Luego de que Transparencia por Colombia hiciera un llamado a todas las campañas y actores políticos a asumir la lucha contra la corrupción con total seriedad y claridad, teniendo en cuenta los graves efectos que esta genera en nuestro país, se conocen las principales propuestas que hacen los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño en esta área.

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, señaló: “Es valioso que la lucha contra la corrupción haga parte del debate electoral actual, en reconocimiento a la gravedad de esta problemática en nuestro país. Sin embargo, no se puede caer en ligerezas al momento de plantear propuestas para luchar contra los corruptos, ni mucho menos insinuar algún grado de tolerancia con la corrupción para conseguir efectos políticos a favor o en contra de algún candidato. Esto debe ser rechazado con contundencia por toda la sociedad”.

Esta oenegé advierte que cualquier aproximación seria y de fondo sobre cómo superar este flagelo en Colombia debe incorporar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición, frente a los daños causados por actos de corrupción, tal como lo establece el marco jurídico nacional y la indignación creciente de la ciudadanía.

“Esto implica que las víctimas y la sociedad conozcan la verdad sobre los motivos y circunstancias de los casos de corrupción; que se realicen investigaciones efectivas que esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables; que se repare a las víctimas de manera adecuada; y que se impida la realización de las conductas que ocasionaron los daños”, señala la oenegé.

En cuanto a las propuestas sobre la corrupción, que muchos consideran el mayor problema del país, los candidatos señalan:

Federico Gutiérrez

El candidato del Equipo por Colombia propone lo siguiente:

• Cárcel, muerte política y pérdida de investidura para los funcionarios corruptos: que jamás puedan volver a presentar sus nombres a ningún cargo de elección popular, ni puedan ser designados en cargo público alguno. “Vamos a perseguirlos, judicializarlos, y les quitaremos los activos que hayan comprado con la plata que le robaron a Colombia”.
• Acabar con las “leyes negocio” que obligan al ciudadano a hacer pagos por revisiones o requisitos hechos a la medida de negocios de particulares, para capturar rentas. Incluye: revisión previa del impacto de las leyes en la vida y el bolsillo de los ciudadanos.
• Hacer obligatorio el uso de pliegos y proyectos tipo para impedir los contratos a la medida y los sobrecostos en las obras, que es por donde se roban los recursos de los colombianos. Los contratos que vulneren los pliegos y proyectos tipo serán considerados nulos.
• Dejar todos los procesos contractuales en una única plataforma del sistema de compras públicas (Secop 2). Los contratos que se realicen por fuera de la plataforma serán inválidos.
• Unificación de los múltiples y redundantes enfoques de control actuales, que generan ineficiencias y altos costos (Procuraduría, Contraloría, Superintendencias, SGP y SGR). El porcentaje de hallazgos, que se traduce en un proceso fiscal, disciplinario, penal o administrativo, es casi nulo.
• Limitar la contratación interadministrativa en infraestructura, que se ha convertido en un canal de elusión de procesos competitivos o de selección objetiva.
• Realizar audiencias semestrales de rendición de cuentas en la lucha contra la corrupción en los diferentes sectores del Ejecutivo, con participación de todos los órganos de control y liderazgo de la Presidencia de la República.

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Gustavo Petro

Por su parte, el líder de Colombia Humana plantea:

• Lucha frontal contra la corrupción. El proceso de democratización del Estado pasa por asegurar un mayor nivel de participación vinculante de la ciudadanía en las decisiones públicas, incluyendo el impulso a los presupuestos participativos y el acceso a la información pública, especialmente el ciclo de gestión de los recursos en todos los niveles del Estado, en la perspectiva de garantizar el carácter público de las finanzas.
• Fortalecer la vigilancia efectiva a toda la contratación pública para garantizar transparencia, economía y eficacia. Promover una legislación de protección al denunciante de la corrupción.
• Restaurar el equilibrio y la independencia de los poderes públicos, fortaleciendo su autonomía funcional y financiera. Respetar efectivamente el sistema de pesos y contrapesos y derrotar a las mafias que han cooptado los poderes públicos y amenazan su estabilidad y seguridad.
• Reforma a la justicia y a organismos de control. Promover una reforma a la justicia que tenga como pilares: la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solución de conflictos.
• La reestructuración de la Policía Nacional debe contar con una amplia participación ciudadana que recoja tanto las experiencias como las propuestas, las particularidades de los territorios y la manera de enfrentar la corrupción al interior de la institución, con un alto componente de veeduría ciudadana permanente en todas y cada una de sus actuaciones.

Sergio Fajardo

El aspirante de la Coalición Centro Esperanza asegura que comenzará a luchar contra la corrupción desde el primer día. Propone:

• Promulgar el 7 de agosto del 2022 una directriz presidencial que oriente a las entidades para exigir que los funcionarios sectoriales asuman la responsabilidad política por los casos de corrupción que se presenten bajo su gestión y así identifiquen a las víctimas y tipifiquen la vulneración de sus derechos; prioricen mecanismos a su alcance para atender a esas víctimas de manera inmediata (sin detrimento de las acciones legales en cabeza de los órganos de control y sin las condenas finales); fortalezcan las pruebas para judicializar a los responsables; y coordinen con las autoridades la recuperación expedita de los activos perdidos a favor de las víctimas.
• En los primeros seis meses de gobierno entrará en funcionamiento el Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción (ley 2195 de 2022), el cual se irá fortaleciendo durante el mandato.
• Elaborar un informe detallado de los principales casos de corrupción de los últimos cuatro años, en los territorios más pobres, identificando las víctimas colectivamente consideradas en salud, educación, vivienda y otros servicios públicos. Y diseñar programas especiales para garantizar los derechos vulnerados a las mismas.
• La Agencia nacional de prevención y lucha contra la corrupción hará seguimiento a los programas y compromisos anticorrupción incluidos en cada política sectorial, coadyuvará a su articulación a nivel territorial y puesta en marcha, y les hará seguimiento oportuno.