La reforma de la Ley de Garantías está en veremos porque el Congreso no alcanzaría a aprobar el respectivo proyecto para que se pueda aplicar antes de las próximas elecciones regionales.
Así lo advirtió el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, quien le señaló a EL NUEVO SIGLO “que el trámite del proyecto de ley estatutaria que busca eliminar la Ley de Garantías por calendario legislativo está muy ajustado, en dado caso de que se le dé prioridad ya sea en las sesiones ordinarias en marzo o en las extras en febrero”.
Camargo recordó que, además del trámite legislativo, se trata de un proyecto que tiene control constitucional, en un procedimiento en que “la Corte se tomaría no menos de tres meses”.
Sobre este mismo tema ya se había pronunciado la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicando que la iniciativa “tuvo su primer debate en la Comisión Primera del Senado y tendrá que continuar para las sesiones del próximo año. Si sale, a junio del año entrante, es oportuna para poderle dar una respuesta a un mecanismo, o prácticamente suspender un mecanismo, que se dio luego de la aprobación de la reelección en el país”.
Se trata del proyecto 193 de 2018 Senado, “por medio del cual se modifica el parágrafo del Artículo 38 de la Ley 996 de 2005”, radicado el 1 de noviembre de 2018 por los congresistas Milene Jarava (Opción Ciudadana), Kellyn González (Partido Liberal), Oscar Tulio Lizcano (Partido Social de Unidad Nacional, La U), Hernando Guido Ponce (La U), Oscar Darío Pérez (Centro Democrático), Enrique Cabrales (Centro Democrático), Carlos Manuel Meisel (Centro Democrático), Alejandro Corrales (Centro Democrático), Gabriel Jaime Velasco (Centro Democrático), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Santiago Valencia (Centro Democrático), Ciro Ramírez (Centro Democrático) y Álvaro Uribe (Centro Democrático).
La iniciativa busca que únicamente se prohíba, en los cuatro meses anteriores a las elecciones, celebrar convenios interadministrativos con entidades del mismo nivel para la ejecución de recursos.
El senador Uribe aseguró que esta medida permitirá que los planes de gobierno de los mandatarios locales se puedan ejecutar de forma más eficiente y negó que esta iniciativa promueva la corrupción.
“Los gobiernos locales y departamentales tienen que actuar con toda la transparencia y este proyecto se tramitará además del paquete anticorrupción presentado por el Gobierno”, señaló.
Actualmente, para cualquier elección la Ley de Garantías rige durante los cuatro meses anteriores a la celebración del evento electoral. Desconocer la Ley de Garantías puede acarrear la nulidad del contrato que se celebre en contravención de la normatividad citada, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal que le pueda ser exigible al servidor que incurra en esa conducta. La Ley de Garantías no proscribe las prórrogas, modificaciones, adiciones o cesiones de los contratos suscritos antes de la campaña presidencial, conforme lo ha señalado la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
Respecto a cualquier elección, se prohíbe a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas de orden municipal, departamental o distrital celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos. En consecuencia, a las entidades que no sean del orden territorial no le es aplicable esta restricción.
“Un absurdo”
Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, ha manifestado que la Ley de Garantías “es un absurdo, porque en realidad no controla ninguna posibilidad de destinar recursos públicos a financiar campañas. Lo que hace es paralizar el desarrollo, limita los convenios que tienen que darse entre el Gobierno central y los locales para cofinanciar obras”.
Cabe recordar que tanto los gobernadores como los alcaldes le pidieron al Gobierno nacional enviar al Congreso un mensaje de urgencia al proyecto.
Los mandatarios han aplaudido la iniciativa, especialmente en lo concerniente a las prohibiciones para la contratación o convenios interadministrativos, participación en eventos de campaña o autorización de inmuebles públicos para la celebración de actividades proselitistas.
La modificación añade que los convenios interadministrativos no pueden celebrarse en el mismo nivel territorial, por lo que “los acuerdos de ejecución de recursos que celebren las entidades del orden nacional con las territoriales, como también el aporte de recursos de estas últimas a dichos acuerdos quedan exceptuadas”.
Ya los alcaldes y gobernadores habían señalado que “se corre el riesgo de que los términos que necesita la Corte Constitucional para la revisión de la nueva ley, una vez aprobada en la legislación ordinaria, obliguen a que esta entre en vigencia para el período electoral de 2022”.
“Con esa iniciativa legislativa se busca que, durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, se puedan celebrar con las entidades del orden nacional y territorial convenios, restringiendo a los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital para celebrar convenios interadministrativos con entidades del mismo nivel territorial”, explicaron.