Desde este fin de semana están faltando 16 meses para las elecciones parlamentarias de 2022 y a partir del viernes apenas un mes para que la legislatura entre en receso hasta marzo.
En este contexto avanza satisfactoriamente hasta ahora, aunque no sin uno u otro contratiempo, el proyecto de reforma al Código Electoral, pero al mismo tiempo les está cogiendo la noche a las iniciativas radicadas o por radicar sobre temas políticos.
El viernes las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la reforma al Código Electoral radicada el 24 de agosto con mensaje de urgencia por la ministra del Interior, Alicia Arango, el registrador nacional Alexander Vega y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos.
El siguiente paso es la confección de las ponencias que se llevarán a las plenarias, para lo cual queda, como ya se dijo, un mes, de modo que hay tiempo suficiente para la aprobación antes del receso.
Los congresistas de las comisiones primeras quedaron con el compromiso de buscar durante el ajuste de la ponencia un acuerdo político sobre garantías electorales que remplace los preceptos contenidos en la Ley de Garantías que incluya por supuesto al Gobierno, pero también alcaldes y gobernadores, a través de las federaciones Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) y Nacional de Departamentos (FND).
Una subcomisión acordó excluir por ahora cualquier referencia a la Ley de Garantías y redactar de manera multipartidista el texto que será radicado para los debates en las plenarias.
Desde el punto de vista del senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, el jueves por la noche “logramos detener la derogatoria de la Ley de Garantías electorales en último momento, logrando empatar la votación en la Comisión Primera de Senado que perdimos en Cámara. Para plenaria debe construirse un nuevo estatuto de garantías electorales”.
Este viernes se aprobó casi por unanimidad el artículo 268 del proyecto de reforma al Código Electoral con el siguiente texto: “Vigencia. El presente Código Electoral rige a partir de su promulgación y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias”.
Paridad
Para el coordinador de ponentes, el senador Armando Benedetti, que renunció en octubre al Partido Social de Unidad Nacional (La U), uno de los puntos clave aprobados en primer y tercer debates simultáneos es la paridad en las listas a los cuerpos colegiados.
“Hay dos tradiciones importantes en Occidente. Una de ellas es el imperio de la ley, la filosofía liberal, los derechos humanos y las libertades individuales. Se anteponen cómo nos elegimos y la dignidad e igualdad entre los gobernantes y los gobernados, que no existe. Esas dos se anteponen. Vamos a tratar esta última en el Código Electoral. Hay varios temas. La paridad de género. Toda corporación pública va a estar conformada en un 50% por mujeres, pero más adelante, en un año, trataré de avanzar que el 50% del Senado tendrá que estar conformado por mujeres”, sostuvo.
Efectivamente, en la sesión del lunes, las comisiones aprobaron el artículo 84, según el cual las listas para elegir cinco o más curules en corporaciones de elección popular deberán conformarse por un mínimo del 50% de mujeres sobre el número de candidatos inscritos. Por ejemplo, en una lista de seis curules a proveer, esta deberá conformarse con tres mujeres y tres hombres.
Sobre las listas de menos de cinco curules se aplicará el 30% para la conformación de la cuota de género.
Pero la paridad fue un poco más allá de las listas elaboradas por los partidos políticos. Benedetti anotó al respecto que “en este momento quedó que hay dos delegadas de la Registraduría en todo el país, en todos los departamentos. Uno será mujer, otro será hombre”.
Código Electoral
El Código Electoral avanzó para que la Registraduría cuente con una Unidad Informática. Sobre esto, Benedetti manifestó que “una cosa es el preconteo, que es con lo que celebramos nosotros los políticos, y otra cosa es el escrutinio, que es lo que es legal en la votación, lo que queda en el papel. Actualmente, no hay software para el escrutinio. Por eso, vamos a hacer que con la plata de la Registraduría se compre un software para que el CNE tenga cómo realmente pueda hacer un escrutinio”.
Añadió que bajo esa premisa, “de la mano del doctor Petro, logramos que las auditorías se hagan en tiempo real y en todo el proceso electoral. Además, que en tiempo real vamos a estar metidos en una sala. Eso quiere decir que los dirigentes o los delegados de cada partido, que van a ver la transmisión de datos, incluso en aquellas mesas que no hayan transmitido un dato, ahí podrá ver cada delegado lo que está pasando. Por otro lado, va a haber también una Unidad de Informática para que la Registraduría esté de tú a tú con los operadores que se van a contratar”.
“Entre las cosas que también se hicieron es que las personas no tendrán que inscribirse como antes. Dos, va a haber una cédula digital, un proceso de autenticación por primera vez. Va a haber una modalidad de voto que es la presencial, que puede ser mixta o una solamente, pero en últimas lo que queremos hacer es que usted va, espicha un botón, dice por cuál candidato va votar y se va a la urna. Ahí se rompe la trazabilidad. Pero además si hay una diferencia entre la máquina y la urna se va a escoger la urna. Por lo tanto, la urna sigue existiendo y es lo que llamamos mixto”, dijo Benedetti.
Hay otra que llamamos la no presencial, que en principio se ha pensado para los colombianos en el exterior, que son 7 millones y que solo votan 300.000. ¿Por qué queremos que esa gente vote? Porque lo podría hacer desde su escritorio. ¿Por qué tan poquita gente vota? Porque no tiene plata para el metro, porque tienen que trabajar, porque les queda muy lejos, porque no tienen los papeles y les da miedo. A mí personalmente no me gusta esa idea”, agregó.
Así, las comisiones primeras aprobaron la posibilidad de establecer el voto anticipado presencial y no presencial solo para los comicios en el exterior.
El registrador Vega lamentó la decisión por tratarse de una reforma a largo plazo, expresando que “Colombia debería dejar un modelo que permita tener la posibilidad de tener un voto remoto, porque si la pandemia o cualquier situación adversa nos impide ir a votar, hay que darle a los ciudadanos la posibilidad de tener un modelo alternativo no presencial, no todo puede ser voto presencial”.
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, sostuvo que “entendemos que hay muchos colombianos que quisieran votar remotamente en el exterior, pero para ello se va a habilitar la posibilidad del voto anticipado, guardando siempre los procedimientos de apertura y cierre, es decir, que todos los días se consolida la votación y se anuncian los resultados”.
Reforma política
Sobre los demás proyectos, el más avanzado (aunque está a poco de entrar en cuidados intensivos) es el de reforma política que fue presentado por la bancada liberal, acumulado con el de la bancada alternativa y con otra iniciativa para limitar la reelección en los cuerpos colegiados.
Se trata del proyecto de acto legislativo 02 de 2020 Senado, aprobado el 15 de octubre por la Comisión Primera y que hace casi un mes espera ser agendado en la plenaria de Senado para recibir segundo debate.
Entre los puntos que trae la ponencia preparada por los senadores Roy Barreras (ex La U), Carlos Guevara (MIRA), Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres), Gustavo Petro (Colombia Humana) y Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) está que no haya limitaciones a los derechos políticos por sanciones que no sean judiciales y que nadie pueda elegirse para más de tres periodos en las corporaciones de elección popular, no importa si son o no son consecutivos.
Propone que la financiación de las campañas políticas sea preponderantemente estatal y que la ley establezca la responsabilidad para los representantes legales de las organizaciones políticas, directivos de campañas, candidatos y particulares que violen las disposiciones sobre financiación; así mismo se plantea que la ley pueda limitar el monto total de los gastos de las campañas y las cuantías de las contribuciones privadas, y que como consecuencia las organizaciones políticas y los candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el origen, cuantía y destino de los ingresos.
Se prevé que el Estado garantice el funcionamiento del servicio público y gratuito de transporte durante las elecciones.
Se establece la alternancia entre la lista cerrada y el voto preferente, es decir que en un proceso electoral las colectividades presentarán lista con un mecanismo y en la siguiente con el otro, empezando con listas cerradas y bloqueadas en los primeros comicios que se realicen tras la promulgación del acto legislativo.
La conformación de esas listas se hará mediante mecanismos de democracia interna de conformidad con la ley y los estatutos de cada partido o movimiento político; para su integración se aplicarán las normas sobre financiación, publicidad y acceso a los medios de comunicación públicos. La escogencia de los candidatos se realizará en una fecha simultánea o única definida por la Registraduría Nacional.
El proyecto también propone crear un Tribunal Electoral al interior de lo contencioso-administrativo, con magistrados elegidos por mérito que resuelvan las controversias electorales, que actuará como juez de primera instancia para decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la Ley (en ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos).
Así mismo, podrá conocer las demandas de nulidad de las elecciones, con excepción de las interpuestas contra la elección de aforados constitucionales; y por solicitud del CNE, declarar la pérdida y suspensión de la personería jurídica y la privación del derecho a presentar candidatos en una circunscripción a los partidos y movimientos políticos. El Consejo de Estado seguirá siendo el máximo tribunal de cierre de lo contencioso administrativo.
En el articulado, además se congela la asignación salarial de los altos cargos del Estado por cuatro años (es decir, a todos los servidores públicos con salarios por encima de los 20 salarios mínimos), exceptuando al cuerpo diplomático; se recupera la segunda curul de los colombianos en el exterior; y se establece el mecanismo del cuociente electoral para la distribución de las curules en los órganos de elección popular.
Como se dijo, el proyecto de reforma constitucional está listo para recibir el segundo de ocho debates, todos los cuales tienen que desarrollarse en cuatro meses (uno antes del receso y tres entre marzo y junio, cuando concluye la legislatura). Si no empieza a discutirse esta semana en la plenaria del Senado se irá quedando sin tiempo.
Otros proyectos
En el artículo 119 del proyecto de Código Electoral, sobre veda de encuestas, las comisiones primeras aprobaron que la realización y publicación de sondeos sobre intención de voto quedaría prohibida 48 horas antes del domingo de las elecciones, pero se acordó que en las ponencias que se llevarán a las plenarias dicho plazo se aumentará a 15 días.
Sobre este tema hay dos proyectos que esperan primer debate en la Comisión Primera del Senado. El primero radicado el 13 de agosto por el senador Benedetti ya tiene ponencia positiva desde el 1 de octubre.
“Otro punto es la regulación de las casas encuestadoras”, expresó Benedetti. “Ellas distorsionan todo. A veces lo hacen por intereses. Para que no sea así hemos tomado con Rodrigo Lara toda la reglamentación que existe actualmente de las casas de encuestas y las hemos mejorado. Por ejemplo, tendrán que tener mejores encuestas, tendrán que hacerlas obligatorias por ejemplo, no solo en Barranquilla, sino en todo el departamento. Tendrán una veda de ocho días, tendrán que mostrar la trazabilidad para que cualquier colombiano que quiera sabe de eso, lo va a conocer. Esto es para poner en cintura a las casas de encuestas que han distorsionado varías elecciones”. Lara es el ponente de la iniciativa.
El otro proyecto fue radicado al día siguiente por congresistas de partidos gobiernistas, independientes y opositores. Aún no tiene ponencia.
También se pretende legislar sobre voto para militares (con ponencia positiva desde el 25 de septiembre) y acerca de las listas de las coaliciones a las corporaciones públicas (con dos ponencias desde el 23 de septiembre y el 1 de octubre). Ambas iniciativas esperan primer debate en la Comisión Primera del Senado.
Finalmente hay dos propuestas legislativas sobre mujeres radicadas el 20 de julio: una que busca que se establezcan medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, aún sin ponencia; y otra para incentivar la participación de la mujer en política, con ponencia positiva para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.