Por falsos positivos, o muertes extrajudiciales, ocurridos en Antioquia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputará al general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército. Así lo dio a conocer este martes la Sala de Reconocimiento de Verdad.
Los hechos por los que se señala al exoficial ocurrieron cuando estaba al mando de la IV Brigada del Ejército, entre el primero de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003.
Su nombre fue mencionado en 24 versiones rendidas por comparecientes que están vinculados al Caso 03.
La Jurisdicción lo imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad por mentir sobre el número de bajas y encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza.
Así como por presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados.
No se trató de conductas aisladas o casuales. Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate.
La presión se combinó con mensajes que desincentivaban la producción de otra clase de resultados, como las capturas, y que llevaban a ignorar deliberadamente los deberes legales e institucionales que tenían los militares.
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“Esta práctica de los falsos positivos se vuelve sistemática en el Ejército con la llegada del general (Mario) Montoya al comando de la Séptima División y, posteriormente, al comando del Ejército”, afirmó el pasado 27 de junio el sargento en retiro Fidel Iván Ochoa Blanco, en la audiencia de reconocimiento de responsabilidad de 49 ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el municipio de Dabeiba, Antioquia, entre los años de 2002 y 2006.
Es importante mencionar que hay otras 60 versiones de uniformados que estuvieron bajo el mando del general (r) Montoya y que pertenecieron al Grupo de Caballería Mecanizado N.° 4 'Juan del Corral', la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 5, el Batallón de Artillería N.° 4 'Coronel Jorge Eduardo Sánchez Restrepo', el Batallón de Infantería N.° 32 'General Pedro Justo Berrío', el Batallón de Infantería N.° 10 'Coronel Atanasio Girardot' y el Batallón de Ingenieros de Combate N.° 4 'General Pedro Nel Ospina'.
"Se trazó una política para la victoria militar, ante una amenaza real que se evidenció en el oriente antioqueño. Esa política consistió en el fortalecimiento de las fuerzas militares", señaló la magistrada Catalina Díaz.
De acuerdo con la magistrada de la Sala de Reconocimiento, "en los documentos comenzaron a medirse los resultados cuantitativamente. Tanto las capturas, desmovilizaciones, ataques a bienes civiles como las bajas. Todos eran indicadores del esfuerzo militar".
"En la práctica, de facto, el general (r) Montoya implementó una política en la que el único indicador real por el que se exigía, media, comparaba y requería a todas las unidades militares eran las bajas", agregó Díaz.
"Cuando hacemos imputaciones hacemos un análisis muy detallado de la situación ilegal criminal que está detrás de lo que estamos analizando. Para eso también hacemos análisis de contexto", explicó el magistrado Óscar Parra.
De acuerdo con el magistrado Parra, "las conclusiones están concentradas en una región, en el marco de la política de facto que desarrolla el general (r) Mario Montoya y los otros imputados".
"Nos hemos concentrado en aquellas expresiones, un análisis detallado de cientos de elementos probatorios para dar cuenta de cómo funcionaban esas expresiones en el teatro de operaciones", añadió Parra.