La puja en el Congreso sobre si se puede sesionar de manera presencial o si se debe seguir haciendo de manera virtual se ha vuelto el debate principal, como lo ha venido publicando EL NUEVO SIGLO.

Luego que los representantes David Racero (Lista de la Decencia), María José Pizarro (Lista de la Decencia), Katherine Miranda (Alianza Verde), León Fredy Muñoz (Alianza Verde) e Inti Asprilla (Alianza Verde) se hicieran presentes en el Salón Elíptico para participar en la plenaria de la Cámara para comprobar su punto de que el Congreso debe sesionar de manera semipresencial, el presidente de la Comisión de Ética, Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, anunció investigaciones. Estos dos sucesos caldearon los ánimos.

La discusión comenzó cuando congresistas del Centro Democrático y del Partido Conservador radicaron una proposición en la que la Cámara prohíbe a sus parlamentarios asistir a sesiones en el Capitolio para evitar el contagio del coronavirus. La proposición, como también lo contó este Diario, fue aprobada.

Los representantes Racero, Pizarro, Miranda, Asprilla y Muñoz radicaron una acción de tutela, pues a su juicio se les están vulnerando “los derechos fundamentales a la participación política, ejercicio y control del poder político, debido proceso y libertad de expresión”.

Según los representantes, “nuestros derechos fundamentales al debido proceso, participación política y libertad de expresión fueron violados por la plenaria de la Cámara de Representantes al aprobar una proposición que transgrede los mandatos constitucionales y legales en los que se debía fundar”.

Sin embargo, la discusión no se quedó ahí. Ballesteros, presidente de la comisión encargada de vigilar el comportamiento de los congresistas, decidió abrirles investigación a los legisladores de la oposición por violar la cuarentena.

“Como presidente de la Comisión de Ética tengo el deber de atender de manera pronta y eficaz las quejas que se presentan contra los miembros de la corporación. Se han radicado algunas en contra de estos congresistas por, presuntamente, incumplir los presupuestos establecidos en el Código de Ética de los congresistas. Es por eso que la mesa directiva ha decidido abrir acción ético-disciplinaria en contra de ellos”, dijo Ballesteros.

Pizarro, quien segunda vicepresidente de la Cámara, aseguró que “nosotros hemos sido víctimas de amedrentaciones, ataques jurídicos y políticos. Aquí no se acepta que haya oposición, que haya libertad de pensamiento y que quienes pensamos de manera diferente actuemos en consecuencia. Nosotros hemos denunciado que el Congreso no está cumpliendo a cabalidad con sus funciones y por lo tanto, el debate entre la virtualidad y la presencialidad nos ha tenido en este debate que no permite un funcionamiento pleno del Legislativo”.

Según la Ley 1828 de 2017, conocida como Código de Ética del Congresista, las conductas sancionables son “ejecutar actos que afecten la moralidad pública del Congreso; la dignidad y buen nombre de los Congresistas, en la función congresional; abandonar la labor que le ha sido encomendada en desarrollo de la función legislativa, salvo circunstancias que justifiquen su actuación; faltar sin justificación a tres sesiones de plenaria y/o comisión, en un mismo periodo en las que se voten proyectos de acto legislativo, de Ley, mociones de censura o se realicen debates de control político; asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Además, enumera: “Incumplir sin justificación el plazo o prórroga para rendir ponencia de conformidad con el artículo 153 del Reglamento; las Gacetas del Congreso deberán reportar mensualmente la fecha de radicación de los proyectos de Ley, fecha de asignación de ponente y fecha límite en la cual se debe radicar la ponencia; desconocer los derechos de autor o hacer uso indebido de los mismos, contrariando las disposiciones internas y tratados internacionales vigentes; realizar actos que obstaculicen las investigaciones que adelantan las comisiones de Ética de cada cámara”.

Y también “dar al personal de seguridad asignado por la Fuerza Pública o entidades respectivas, funciones diferentes a las de protección ordenadas; y solicitar preferencia al realizar trámites y/o solicitar servicios, en nombre propio o de familiares ante entidades públicas o privadas, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política y el reglamento del Congreso”.

El mismo estatuto estipula que pueden ser sancionados con amonestación escrita y privada ante la Comisión de Ética de la respectiva cámara, cuando la falta sea leve; amonestación escrita y pública ante la plenaria de la respectiva Cámara legislativa, cuando la falta sea grave; y suspensión del ejercicio congresual, en caso de falta gravísima.