Fallidas han sido cinco votaciones para escoger a su cabeza para el presente año. Una explicación sería que no están todos los magistrados

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El visor de la opinión pública está en el día enfocado en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, no curiosamente por una decisión gruesa que deba tomar en materia penal, sino porque por fin sus magistrados elegirán Presidente de la Corporación para el presente año pues no lo han logrado en las cinco votaciones que se han realizado desde enero pasado.

En cambio, desde hace semanas el Consejo de Estado y la Corte Constitucional eligieron a sus respectivos dignatarios.

Fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO coincidieron en que a pesar de que persisten los bloques de magistrados y las diferencias que se han generado alrededor de esta elección, como lo demuestra que a pesar que solo hay dos postulados a la presidencia y la vicepresidencia ninguno ha logrado los 16 votos necesarios para establecer la mayoría, los 18 juristas con los que actualmente cuenta la Corte Suprema se identifican en que esta decisión no da más espera porque afecta la imagen de esta Corporación y pone en entredicho el cumplimiento de su función electoral.

Por ello habría la intención entre los magistrados de las salas de Casación Penal, de Casación Laboral y de Casación Civil y Agraria, de hacer los mayores esfuerzos con el propósito de alcanzar el consenso y elegir hoy al Presidente y Vicepresidente para 2019.

Si la Corte Suprema no logra hoy salir de esta ‘papa caliente’, esta elección se quedará en suspenso hasta el 25 del presente mes, cuando está programada la siguiente sala plena.

A la presidencia de la Corte este año está aspirando el magistrado Álvaro Fernando García, de la Sala Civil, siguiendo la costumbre existente en la Corporación acerca de que quien ocupó la vicepresidencia, en el año siguiente debe acceder a la presidencia.

En una de las cinco votaciones que ha adelantado la Corporación el magistrado García estuvo muy cerca de ser elegido presidente, pues 14 magistrados votaron por su nombre.

En tanto que la vicepresidencia de la Corte Suprema este año le corresponde a la Sala Laboral y el único candidato es el jurista Jorge Luis Quiroz Alemán.

Como consecuencia el alto Tribunal ha tenido que recurrir a la figura de Presidente encargado mientras que se resuelve el asunto de la elección del titular. El 24 de enero pasado la Sala Plena designó como presidente encargado al magistrado José Francisco Acuña Vizcaya, a quien le correspondió esta responsabilidad en primera instancia porque en estos casos se encomienda por orden alfabético.

Sin embargo, poco después el togado Acuña Vizcaya renunció a este encargo aduciendo motivos de salud, por ello el alto Tribunal se vio en la necesidad de nombrar un nuevo Presidente en calidad de encargado. En esta oportunidad le correspondió, por razón del orden alfabético, al magistrado Gerardo Botero Zuluaga, quien se mantiene hasta el día de hoy.

Explicación

Un hecho de a puño que explicaría en primer término las dificultades que ha tenido la Corte Suprema para elegir su presidente este año es que en la actualidad apenas cuenta con 18 de los 23 magistrados que lo componen, pues no se han llenado las vacantes de juristas que han salido por finalizar su periodo, así como se suma la situación de Gustavo Malo, quien se encuentra suspendido de su cargo pues en la actualidad afronta un juicio por presuntos actos de corrupción.

Es decir, que como están las cosas, para ser elegido Presidente de la Corte Suprema de Justicia se requiere consenso, pues es la única manera de alcanzar 16 de los 18 votos posibles en estos momentos.

También habría conspirado para que se presente esta situación, esto se dice en los pasillos, el supuesto interés de algunos magistrados de poner a uno de los suyos en el cargo de presidente, esto teniendo en cuenta que en diciembre próximo habrá que elegir Registrador Nacional del Estado Civil porque llega a su fin el periodo de cuatro años de Juan Carlos Galindo.

La ley establece que el Registrador Nacional será elegido por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, mediante concurso de méritos.

Este asunto habría generado varios bloques, uno de los cuales habría propuesto que antes de elegir el Presidente de la Corporación para la presente vigencia se debía hablar de la elección del Registrador Nacional y de la elección para llenar las vacantes que hay en este momento: en la Sala Penal para reemplazar a Fernando Castro y a José Luis Barceló; en tanto que en la Laboral a Luis Gabriel Miranda y Mauricio Burgos, y una más en la Sala de Instrucción, que no se ha llenado desde que esta se creó.

La función electoral encomendada a las altas Cortes por la Constitución del 91 ha tenido sus bemoles en el caso de la Suprema de Justicia, como se vio en 2013, cuando alcanzó a sumar a su interior cinco vacantes sin ocupar.

En 2017 también se registró un episodio de este tipo a raíz de que la Corte debía presentar ante el Senado una de las ternas pues había una plaza en la Corte Constitucional porque un magistrado finalizó su periodo.

Desde octubre de 2016 el alto Tribunal inició las votaciones con alrededor de 57 aspirantes, no obstante, una y otra vez la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia fracasó en su intento de integrar la terna por la falta de consenso entre sus togados. Solo en julio de 2017 pudo integrar esa terna.

Aspirante a presidencia

Álvaro Fernando García Restrepo (2014 - 2022), egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Realizó estudios superiores de Filosofía y Letras en la Universidad de Antioquia; es especialista en Derecho de Familia y cuenta con diversos diplomados en áreas del Derecho Civil. Después de ejercer su profesión de manera independiente, llegó como conjuez al Tribunal Superior de Antioquia para luego ser designado como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

Aspirante a vicepresidencia

Jorge Luis Quiroz (2016 - 2024), egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana y en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. Fue nombrado como Magistrado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para hacer parte de la Sala Laboral, reemplazando a Gustavo Hernando López Algarra.