El senador conservador Eduardo Enríquez Maya confía que por fin, después de promulgada la Constitución de 1991, se pueda expedir una nueva reforma a la justicia.
EL NUEVO SIGLO: ¿En qué va la reforma a la justicia presentada por la Procuraduría?
EDUARDO ENRÍQUEZ MAYA: El procurador general de la Nación en compañía de la Corporación Excelencia por la Justicia y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, representantes de las etnias, de universidades, de personas reconocidas en el mundo jurídico, el español Luis García, recogieron una serie de inquietudes de los conciudadanos para construir un proyecto de ley que tiene que ver con la justicia de carácter local y rural.
Ese proyecto fue presentado a consideración del Congreso, fue aprobado en primer debate, y en síntesis podría decir que el fin de ese proyecto es acercar al ciudadano a la administración de justicia, sobre todo teniendo en cuenta la población rural, que va más allá de los 12 millones de colombianos.
También busca estructurar una comisión nacional, una comisión departamental y un comité municipal, donde confluyen las fuerzas de todas las autoridades: el Ejecutivo, los Concejos Municipales, las Asambleas, las universidades y la ciudanía. Es decir, unos personeros de la administración de justicia que se encarguen de acercar a los ciudadanos.
ENS: ¿Es una gran reforma?
EEM: Esto es parte de una reforma integral. Año tras año se han desvanecido las ilusiones de los colombianos para tener un sistema de administración de justicia sólido. Se ha dicho con razón que si un país no tiene un sistema sólido de administración de justicia ese país no tiene futuro, no tiene horizonte.
Creo que debemos ponernos de acuerdo para concertar en lo posible una reforma de administración de justicia después de los 18 intentos que se han hecho en Colombia, después de expedir la Constitución Política de los colombianos.
ENS: ¿Le ve futuro a la iniciativa en la plenaria del Senado?
EEM: Sí, por supuesto. Repito es el primer proyecto que en esta materia llega a consideración del Congreso de la República de iniciativa popular, con la presencia de las entidades que ya enumeré y con una adición muy importante para que la sección rural de Colombia y la población local de nuestro país tengan acceso a la Justicia.
Vea usted que tan solo hace cuatro o cinco años todos los municipios de Colombia tienen juez, y ese juez se llama Promiscuo Municipal, eso quiere decir que atiende todas las demandas de los ciudadanos. Colombia solo tiene 11 jueces para 100 mil habitantes, muy por debajo de las cifran que ha dado a conocer la OCDE: para 100 mil habitantes se necesitan 65 jueces. Entonces se debe adoptar una política de Estado para poner paños de agua tibia en la Justicia en Colombia.
ENS: ¿Qué se espera ahora?
EEM: Estamos esperando que el Gobierno presente un proyecto de reforma de carácter integral que toque el fondo de esta angustiosa necesidad que tienen los colombianos.
ENS: ¿Cree que este Gobierno presentará una reforma a la Justicia?
EEM: No creo. El Presidente tiene la experiencia de haber ocupado altas dignidades del Estado y fuera del país, y por supuesto en su juventud ceñir en su pecho el tricolor de Colombia lo lleva a responder en esta aspiración que tenemos los colombianos de tener una reforma a la administración de justicia que les permita a los ciudadanos recuperar la confianza perdida en la administración.
Mire, por ejemplo, el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, dice que 82% de los colombianos no administran justicia y yo digo que 93% dice que estos procesos son extensos, y agregaría que la sentencia de los jueces son verdaderos tratados.
ENS: ¿Ya termina la gestión el actual procurador, como la ha visto?
EEM: Fernando Carrillo pasa a la historia como un admirable y respetable procurador. Se dedicó estos cuatro años con esmero a combatir la corrupción, a darle presencia legítima al Ministerio Público ante la sociedad colombiana, y deja un punto muy alto que la nueva procuradora tiene el deber, por sus capacidades y por el respaldo amplio que recibió del Congreso, de igualarlo o superarlo, como es el deseo de todo funcionario público.