El caso de corrupción del 'cartel de la toga' ya llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que este tribunal aceptara estudiar el proceso del exsenador Álvaro Ashton. 

El excongresista es, entonces, el tercer parapolítico que acepta la JEP, luego de David Char Nava y Ramiro Suárez Corzo. 

Ashton, quien se encuentra privado de su libertad desde octubre de 2017, se comprometió a entregar información efectiva y documentada sobre un grupo de altos funcionarios que habrían tenido relación con este caso de corrupción en la Rama Judicial, principalmente en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Según datos de la Fiscalía, a Ashton la Corte le adelanta varias investigaciones, una de ellas por presuntos nexos con el paramilitar Bloque Norte en Atlántico. La indagación preliminar por este caso inició el 10 de octubre de 2012, y el defensor para esa época era el abogado Luis Ignacio Lyons. En 2013, el proceso quedó en manos del magistrado Malo y su auxiliar, el doctor José Reyes.

Para la Fiscalía, Ashton se habría comunicado directamente con Ricaurte. Juntos se reunieron días después en el Consejo Superior de la Judicatura, el Capitolio Nacional y en su apartamento, con el único propósito de impedir que fuera abierta oficialmente la investigación y evitar una inminente captura. Para lograr esa intermediación presuntamente acordaron el pago de $1.200 millones.

Concepto de Procuraduría

Por no tener nada que ver con el conflicto armado, la Procuraduría negó la pretensión de la defensa del exsenador liberal Álvaro Ashton de remitir copias del expediente disciplinario abierto en el caso del denominado ‘cartel de la toga’ a la JEP.

El pronunciamiento del Ministerio Público fue dado a conocer ayer a través de un comunicado en el que da cuenta de la formulación de pliego de cargos al excongresista por el presunto pago de una millonaria suma al parecer destinada a buscar beneficios frente a actuaciones que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia.

La Procuraduría recordó que ante la JEP conceptuó negativamente la propuesta presentada por el exsenador para que la justicia transicional conociera el proceso penal que por esta misma causa le adelanta la Corte.