EL PRESIDENTE de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, reafirmó ayer que el alto Tribunal fue sitiado por manifestantes el pasado jueves cuando votaba para elegir al fiscal. El jurista dijo que no se le debe restar gravedad a lo ocurrido porque fue una agresión.
“Hemos pedido que a lo que sucedió el día jueves no se le quite la trascendencia y la gravedad del hecho, porque evidentemente fue un hecho de agresión y de violencia contra la Corte Suprema de Justicia y contra los magistrados; la Corte fue sitiada. Las puertas de ingreso y de salida fueron bloqueadas, eso es un acto de agresión, en tanto representó una afectación a la libre movilidad de los magistrados, de los empleados que se encontraban para ese día dentro de la Corporación”, manifestó el magistrado Chaverra.
Agregó que “el hecho de que el general Salamanca (el director Nacional de la Policía) haya podido entrar a las instalaciones de la Corte Suprema no quiere decir que no existiera un bloqueo, que no estaba sitiada, a tal punto que, al mediodía, cuatro o cinco compañeros magistrados intentaron salir de la edificación y tuvieron que devolverse. ¿Por qué? Porque la Corte estaba física y materialmente bloqueada. La protesta pacífica inicialmente terminó siendo un acto de violencia y de agresión para la Corte Suprema de Justicia”.
En esa oportunidad, la Corte no eligió fiscal general porque ninguna de las ternadas por el presidente Petro alcanzó los 16 votos necesarios. El 22 de este mes está programada otra Sala Plena, en la cual los 23 magistrados votarán nuevamente para buscar elegir al titular de la Fiscalía, después de que Francisco Barbosa el lunes pasado terminara su periodo y que fuera reemplazado en calidad de interina por Marta Mancera.
Al respecto el magistrado Chaverra dijo que “la Corte lo que espera es que se den las condiciones, como lo dijimos en nuestro comunicado, para que podamos adelantar nuestra sesión de manera tranquila, de manera pacífica, bajo unas condiciones que nos permitan en un estado de tranquilidad adelantar nuestro trabajo y el ejercicio de nuestras competencias electorales. Ese es el llamado que, a través del comunicado que hicimos el día jueves, le hacemos al Gobierno nacional que se creen las condiciones para que los jueces, la Corte Suprema de Justicia, pueda adelantar con autonomía e independencia sus competencias electorales”.
Las afirmaciones del magistrado Chaverra contradicen lo dicho por el presidente Petro, de que “no son ciertas las noticias acerca de secuestros de magistrados o violencia sobre ellos. Nunca hubo restricción a la libre movilidad de magistrados”.
Llamado de CIDH al Gobierno
Un llamado al Gobierno para que garantice las condiciones que permita la elección del Fiscal General “sin interferencias” y a todos los estamentos del Estado para que prioricen la institucionalidad democrática, hizo ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este organismo manifestó en un comunicado que sigue de cerca el proceso de elección para el titular del ente acusador en Colombia, y en tal sentido “alentó” a que la Corte Suprema de Justicia pueda deliberar y "culminar" el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, “a la mayor brevedad posible”, pero sobre todo sin interferencias.
La Comisión toma nota del compromiso presentado por el Estado de que, a través del Poder Ejecutivo, se brindarán todas las garantías y condiciones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus funciones, elijan a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación bajo los preceptos de imparcialidad e institucionalidad.
Sobre los hechos ocurridos el pasado 8 de febrero, cuando un grupo de manifestantes impidió la salida de los magistrados de la Corte Suprema del Palacio de Justicia, “recibió distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico, hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia”.
Añadió que, según información entregada por el Estado colombiano, ese día se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país y que, respecto a los hechos ocurridos en el centro de Bogotá, “el Estado informó que ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas; y que, la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones, sin que se presentaran anomalías”.