La implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 entre el Gobierno y la desmovilizada guerrilla de las Farc avanza de forma “desarticulada” y aunque ha habido algunos progresos, en general es evidente el retraso en algunos aspectos del documento.

Así advirtió la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el segundo informe emitido sobre el tema, que a su vez fue enviado al Congreso de la República.

En el documento, el Ministerio Público señala que a marzo de 2020 solo se ha cumplido 60% de los compromisos previstos en el Plan Marco de Implementación que tenía como plazo de ejecución el periodo 2017 y 2019.

Además, dice que no están creadas todas las herramientas necesarias para hacer un seguimiento integral al proceso, pues el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto no reporta los recursos invertidos ni las acciones desarrolladas en los territorios.

Mientras, 26% de las obligaciones adquiridas no tiene metas establecidas que permitan verificar su ejecución, por ejemplo en el tema de seguridad a líderes, lideresas y defensores.

Sobre Reforma Rural Integral, se encontró que solo han sido adjudicadas 8.230 hectáreas, “cifra preocupante teniendo en cuenta que el objetivo es entregar 3 millones de hectáreas en el año 2027”, y agrega que de los inconvenientes que presenta una parte del millón de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras.

Además, 55% de los casos avanzados corresponde a procesos decididos antes de la firma del Acuerdo de Paz, sin contar que solo uno de los diez planes sectoriales de reforma rural está actualizado.

“Aunque la PGN reconoce avances en la articulación de la oferta institucional para garantizar la presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto, solo una de las 16 subregiones de los programas PDET con Hoja de Ruta Única definida para la implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional”, señala el documento.

Así mismo, el organismo de control urgió al Gobierno la asignación de recursos para avanzar en la formación y actualización del Catastro en 147 municipios.

Participación política

Este es uno de los aspectos que presenta mayor rezago, según la Procuraduría, “debido al estancamiento de proyectos de ley relacionados con garantías y promoción de la inclusión de organizaciones y movimientos sociales, movilización y protesta social, reforma política y aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”.

Sin embargo, destacó la adopción e implementación del Estatuto para la Oposición, el funcionamiento del Consejo Nacional de Paz y la formalización de aproximadamente 475 Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia.

Garantías de seguridad

El Ministerio Público hizo un llamado a culminar la acreditación de los excombatientes, fortalecer el acceso a tierras con fines productivos y aumentar la cobertura de los proyectos aprobados, que en la actualidad solo cobija al 35% de los exintegrantes de las Farc.

También, instó al Gobierno a implementar acciones para reducir los riesgos de seguridad los reinsertados y el fortalecimiento de la capacidad técnica y financiera de la Unidad Nacional de Protección que a marzo de 2020 tenía más de 400 solicitudes pendientes de trámite.

Sustitución de cultivos

Al respecto, la implementación “se ha limitado a atender a las 99.097 familias vinculadas inicialmente en 56 municipios, y no a las más de 188.000 que firmaron acuerdos colectivos, lo que indica que cerca del 52% de quienes manifestaron su voluntad de avanzar en este propósito no ingresaron al programa”. Pero destaca el análisis que 96% de las comunidades estén cumpliendo sus compromisos de erradicación.

“La PGN reiteró su recomendación de que a la discusión sobre la reanudación de la aspersión aérea con glifosato la preceda una redefinición del programa de sustitución, que cuente con la participación de las comunidades y esté articulado con la Reforma Rural Integral”, señala el informe.

Sivjrgnr

Frente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrgnr), el órgano de control evidenció dificultades en su articulación, pero identificó avances en el cumplimiento del mandato y funciones de las tres entidades que conforman el sistema: Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La Procuraduría, no obstante, hizo un llamado a estas entidades para que fortalezcan la implementación de estrategias articuladas a fin de que los comparecientes conozcan y cumplan con sus obligaciones de contribución a la verdad.

Y en procesos de reparación colectiva solamente 2% de los 156 planes aprobados culminaron el proceso.

Presupuesto y financiación

Las falencias que detectó el Ministerio Público se relacionan con planeación, distribución, ejecución y seguimiento de los recursos, así como una excesiva concentración en unos pocos proyectos de inversión, pues “solo 5% de los proyectos concentró 60% de los recursos del presupuesto general destinado a la implementación del acuerdo”.