La diligencia fue programada para hoy. El alto Tribunal busca establecer si Torrado participó en una serie de contratos suscritos con la Secretaría de Integración Social entre 2010 y 2011 mediante empresas de su grupo familiar.

Dichos contratos habrían tenido un costo cercano a los $160.000 millones durante la administración del entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.

Esta investigación se abrió en el despacho de la magistrada Patricia Salazar, quien en su momento consideró que existían pruebas suficientes para responsabilizar a Torrado por el delito de tráfico de influencias.

En su momento, la Corte solicitó a la Alcaldía de Bogotá el Informe Final de la Comisión de Seguimiento a la Contratación de Bogotá, buscando determinar las presuntas irregularidades en que pudo incurrir el parlamentario.

La Corte Suprema de Justicia también había informado que el excongresista tenía una investigación en su contra por presuntamente haberse beneficiado con más del 30% de los contratos para el suministro de alimentos en Bogotá.

De otro lado, la Fiscalía General le solicitó al juez 34 de conocimiento emitir fallo condenatorio en contra del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, dentro del tercer proceso que se le adelanta por el ‘Carrusel de la Contratación’.

El fiscal del caso sostuvo que después de siete años de juicio se pudo determinar que el exmandatario incurrió en serias irregularidades para entregar directamente uno de los contratos para la construcción de la fase III de Transmilenio por la Calle 26.

En su argumentación sostuvo que Moreno Rojas incurrió en los delitos de peculado por apropiación agravado y concierto para delinquir.

En los alegatos de conclusión celebrados este lunes está el que indica que el entonces Alcalde de Bogotá habría recibido millonarios sobornos para la celebración del contrato 137 de 2017 que tuvo un valor superior a los $191 mil millones.