionales de 2019, lo que le quedaría muy difícil si tiene que pagar el “costo político” de temas tan impopulares como la reforma tributaria. De allí la alerta en ese partido porque en las encuestas de esta semana el expresidente también vio caer su favorabilidad, arrastrado claramente por el efecto del complejo arranque de Duque.

Y eso que el expresidente se ha distanciado del Ejecutivo en temas tan sensibles como el apoyo a la consulta popular anticorrupción o las propuestas para un aumento extraordinario del salario mínimo en este 2018 o una nueva prima para trabajadores de bajos ingresos en el 2019. Ideas estas últimas con eco popular pero evidentemente inconsultas con la Casa de Nariño, que quedó como la ‘mala del paseo’, pero es claro que no tiene margen de acción para aprobarlas en un escenario fiscal tan apretado y una economía que no despega sostenidamente.

Igual ocurre con los proyectos de reforma política, judicial y anticorrupción, que avanzan a paso muy lento y sin que el Ejecutivo pueda imponer sus criterios. Es palpable que los ministros no tienen mayor capacidad de liderazgo y convocatoria en las bancadas, al punto que han llegado a quejarse de que los acuerdos que se hacen en la mañana, se rompen en la tarde sin mayor explicación y ante la perplejidad e impotencia gubernamental.

Asimismo es obvio -negarlo sería de extrema ingenuidad- que si el gabinete tuviera más anclaje y base partidista, a sus integrantes les quedaría más fácil el trabajo en el Congreso pues convocarían, como primera medida el respaldo de sus bancadas, y a partir de allí buscarían más consensos en el resto de la coalición oficialista. Incluso -por el juego de fuerzas al interior del Parlamento- podrían allanar algunos consensos con Cambio y los liberales, que aunque independientes se han cuidado de acercarse o hacer unidad de cuerpo con las fuerzas de oposición para derrotar las tesis gubernamentales.

Percepción de debilidad

Ahora bien, a partir de lo ya expuesto hay más elementos derivados que podrían explicar por qué el arranque del gobierno Duque no ha sido el mejor.

Por ejemplo, como no se ve que el Presidente tenga las riendas del Congreso ni le marque el paso a la agenda legislativa, eso ha sido interpretado como una posible evidencia de debilidad política del Mandatario, al que incluso críticos y algunos partidarios han empezado a señalar de ser inexperto o faltarle peso específico para manejar los altos asuntos de Estado. Señalamientos que no se compadecen con el carácter y firmeza demostrados por Duque en muchos actos de gobierno y pronunciamientos en estos 100 días. Sin embargo, la percepción no es fácil de cambiar cuando ya empieza a afincarse en el imaginario popular. He ahí la urgencia de tomar medidas al respecto rápida y eficazmente.

Y esa preocupante percepción de debilidad e inexperiencia es la que están aprovechando –o incentivando- ciertos grupos de presión para tratar tempraneramente de ‘medirle el aceite’ al Gobierno, en busca de lograr cesiones del mismo.

Las marchas de los estudiantes de la universidad pública, los paros convocados por los maestros o los sindicatos contra la reforma tributaria, las manifestaciones que asoman en sectores como los transportadores y otras instancias agrícolas… Cada una de ellas tiene causas objetivas pero es claro que se alimentan de la creciente sensación de que el actual es un Presidente que no se impone y –contrario a lo que pasaba con Uribe y Santos- hay cierta tendencia a considerar que por lo mismo puede ser objeto de presiones a las que más temprano que tarde cederá, ya sea por su tono conciliador o porque -como suele decirse- no tiene el ‘cuero duro’ ante las situaciones de crisis.

Lo mismo pasa en el Congreso, en donde los propios partidos de la bancada oficialista –de mayorías apretadas- le replican diariamente a los ministros y propuestas de la Casa de Nariño, en tanto que los independientes y de oposición se fortalecen a la hora de modificar las agendas y proyectos, o con los debates de control político, como el adelantado a Carrasquilla, que si bien no fue objeto de moción de censura por el tema de los bonos de agua, sí quedó muy debilitado políticamente, algo muy grave dada la coyuntura de la reforma tributaria.

De igual manera, se cree que todo el paquete de proyectos anticorrupción está naufragando por esa falta, no de voluntad, pero sí de liderazgo político, y eso impacta a una ciudadanía que en cerca de 12 millones de personas salió a votar masivamente en agosto pasado la consulta popular sobre la materia, pero que a hoy no ve concretado ninguno de los temas que apoyó en las urnas, pese a las promesas de Duque.

¿Sin bandera?

Desde el día uno de su mandato Uribe hizo de su Política de Seguridad Democrática su programa bandera y lo defendía día y noche, entablando constantes polémicas y pulsos con sus contradictores. Igual lo hizo Santos con su Política de Paz, que aunque también polarizó al país al final de cuentas la sacó adelante contra viento y marea.

Duque, si bien ha tratado de imponer un estilo de mando más tranquilo, de marcado tono conciliador y sin ‘retrovisor’ ni pelea diaria con sus opositores, no ha podido, sin embargo, definir su bandera de gobierno y remarcarla al país como el norte y nueva hoja de ruta. Eso resulta muy complicado para una nación que viene de 16 años siguiendo, sufriendo, apoyando o criticando en el día a día, con fruición permanente y a flor de piel, las políticas bandera de dos presidentes reelectos.

El hoy Presidente ha tratado de impulsar agendas como los de la “Economía Naranja” o incluso la del “Pacto por Colombia”, base de su Plan de Desarrollo, cuyos pilares son “legalidad, emprendimiento y equidad”. Sin embargo, la primera es un asunto importante pero menor frente a lo que debe ser la bandera gubernamental y el segundo apenas si se está formulando y no tiene un elemento de enganche e impacto que lo venda efectivamente a la opinión pública.

Como se ve, el problema de Duque no es que el país todavía no se acomoda a su estilo tranquilo y conciliador de gobierno. Tampoco que no armó una coalición fuerte en el Congreso. Menos su juventud y presunta inexperiencia en altos asuntos de Estado. El lio principal es que no tiene una bandera de gobierno ‘taquillera’, definida, que le fije al país el norte y la hoja de ruta para llegar allí. Cuando la encuentre y, sobre todo, cuando se decida a jugarse su capital político y mueva todo el poder del gobierno para imponerla contra viento y marea, a toda hora, sin tregua ni concesiones riesgosas, la opinión pública volverá a sentir que el Presidente es quien tiene las riendas, sea popular o no. Eso es a lo que se llama gobernar. No ha sido el mejor arranque, pero tiene tiempo suficiente para corregir y apretar el ritmo del barco para llevarlo al puerto que eligió.