El excontralor cuestionó que en la reforma al control fiscal se busque fortalecerlas

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Durante una audiencia realizada ayer en la Comisión Primera del Senado, el excontralor general Edgardo Maya Villazón se refirió al proyecto de reforma del control fiscal.

El también exprocurador señaló que la iniciativa, que actualmente hace trámite en el Congreso de la Republica, es “positiva” en algunos aspectos, no obstante, señaló que es “negativo” que busque el fortalecimiento de las contralorías territoriales, las cuales considera que deberían dejar de existir.

 “Hay que crear una contraloría única y acabar con las contralorías municipales y departamentales. En ningún país serio del mundo existen 65 contralorías y cada una decide como considera y  aplica las normas de control fiscal según su real saber entender. Eso hay que mirarlo muy bien”, sostuvo.

Y añadió: “Lo dije antes de ser Contralor, lo dije durante la Contraloría, lo digo ahora porque estoy convencido de eso. La única forma de ejercer el control fiscal es con una contraloría única.  Hay una Policía, una sola Fiscalía, una sola Procuraduría. Este es un estado unitario, esto no es federalismo. Hay en cada departamento unos entes aislados, unos con 1.000 funcionarios y otros con ocho o 10 funcionarios que ejercen el control fiscal”.

Maya se mostró contrario a que en una norma constitucional se establezca un aumento del presupuesto para la entidad.  “Hay que evitar que estas normas presupuestales de cuantificación vayan en la constitución. Se deben hacer estudios  si es necesario el incremento. Yo fui Contralor cuatro años, la Contraloría tiene gente muy capacitada, técnicos muy capacitados, si se necesita  mejorar la capacidad de esos funcionarios que tienen 20, 30 y hasta 40 años de funciones hay que hacerlo”, apuntó.

En relación a las críticas sobre que el control preventivo que pretende establecer el proyecto, podría revivir la figura del control previo que existía antes de 1991, señaló que esta figura la “enterró la Constituyente del año 91, no hay ninguna posibilidad que el Congreso de la República pueda revivir ese control que fue la fuente de corrupción más grande de las que ha tenido el país en su historia.  Lo que se está planteando es una función preventiva que es el mismo control de advertencia que la Corte Constitucional declaró inexequible, pero que ahora se le está dando un rango de carácter constitucional con dos condiciones: que sea exclusivo del Contralor general de la república y, en segundo lugar,  que sea excepcional. Pero que no se haga como en el pasado que se llegaron a hacer cientos de controles previos”.

“Hay una queja permanente. Por ejemplo, en los procesos licitatorios en la formulación de los pliegos de condiciones. Entonces preguntan dónde están los órganos de control, dónde está la Procuraduría, dónde la Contraloría. En esos momentos, en hechos de una gravedad extrema en que se vaya a dar un daño al patrimonio público, es el momento en que se puede hacer. De lo contrario, no veo viable la posibilidad de que esa función quede.  Si se busca asimilarlo al control previo que existió en el pasado tenga la certeza que la Corte Constitucional lo tumbará”, agregó.

Finalmente, Maya se mostró en contra de la propuesta del Consejo Gremial de crear un consejo asesor en el que participe el sector privado y público. “Dos entidades recobraron su autonomía con la Constitución de 1991. La Procuraduría y la Contraloría General de la República. No puede haber nadie por encima del Contralor ni nadie por encima del Procurador porque eso derrumba la independencia. Eso es totalmente inadmisible”, afirmó.

En la audiencia también participó Carlos Felipe Córdoba y el auditor general, Carlos Hernán Rodríguez. Córdoba  reiteró que en el texto de reforma constitucional, que ya avanzado en seis de sus ocho debates,  está “claro que la Contraloría no va a coadministrar”.

"Tienen que estar tranquilos, además  porque los temas que se aprueben en el acto legislativo requerirán una posterior reglamentación y podrán ayudarnos en esta tarea", añadió, en referencia a algunos cuestionamientos que ha recibido el proyecto.  "No hay que tener miedo. No tengo ánimo de sobreactuarme, sino de cuidar bien los recursos públicos”, subrayó el Contralor.

Sostuvo, además, que la  prueba de que no hay afán de burocratizar la Contraloría es que los sindicatos de la entidad apoyan y han ayudado a construir y socializar el proyecto.

"El control fiscal está en una crisis impresionante, por lo que el acto legislativo en trámite en el Congreso es una oportunidad histórica para introducir cambios al sistema, para hacerlo más operativo", afirmó, por su parte, el auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez.