La lucha contra este flagelo fue este año el caballito de batalla de la oposición, y un arma de doble filo para la izquierda política

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Si alguna vez ha existido un flagelo que afecte por igual a todos los colombianos, sin distingo alguno, se llama corrupción. Y no es retórica, pues esa práctica malsana tan enquistada en nuestra sociedad es más dañina que el desempleo y hasta la misma inseguridad.

Se trata de un fenómeno que hoy mantiene a Colombia entre los países con mayor índice de percepción de malas prácticas (37 puntos sobre 100, donde cero es el nivel más alto de corrupción), de acuerdo con el reporte presentado por Transparencia Internacional hace un par de meses.

Es tan difícil el panorama de la corrupción en Colombia, que en el año que finaliza, uno de profundas decisiones electorales, este fenómeno terminó convertido en un factor político de peso y en una de las principales banderas políticas.

Así por ejemplo, la campaña presidencial que llevó al solio de Bolívar al presidente Iván Duque, estuvo marcada por el compromiso de todos los candidatos de luchar abiertamente contra la corrupción.

De hecho, y a diferencia de otras contiendas electorales, ya el tema de la paz había quedado en el pasado, pues el imaginario colectivo dio por superado el conflicto armado con las Farc, aún sin que este hubiese sido completamente reglamentado e implementado.

Fue de tal importancia este fenómeno, que por primera vez el Congreso de la República le dio vía libre a una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía si “Aprueba usted…” adoptar ciertas decisiones, políticas y judiciales para castigar a los corruptos.

Inclusive, el tema de la consulta anticorrupción fue un factor de duras controversias en el Legislativo, al punto de que si bien fue apoyada por todas las bancadas -ninguna quería posar ante la opinión como proclive a prácticas non santas- el uribismo condicionó su respaldo a que la convocatoria quedara para después de la segunda vuelta, como efectivamente se aprobó.

Lo más paradójico es que esta consulta consiguió poco menos de 12 millones de votos, es decir 1 millón y medio de sufragios más que el ganador de la segunda vuelta presidencial. Pero, aún sí, no fue suficiente para que se aprobara ni una sola de las siete preguntas que se pusieron a consideración del pueblo el pasado 26 de agosto.

Paquete legislativo

Tras el triunfo del presidente Duque, y sin que la consulta anticorrupción hubiese sido aprobada en las urnas, su amplio caudal electoral sirvió de base para que todas las bancadas, incluidas Centro Democrático y Farc, enriquecieran en una sola iniciativa todos los proyectos malogrados y se radicara un paquete completo de normas anticorrupción, entre proyectos de ley y de reforma constitucional.

Esto, no obstante, tampoco satisfizo a los promotores de la consulta, que señalaron al Gobierno de “dejarlas morir” en su trámite legislativo y de “hacerle conejo” al pueblo.

De hecho, de las 14 propuestas apenas dos fueron aprobadas: la que obliga a los altos funcionarios del Estado a presentar su declaración de renta, y la que establece la rendición de cuentas de los funcionarios de elección popular.

Odebrecht, el plato fuerte

La otra muestra palpable de la influencia política que este año tuvo el flagelo de la corrupción fue el debate de control político que lideró el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, contra el fiscal Néstor Humberto Martínez.

La discusión quedó planteada en dos posiciones diametralmente opuestas: la oposición, que reclamó la renuncia del Fiscal General, a quien señaló de incurrir en conflicto de intereses por haberse desempeñado como abogado de varias empresas vinculadas a los contratos de la firma brasileña Odebrecht, y el uribismo que defendió funcionario.

Al final, en cambio, mientras Martínez salió fortalecido tras desvirtuar los señalamientos en su contra, fue la izquierda la que salió golpeada tras la revelación de un video en el que se ve al senador Gustavo Petro, de la Colombia Humana, recibiendo una gran cantidad de dinero en efectivo.

Esa investigación apenas comienza, pero mostró las falencias de un sector político que hasta el momento había abanderado la lucha contra la corrupción.

El fiscal ad hoc

Otro hecho sin precedentes que dejó ver la importancia política de la corrupción como bandera electoral fue la elección por parte de la Corte Suprema de Justicia de un fiscal ad hoc que conocerá de tres casos relacionados con el escándalo Odebrecht en los que se declararon impedidos tanto el fiscal Martínez como su vicefiscal María Paulina Riveros.

La terna de candidatos, presentada por el presidente Iván Duque, también fue objeto de reparos por parte de diferentes sectores, que vieron en la magistrada Margarita Cabello y en la Secretaría Jurídica de Palacio, Clara María González, otro conflicto de intereses. Al final la Corte eligió a Leonardo Espinosa, decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, como el nuevo fiscal ad hoc, una figura nueva en nuestro ordenamiento jurídico, aún sin reglamentar.

De magistrados a investigados

Por si fuera poco, el año cierra con otra decisión política que tendrá implicaciones jurídicas de fondo. Se trata de la adoptada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que despojó de su investidura al exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo Fernández, vinculado al escándalo de corrupción conocido como el ‘Cartel de la Toga’.

El jurista, al parecer, exigía dinero a cambio de influir en decisiones judiciales y por ello fue acusado de cinco delitos. Así, se convirtió en el segundo exmagistrado de una alta Corte en ser desinvestido y ahora queda en manos de la máxima autoridad judicial del país. El primero fue Jorge Pretelt, de la Corte Constitucional, hoy procesado penalmente por la Corte Suprema por el delito de concusión.

Como se ve, la corrupción fue uno de los grandes actores políticos de mayor protagonismo en el año que termina, y que promete seguir ampliando su influencia en el país en el futuro inmediato.