Exdirectora de Unidad a cargo de esta población dijo que 10 años se fijó con información que había en 2011

EL NUEVO SIGLO: Por lo que se ha visto parece que fueron muy poco los 10 años de vigencia de Ley de Víctimas, ¿comparte el pedido de muchos de prorrogarla?

PAULA GAVIRIA BETANCUR: Creo que la decisión que se tomó en el 2011 de que la Ley tuviera una vigencia de 10 años en ese momento se valoró como importante, inclusive hubo discusiones en el Congreso donde se habló de 15 años, 20 años, y la decisión fue 10. Fue el tiempo que parecía razonable en ese momento para atender y reparar a todas las víctimas. Qué pasó: que se empieza a implementar esa ley con la información que se tenía en el momento, el 2011, se hablaba de 4 millones de víctimas, principalmente de desplazamiento, no había registros sólidos frente a las otras victimizaciones.

Lo que se encontró fue que a medida que se iba implementando la política, pues iban apareciendo víctimas, y el registro hoy es uno de los registros oficiales de víctimas más grandes del mundo, rodeando los 9 millones. Entonces la proyección inicial se quedó corta frente a finalmente el número total porque con esos 4 millones que se empezó se pensaba que podía llegar a 6 máximo, nunca a 9 millones.

Lo segundo es que ahora tenemos un acuerdo final del conflicto con una de las guerrillas que existió durante más años y una guerra que en Colombia duró más de 50 años. La política de víctimas hoy más que nunca es necesaria porque ayuda a complementar los esfuerzos del Sistema Integral.

El Sistema Integral del acuerdo de paz busca llegar a identificar los casos más graves y representativos, aquellos elementos que causaron más daño a la sociedad colombiana para estudiar esos patrones, hacer una reflexión en torno a ellos, un reconocimiento de responsabilidades y que nunca más se repitan.

Pero ese Sistema no va a lograr atender a cada una de las víctimas de los 9 millones,  entonces se necesita una política administrativa de víctimas como la que dispone la Ley de Víctimas para complementar los esfuerzos del Sistema Integral del Acuerdo de Paz.

Esa es la otra razón que daría, digamos para la necesidad de su prórroga.

ENS: ¿Qué otras metas que se fijaron al comienzo de la Ley de Víctimas se quedaron cortas frente a la magnitud de la tarea de repararlas?

PGB: La Ley de Víctimas en la discusión del Congreso había previsto que a la población desplazada se la indemnizaba vía subsidio de vivienda, subsidio de tierras. Las proyecciones de costos también que se hicieron de financiación de la Ley se realizaron bajo el entendido de que había una proyección de aproximadamente 1 millón de víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento, que era a los que se les iba a dar la indemnización porque a los desplazados se les iban a dar subsidios de vivienda, de tierras.

La Corte Constitucional en el 2014 al final tomó la decisión de que a los desplazados también había que indemnizarlos en virtud de un principio de igualdad. Eso alteró de alguna manera las proyecciones fiscales que se tenían para la implementación de la Ley de Víctimas. Y a la Unidad le tocó a la par que indemnizaba a las víctimas de otros hechos, también indemnizar a los desplazados.

Eso es, digamos, una situación sobreviniente a la planeación original de la Ley, lo cual hizo que las metas que se tenían para llegar a la totalidad de las víctimas indemnizadas en el tiempo de vigencia de la Ley, que eran 10 años, pues no se cumplieran.

Entonces ahí hay una necesidad más de esa prórroga, que es esa decisión de la Corte Constitucional, digamos la realidad del aumento tan grande de víctimas que se fue generando por el registro.

ENS: ¿Encuentra más razones para extender la vigencia de esta Ley?

PGB: Hay otra realidad que son las víctimas que no están en Colombia, esa realidad también es importante. Es desconocido el número de víctimas en el exterior, el país no se sabe aún cuántas personas están afuera en condición de víctimas.

Hay cálculos del Acnur, que dicen que son quinientos mil pero esas cifras nunca se han establecido correctamente, y la política de víctimas le ha significado un esfuerzo adicional llegar a esas personas que están fuera de Colombia.

Entonces también se justifica que haya una prórroga para poder realmente llegar a todas esas víctimas que no están en Colombia.