PARA evidenciar que el sistema de salud en Colombia está quedando sin oxígeno y corre el riesgo de colapsar ante el incumplimiento de pagos de las EPS, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) aprobó por unanimidad realizar un plantón mañana en la mayoría de los centros asistenciales del país.

“Viabilizar la crisis financiera de los hospitales públicos del país, frente al no pago por parte de las EPS y la consecuente afectación de los servicios de salud para los usuarios” es el objetivo de esta protesta pacífica, indicó Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de dicha Asociación, quien invitó a trabajadores, proveedores y colombianos en general a sumarse a esta protesta en defensa de “nuestras entidades y de la salud de todos”.

Como es de público conocimiento, las deudas ahogaron el sistema de la salud en Colombia, poniendo en ‘código azul’ o al borde del colapso a 350 hospitales públicos en 17 departamentos.

Con corte a junio pasado, la deuda de las EPS era de $8,5 billones, impactando gravemente no solo las finanzas sino la operatividad de estas empresas sociales del Estado, al punto que a hoy no sólo han incumplido sus obligaciones con proveedores, sino con sus trabajadores y desde semanas atrás se registra escasez de insumos (medicamentos).

Zuluaga Rodríguez recordó que si bien “desde hace tiempo el sistema de la salud, y en especial, los hospitales públicos cada vez ven más agotan sus posibilidades de sobrevivir, debido al enorme y progresivo aumento de las deudas por parte de las EPS y de diferentes aseguradoras”, la situación actual es grave y preocupante porque se traduce en la falta de atención médica a los ciudadanos.

Se tiene programado para el plantón varias reuniones informativas con usuarios y trabajadores, quienes vestirán camisetas blancas y exhibirán carteleras para concientizar a los colombianos de la grave situación.

“Nos haremos oír de los tomadores de decisiones del sector salud y de las diferentes EPS y demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. La crisis de la salud es una crisis de todos”, puntualizó Zuluaga.

Las razones de las EPS

Las EPS han advertido que muchas de las demoras en el pago a los prestadores de los servicios, hospitales e IPS, se generan porque no son suficientes los recursos que el Estado les entrega por medio de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), por cada afiliado, y los presupuestos máximos, los dineros para financiar tratamientos y atención de enfermedades no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

En agosto pasado, tres de las EPS más grandes: Compensar, Sura y Sanitas, pusieron el dedo en la llaga de este problema en una carta que hicieron llegar al presidente, Gustavo Petro, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en donde describen la “angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y, así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población".

Agregaron en la misiva que "los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8% respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7%".

Añadieron que "al no ajustar la UPC por condiciones de salud (perfil epidemiológico), varias EPS presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”.

Por su parte, el ministro Jaramillo indicó que están casi al día con el giro de recursos a las EPS, con la salvedad de unas deudas por la pandemia, y sostuvo que el valor de la UPC fue incrementado este año suficientemente para que paguen los servicios.

Agregó que el presupuesto de salud este año se incrementó un 25.4% y la UPC en un 16.23%.

La controversia sobre el particular sigue, por lo que el Ministerio y las citadas EPS sostienen mesas técnicas para analizar si los recursos que reciben son o no suficientes.