Con una imputación de responsabilidad fiscal por $12.087 millones, la Contraloría General inició una investigación contra Óscar Raúl Flórez Chávez, quien se desempeñó como gobernador de Casanare entre 2008 y 2011, por presunto daño patrimonial en la construcción de un proyecto de vivienda de interés social en la ciudad de Yopal.

El organismo de control aseguró que el proyecto "Urbanización Torres del Silencio" lleva más de 10 años en estado de abandono, con graves afectaciones de orden estructural, incumplimiento de la norma de sismo resistencia y deficiencias de calidad, por lo que fue catalogado como “un gran mamut de la corrupción”.

“Para la Contraloría, se trata de obras que no están en las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad habitacional para la familia y mejorar la calidad de vida, como derecho fundamental de la población, así como tampoco la de garantizar los derechos de las comunidades vulnerables o de menores ingresos, brindando la oportunidad de asegurar una estabilidad”, se lee en el comunicado.

Además del exmandatario, también fueron imputados el exdirector de contratación de la Gobernación, Rodrigo Flechas Ramírez, así como el constructor Wilhelm Barrios Hernández, las dos empresas interventoras, el supervisor, cuatro funcionarios de esa administración departamental y cinco de la alcaldía municipal, respectivamente.

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La entidad resaltó que la edificación conocida anteriormente como “Villa Flores”, iba a beneficiar a 400 núcleos familiares; entre ellos se encontraban familias que iban a ser reubicadas por orden del Tribunal Administrativo de Casanare, al igual que población vulnerable como aquellos en condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado interno, adultos mayores, entre otros.

Uno de los aspectos que remarcó la Contraloría fue la falta de planeación para cumplir con el convenio suscrito entre la administración y la constructora. Aspectos como la falta de disponibilidad total de los servicios públicos, falta de habilitación de terrazas, falta total del cierre financiero del proyecto, vencimiento del plazo del primer contrato de interventoría y apropiación de los recursos para contratar una nueva interventoría que garantice el seguimiento y control del convenio.

Cabe recordar que en febrero de este año, el contralor Felipe Córdoba había declarado de impacto nacional la indagación preliminar por la pérdida de recursos en este caso. Se espera que los 15 imputados se presenten a la audiencia de descargos en las oficinas de la entidad, acto que se realizará el próximo 17 de noviembre.