La Iglesia Católica y varias organizaciones sociales del departamento del Chocó denunciaron “las difíciles condiciones” de derechos humanos que afronta la población civil por parte de los grupos armados que operan en la región.
En un comunicado suscrito por la Diócesis de Apartadó y otras 12 organizaciones, dicen que “continúan las perversas afectaciones” que padecen los habitantes del Chocó “por la deficiente presencia del Estado, el incremento de las agresiones de los actores armados y la corrupción que frena el desarrollo de las comunidades”.
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Además, denuncian que al igual que en otras regiones del país en ese litoral persisten conducta ilegales como el asesinato e intimidación de los líderes, lideresas y comunidades, el reclutamiento de menores de edad, la instalación de minas antipersonales, la instrumentalización de jóvenes y mujeres.
Dice la Iglesia de Apartadó que varias comunidades continúan en el confinamiento forzado, el secuestro, la extorsión, los asesinatos selectivos, el desplazamiento, la pérdida de la autonomía comunitaria y la disputa territorial ejercida por actores armados con diferentes intereses económicos y políticos.
La comunicación advierte que junto a la Defensoría del Pueblo y la Oficina para los derechos humanos de la ONU, a partir del este mes de septiembre se reanudarán las misiones humanitarias de monitoreo, acompañamiento y verificación al interior de los territorios “para oír, documentar y visibilizar las diferentes situaciones que obstaculizan el goce efectivo de derechos de las comunidades expresado en el clamor de sus líderes y autoridades étnicas”.
Por último, reclaman la atención de los organismos de control y de las entidades de protección de los derechos humanos y anuncian que “apoyaremos el Pacto por la Vida y la Paz que se suscribirá a partir del 10 de septiembre del 2020, desde la Costa Pacífica y el Suroccidente de Colombia como una herramienta que recoge nuestro pensamiento y nuestras acciones transformadoras”.