EN LA Comisión Primera de Cámara, se presentaron los informes de presupuesto para el 2025, y que entregaron varias entidades de índole nacional y de la rama judicial. En referencia al particular este diario consultó con varias entidades si los recursos que dispone el Gobierno, son suficientes para el funcionamiento de las entidades.
Para la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, indicó sobre la baja de recursos. “El presupuesto asignado fue de $9,2 billones de pesos y eso nos está permitiendo ejecutar gastos de funcionamiento por $8,1 billones de pesos; y de inversión por $1,14 billones de pesos. Este presupuesto refleja un aumento del 12,3% con diferencia al de 2023, y con corte al pasado 31 de julio pasado hemos ejecutado el 50%”. Pero, con la ley de Jurisdicción Agraria que se aprobó en esta Cámara, no disponemos de recursos para aplicar esa ley que requiere de $135.000 millones de pesos, pero que tenemos retenidos en los $500.000 millones que el Ministerio de Hacienda no nos ha entregado”.
Por su parte El Consejo Nacional Electoral, CNE, a través del magistrado Cesar Lorduy sostuvo que: “El Ministerio de Hacienda nos redujo el presupuesto en $20.000 millones de pesos, pero este presupuesto solo es suficiente para cumplir con las labores establecidas en la ley, pero nos preocupa que frente al marco de oposición puedan tener los espacios de pagos en los medios de comunicación televisivos y radiales pero que hoy en día eso no se está cumpliendo y son por el orden de los $555.000 millones de pesos en el futuro. La asignación que entrega el Ministerio de Hacienda al Consejo Nacional Electoral, y que el CNE entrega a las distintas colectividades políticas del país es cercana a los $400.000 millones de pesos. Necesitamos recursos en tecnología y personal para atender los procesos electorales que se vienen, pues pasamos de $1.087 millones a $1.063 millones de presupuesto”.
Registraduría y Unidad de Víctimas
De igual manera, el registrador Nacional Hernán Penagos aseguró que “nos preocupa que el Gobierno nacional recortó cerca de $68.000 millones de pesos a la entidad. Con eso nos mantenemos y entendemos que se trata de una situación de transversalidad ocurrido a todas las entidades nacionales. La ejecución está sobre el 47% en gastos de funcionamiento que no superan los $300.000 millones de pesos. Para el próximo se requiere cerca de $4,4 billones de pesos para funcionamiento del 2025, pues queremos aumentar en tecnología biométrica para futuras elecciones”.
Finalmente, la directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, Luz Janeth Forero, explicó que “la Unidad recibió un presupuesto para 2024 por $76.394 millones de pesos, de los cuales tenemos comprometidos cerca de $59.200 millones de pesos. Sin embargo, desde el año 2019 se ha presentado una desfinanciación en la Unidad que ronda los $101.217 millones de pesos, para este año con el recorte, el presupuesto bajó en más del 24% como resultado del recorte general, pese a que para el año 2025 esta entidad solicitó $220.000 millones, sin embargo, nos fue asignado $193.000 millones de pesos”.
Fiscalía y JEP
El secretario general de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, señaló que “la Jurisdicción recibió cerca de $670.000 millones de pesos para este 2024, de los $690.000 que esperaba recibir para su labor de atención a los procesos penales en el marco del acuerdo de paz. Para este año la entidad solicitará para cubrir procesos restaurativos más de $695.000 millones de pesos”.
Finalmente, la subdirectora financiera de la Fiscalía General advirtió que “ara este año recibimos cerca de 6,2 billones de pesos para adelantar labores de funcionamiento, pero requería $9,2 billones de pesos. Para este año estamos solicitando 569.000 millones porque padecemos las mismas dolencias de la rama judicial en términos de infraestructura, planta de personal y falta de tecnología sin contar con la falta de recursos para atender las demandas e indemnizaciones”.