Este miércoles fue presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz el informe ‘Silenciando la verdad: un diagnóstico de los patrones de violencia letal que afectan a excombatientes de las Farc-Ep en Colombia’, que refleja “la gravedad de la situación de seguridad que viven los excombatientes” de esa guerrilla desmovilizada.

El informe fue presentado durante la audiencia pública nacional de seguimiento a las medidas cautelares de protección colectiva a excombatientes que programó la JEP y en la que fueron escuchados varios altos funcionarios del Estado.

“Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 15 de noviembre de este año, se ha podido establecer que han muerto en total 249 excombatientes, es decir está muriendo un excombatiente de las Farc cada cinco días, lo cual es una cifra por supuesto alarmante”, explicó el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo.

El funcionario explicó que de acuerdo con datos de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, los excombatientes residen en 565 municipios, y de ellos en 98 han ocurrido asesinatos de desmovilizados.

Álvarez Santoyo afirmo que proyectando esta situación hasta diciembre de 2024, y a ese ritmo podrían perder la vida 1.600 excombatientes, “lo que sería un mensaje grave para la comunidad nacional e internacional y por supuesto una situación de extrema gravedad para el desarrollo del proceso de paz”, agregó el director de la UIA de la JEP.

El magistrado explicó que el informe, realizado con apoyo del Equipo de Identificación y Advertencia Oportuna de Riesgos de la Unidad, expone tres hipótesis sobre los motivos de agresiones a excombatientes de las antiguas Farc.

La primera es el fenómeno del narcotráfico que, según palabras del director, en gran medida se ha dicho es el responsable de las muertes de los firmantes de paz “pero no podemos explicar de forma general o tener como un patrón general el narcotráfico para la ocurrencia de estos hechos victimizantes”.

Según el informe, en 176 municipios coincide la presencia de cultivos de coca y el lugar de residencia de los excombatientes. Sin embargo, 111 tienen hectáreas sembradas de coca y no registran un solo caso de homicidios (esto significa que el 63% de los territorios cocaleros no evidencian fenómenos homicidas).

La segunda hipótesis se relaciona con rencillas personales. “Es la hipótesis más débil y no tiene realmente ningún fundamento ya que de 249 homicidios cinco tienen como causa detonadora una riña callejera, pelea o trifulca, es decir solo el 2% de este tipo de hechos victimizantes obedece a razones de esta naturaleza, lo cual nos permite concluir que prácticamente son hechos aislados”.

La tercera hipótesis que plantea el informe es que las disidencias “no son una organización criminal única y homogénea”.

Al respecto, Álvarez Santoyo evidenció que existen tres tipos de disidencias: la primera coordinada por alias ‘Gentil Duarte’ que nació en 2016, operan en 21 departamentos y 155 municipios, tienen choques permanentes con la Fuerza Pública y utilizan métodos de control social con la población civil.

El segundo tipo de disidencia conocida como ‘la segunda Marquetalia’ nació en agosto de 2019, opera en la frontera con Venezuela, tiene presencia intermitente en 44 municipios del Cauca, Nariño, Caquetá́, Putumayo, Huila, Tolima y Meta, además de que su relacionamiento con la población civil es mediático y se ha establecido que no tienen poder militar para atacar a la Fuerza Pública.

Y, finalmente, están las disidencias “narcotizadas” que nacieron durante el proceso de paz de La Habana y tienen presencia en 38 municipios y se enfrentan ocasionalmente con la Fuerza Pública.

En cuanto a la metodología del informe, dijo el magistrado Álvarez Santoyo, se utilizó el recaudo y análisis de información que se obtuvo en su gran mayoría de fuentes oficiales.

“Tenemos cuatro fuentes de información: el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación; el Sistema de Información del Ministerio de Justicia; el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado interno del Ministerio del Interior, y el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres del Instituto de Medicina Legal”.

En cuanto a los presuntos perpetradores de los hechos, dice el informe, debido a la pandemia fue necesario consultar las páginas oficiales de la Fiscalía General de la Nación donde se obtuvo información de los boletines que ellos producen.

“Todo esto nos permitió acuñar un concepto de patrón de violencia como el conjunto de hechos victimizantes que tienen una aparición frecuente en una o varias zonas geográficas, y que reúnen elementos de semejanza en el modus operandi y el perfil de las personas o los grupos poblacionales afectados”, concluyó el director de la UIA de la JEP.