Con varias modificaciones, especialmente en cuanto a la entrega de bienes para la reparación de las víctimas por parte de las Farc, el Gobierno nacional y el partido Farc acordaron prorrogar por un año más, hasta enero de 2022, el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.

En ese sentido, el consejero presidencial para la Consolidación y la Estabilización, Emilio José Archila, informó que el ejecutivo está dispuesto a recibir los bienes de esa guerrilla aún de forma extemporánea, pues el compromiso principal es con la reparación de las víctimas.

En noviembre pasado el Gobierno nacional le recordó al partido Farc que el plazo para la entrega material de bienes inventariados y valorados inicialmente en 960.000 millones de pesos y que fueron incluidos en la lista tras la firma de Acuerdo de Paz, vence el próximo jueves 31 de diciembre.

Las Farc, sin embargo, se han lamentado de que algunas tierras no han sido recibidas por el Gobierno.

Con todo, la monetización de los bienes devueltos hasta el momento avanza. La Sociedad de Activos Especiales tenía identificados hasta agosto pasado más de 30 mil bienes valorados en $960.000 millones representados en 17.533 semovientes, 15.452 muebles y enseres, 200 inmuebles, 157 vehículos, 100 joyas de plata.

A ello se suma la subasta, hace pocos días, de 18 lingotes de oro con un peso de 206.819,29 gramos y 22.741,04 gramos de oro amalgamado. En total, se recaudó por este concepto alrededor de $40 mil millones que pasarán a la Unidad de Reparación de Víctimas.

La última reunión de la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación de la Implementación (Csivi), sesionó la semana pasada en Villavicencio en la que participaron también el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, los representantes del componente Farc, los embajadores de los países garantes (Cuba y Noruega), y los delegados de las Naciones Unidas.

Archila reiteró la decisión del Gobierno de “mantener con seriedad, como ha ocurrido hasta hoy, la implementación en todos los frentes”, con énfasis en el apoyo a las víctimas.

“La política de Paz con Legalidad permite fortalecer el diálogo con las Farc y todas las entidades comprometidas, y dar impulso a las acciones. El presidente Duque recibió en noviembre pasado a los delegados de la peregrinación de Farc en el Palacio de Nariño y ahora iniciamos el cumplimiento de los compromisos”.

El primero de ellos, comentó Archila, además de la prórroga de la verificación a la implementación del Acuerdo de Paz, “es la definición de las siete ciudades donde realizaremos las sesiones ampliadas del Consejo Nacional de Reincorporación”.

Igualmente, en la Csivi se acordó “agilizar la construcción de la Nota Técnica que permita avanzar con mayor celeridad en labores de desminado humanitario, con el aporte del componente Farc”, dijo el consejero presidencial.

Y agregó que adicionalmente “se convocará de manera urgente a la instancia tripartita (Gobierno, ONU Y Farc), para que este componente avance en el compromiso de suministrar la información sobre la ubicación de las minas antipersonal”.

Respecto de los bienes de Farc, Archila dijo que “el Gobierno -en la reunión de la Csivi- señaló la disposición de continuar recibiendo, aún extemporáneamente a través de la Sociedad de Activo Especiales,- esos bienes para una reparación efectiva” de las víctimas.

“Un ejemplo: con la Unidad de Victimas estamos usando los bienes no entregados a los que les extinguimos el dominio y con ello reparamos colectivos”, agregó Archila.

De igual forma, se acordó la convocatoria de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para acompañar la mesa técnica de seguridad jurídica para los excombatientes.

Archila comentó que en la política de Paz con Legalidad dar aplicación a todas las instancias es importante. “Hemos previsto que existan unas mesas técnicas para mirar temas concretos y temas específicos. Tuvimos una sesión en la que miramos con mucho detenimiento las visiones que tenemos sobre cómo avanza la entrega de los bienes y cómo avanza el proceso de desminado”, señaló.

También advirtió que el Gobierno sigue trabajando para mejorar las condiciones de los 13 mil excombatientes que están en el proceso de reincorporación.