Luego del anuncio hecho por Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, el Ejecutivo evaluará la estrategia, para diagnosticar qué tan grave es el problema de que otros jefes guerrilleros se sumen a las disidencias

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La estrategia general de seguridad del Gobierno sería revisada en las próximas semanas según conoció EL NUEVO SIGLO.

Una alta fuente gubernamental le confirmó a este Diario que el presidente convocará a una reunión para rediagnosticar el problema de las disidencias y la posible unión con el Eln. Así mismo, dicha política deberá evaluar cuál va a ser la reacción de los Grupos Armados Organizados (GAO, antes denominados Bacrim, entre los que se destaca el Clan del Golfo) ante estos hechos, pues desde la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto varios actores criminales se han enfrentado por los corredores del narcotráfico.

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En la cumbre de alto nivel va a hacer presencia la Fiscalía, la Cúpula militar, el Ministerio de Defensa, entre otros. Allí se analizará la dimensión de la nueva amenaza de ‘Márquez’ y su posible segunda guerrilla; se espera que el Gobierno comience a ver la disidencia no como un tema residual sino como un tema más complejo.

En la reunión también se deberá analizar cuál es el alcance del anuncio de alias ‘Iván Márquez’ de no hacer ataques ofensivos en contra de la Fuerza Pública colombiana, sino atacar a las “oligarquías”. El Gobierno deberá determinar si dicha declaratoria va a implicar el retorno al país de los secuestros y los atentados terroristas.

Hoja de ruta

En febrero el presidente Duque lanzó la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad cuyo principal motivo era fijar una hoja de ruta para el accionar de las fuerzas armadas frente a las amenazas y desafíos de seguridad, desde un enfoque multidimensional y con el fin de fortalecer la legitimidad estatal. El objetivo de la cumbre es evaluar qué tan efectiva es frente al posible rearme de la extinta guerrilla.

De hecho, en el documento de la política se puede ver que el Gobierno califica a las disidencias como un Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r). A estos grupos el Gobierno les confería un “nivel de organización y de hostilidad con capacidad de amenazar la seguridad nacional y afectar gravemente los derechos de la población en diferentes regiones del país”.

Según el texto el Consejo de Seguridad Nacional, en julio de 2018, clasificó en esta categoría al Eln, el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Puntilleros y los GAO-r.

“De acuerdo con datos del Sector Defensa y Seguridad, éstos últimos superan ya los 3.000 integrantes, entre individuos en armas y redes de apoyo, conocidas como milicias y que tienen capacidad de acción violenta. En el último año el Eln creció en cerca de 1.000 miembros vinculados a estructuras violentas, llegando a ser más de 4.000 sus miembros, y el Clan del Golfo conserva más de 1.600 hombres en armas, junto a un número superior de personas vinculadas a redes criminales”, de acuerdo con lo consignado en el escrito.

En ese momento, precisó el documento, en el país “se registraban 23 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) cuya actividad criminal tiene alcance regional y 2.417 bandas que afectan ciudades y municipios. La desarticulación inicial de la mayoría de las estructuras armadas de las Farc coincidió en diferentes zonas, donde predominan circuitos de economía criminal, con la constitución de nuevos grupos delincuenciales, la llegada o continuidad de otros, con el fin de controlar la riqueza ilícita proveniente, fundamentalmente, del narcotráfico y de la extracción ilícita de minerales”.

¿Problema mayor?

Bajo ese panorama el problema de una eventual unión de las disidencias de las Farc con el Eln, como lo sugirió ‘Iván Márquez’ en el video publicado el jueves, puede representar un problema mayor para el Estado. Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) de los 281 municipios priorizados para el postconflicto “para la investigación un grupo de 123 donde antes operaban las Farc y han sido copados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales, sobre todo por el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias”. Además sugiere que las disidencias de las Farc “hacen presencia en 85 municipios con cerca de 1800 exguerrilleros (…) Los 23 grupos o una buena parte de ellos, logran agruparse y crear una estructura de características nacionales”.

Pese a que la ONG sugiere que hay una reducción en los indicadores de violencia asociadas al conflicto,  asegura que si no hay una mayor presencia del Estado la violencia se puede recrudecer. La regiones que para Pares pueden tener mayor peligro son: “el Nudo de Paramillo, que incluye sur de Córdoba, Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño; la región del Catatumbo y parte de la zona metropolitana de Cúcuta; Nariño y Cauca; El sur del Meta, Guaviare y parte del Caquetá; y La Sierra Nevada de Santa Marta”.

Ariel Ávila, investigador de la ONG, sostiene que “cuando las Farc hicieron el proceso de Paz operaban en cerca de 300 municipios, en este momento las disidencias solo tienen 3.000 hombres en su momento desmovilizaron 18.000, en el peor de los casos representan el 20% de lo que significó la organización en su momento. Sin embargo, los grupos disidentes de la desmovilización paramilitar operan en 250 municipios, dos veces más donde operan las disidencias. Si sumamos los puntilleros, las oficinas y otras estructuras representan cuatro o hasta cinco veces la operación de las disidencias”.

Amenaza controlada
 

A través de un comunicado, el Ejército informó que la amenaza será controlada pues “se está organizando un grupo especial, que en su momento diremos quiénes lo conformarán. Seguramente, tendrán un fuerte componente de inteligencia y de Policía Judicial para localizar y ubicar a las personas que están por fuera de la ley para poder ponerlos ante las autoridades competentes”. Algunos han dicho que se requiere una estrategia integral para combatir este tipo de grupos delincuenciales.

Luego del video, la Fiscalía también tomó cartas en el asunto pues dictó orden de captura en contra de ‘Iván Márquez, ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’, ‘Romaña’ y demás guerrilleros que aparecieron en la filmación. La Jurisdicción Especial para la Paz también había ordenado la captura de esas personas.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció una recompensa de $3.000 millones por información que contribuya a la captura de los mismos. El jefe de la cartera sentenció que los desmovilizados no se encuentran en el departamento de Guainía, como aseguraron, sino que “ese video fue grabado fuera del país, presumiblemente, en Venezuela. Los colombianos pueden estar tranquilos, pues el gobierno del presidente Iván Duque ha aumentado las capacidades de las Fuerzas Militares”.