César Valderrama, director de investigaciones en la línea de Sistema Judicial de Dejusticia, aseguró que la legislación debería basarse en decisiones técnicas
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“Hay inflación punitiva”, sostuvo César Valderrama, director de investigaciones en la línea de Sistema Judicial de Dejusticia, explicando que “el Ejecutivo de manera sistemática ha incrementado penas sin considerar los mecanismos técnicos que debe tener la legislación para eso”.
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EL NUEVO SIGLO: ¿Es buena idea presentar la reforma a la justicia a cuenta gotas o es mejor un proyecto general con este propósito?
CÉSAR VALDERRAMA: Lo primero que hay que decir es que siempre se ha intentado hacer la reforma, en mayúscula, y no ha tenido buenos resultados. Entonces cambiar de estrategia es una cosa razonable, considerando que las reformas grandes han requerido hacer consensos más amplios. Esto dificulta mucho su proceso. Además, para cambiar la justicia no solo hay reformas constitucionales, hay otras que se pueden hacer por vía administrativa que no requieren estos grandes esfuerzos.
ENS: ¿Cómo hacer para destrabar la elección de Fiscal?
CV: Dejusticia presentó una demanda contra la reforma que hizo el actual gobierno. El presidente derogó el decreto que había hecho el gobierno pasado para la reglamentación de la terna.
Era una reglamentación que tenía ciertos problemas pero permitía ciertos espacios que permitían transparencia a esta elección. Tenía puntos muy opacos pero al menos había esfuerzos para hacer transparente la participación de la sociedad civil enviando comentarios o críticas a la terna.
Nos parece que no es adecuada la postura de derogar el decreto y dejarlo a discrecionalidad del Ejecutivo; más que destrabar la terna es pensar en cómo hacer más transparente el proceso de elección.
ENS: Cadena perpetua para violadores de niños, ¿sí o no?
CV: No, constitucionalmente no es viable. Ya hay muchos conceptos técnicos que muestran las dificultades que hay con esta medida. La pena en Colombia busca la resocialización y eso no es posible con la cadena perpetua.Lo otro: más que en cadena perpetua debemos pensar en fortalecer la eficacia de la justicia, que un delito contra un menor sea investigado efectivamente y que las penas sean efectivamente impuestas, que los responsables no queden en impunidad. Nuestro sistema penal tiene altos índices de impunidad.
Populismo e inflación
ENS: ¿Hay populismo punitivo en el Legislativo?
CV: No sabemos si es populismo, pero hay inflación punitiva. El Ejecutivo de manera sistemática ha incrementado penas sin considerar los mecanismos técnicos que debe tener la legislación para eso. Este incremento de penas ha violado principios fundamentales como que con un delito más grave, una pena más grave.
Hay delitos con incrementos significativos de pena y que no atacan el problema, como el microtráfico que ha tenido incrementos muy altos y que ataca a los eslabones más débiles que son fácilmente reemplazables, y los delitos que podrían desmontar tipos de narcotráfico como el lavado de activos no se les prestan suficientes recursos en investigación. Parece además, que el ejecutivo olvidara que estamos en un estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria declarada por la corte hace varios años y donde se ha demostrado que gran responsabilidad en esta crisis está en la forma en que estamos legislando aumentando más penas por lo que llega más gente a las cárceles.
ENS: ¿Pero cómo entender que los ladrones sean capturados y después puestos en libertad?
CV: En Colombia el Código Penal contempla penas alternativas a la pérdida de libertad y estas deberían ser también consideradas dependiendo de la peligrosidad.
Hay un estado de cosas inconstitucional. No hay donde tener más presos y la solución no es construir más cárceles. Esto es como si dijéramos que la cura a la obesidad es comprar pantalones más grandes.
ENS: El Consejo de Política Criminal dijo que no era conveniente la pena para violadores de niños. El presidente aún así presentó la ley. ¿Los conceptos de este órgano deberían ser obligatorios?
CV: El Ejecutivo y el Legislativo deberían aprobar leyes y decretos que sean técnicamente bien elaboradas, es decir, que ese cambio legislativo contemple las implicaciones que va a tener con relación a las otras normas, a los efectos que debe tener.
Hacerlo obligatorio también se nos hace inconveniente, pues no sabríamos quién es el soberano: si es el pueblo, representado en el presidente y los congresistas, o el comité. Sin embargo, estos informes técnicos deberían ser considerados de manera técnica y si se van a apartar de ellos, como es su derecho, debería ser también por razones técnicas. De lo contrario cometemos muchas arbitrariedades, como nuestro esquema de política criminal que es antitécnico, desproporcionado, inflacionista y punitivista.