“Bajo ninguna circunstancia las retiraremos”, dijo ayer la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, refiriéndose a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

La ministra Gutiérrez reaccionó así a las versiones que han venido circulando en los pasillos del Capitolio Nacional sobre que el Gobierno, al verse derrotado por no tener las mayorías, podría retirar las objeciones.

Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, mientras la subcomisión de la Cámara decidió recomendarle a la plenaria que el lunes vote no a las objeciones (los representantes están citados a las 2:30 de la tarde), tras adelantar una audiencia pública esta semana que termina, en el Senado los legisladores aspiran a lograr un acuerdo político y apenas escucharán conceptos en los próximos días.

Gutiérrez sostuvo que “las objeciones fueron presentadas porque son inconvenientes en seis artículos específicamente, porque dejan una rendija para la impunidad, porque hay problemas en lo que tiene que ver con la reparación y porque no está garantizada la no repetición”.

“Son tres principios de la justicia transicional y es por eso que el Gobierno insiste en esas objeciones”, añadió.

Según el presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, “el trámite de las objeciones es una oportunidad para buscar acuerdos nacionales y acabar con esa falsa premisa que crearon en el gobierno anterior de amigos y enemigos de la paz”.

“El Congreso debe corregir algunos puntos, como el tema de la extradición, el de los menores, entre otros. Hay que pensar en el país y no se puede pensar que por hacer oposición las cosas pueden quedar tal cual como están”, manifestó.

En medio de las versiones sobre la intención del Gobierno de retirar las objeciones, el representante por Antioquia, León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde, acusó al secretario general de la Presidencia, Jorge Mario Eastman, de estar llamando a los congresistas de Cambio Radical y los partidos Liberal y Social de Unidad Nacional (La U), para que dejen sin quorum la plenaria del lunes.

“Eso no es cierto”, manifestó ayer mismo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. “El gobierno del presidente Iván Duque mantiene con todas las bancadas del gobierno un diálogo permanente sobre tantos temas que nos interesan”, agregó.

Muñoz había cuestionado el supuesto comportamiento de Eastman calificándolo como poco respetuoso de la independencia del Congreso y de “falta de ética”, señalando que “este funcionario público viene realizando llamadas a congresistas de distintos partidos para que no asistan a votar las objeciones a la JEP”.

Varios medios de comunicación dijeron haberse comunicado con Eastman, quien habría negado las llamadas, afirmado que no ha contactado a congresistas y precisado que se trata de una noticia falsa.

Mientras tanto, el consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, y la vicecanciller Adriana Mejía, se reunieron ayer en La Haya con el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, para exponerle las seis objeciones, subrayando que en nada afectan la implementación de la paz y la estabilización en Colombia.

Barbosa y Mejía también reafirmaron el compromiso del Gobierno con la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

En el encuentro se revisaron las directrices de protección de derechos humanos en Colombia, y se explicaron a profundidad los ejes del Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas. La delegación del Gobierno nacional comunicó los avances frente a los mecanismos implementados para la captura de asesinos de líderes sociales. De igual manera, explicó la implementación de dicha estrategia en los territorios, la cual se materializa llevando la legalidad y el Estado de Derecho a estas zonas.

En lo correspondiente a la implementación del Acuerdo de Paz se expresó que el Gobierno recibió al inicio de su periodo dos proyectos productivos, y a hoy ya se han formulado 21. De igual forma, se recibieron Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para dos regiones, y actualmente hay 16 formulados. También se abordaron las recientes visitas del presidente Duque a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que son una evidencia del aumento de presencia institucional del Estado en los territorios.

El consejero Barbosa dio un parte positivo del encuentro y señaló que, tanto el vicefiscal Stewart como el equipo de la CPI agradecieron la información compartida por el Gobierno nacional, en especial las directrices de derechos humanos adoptadas para la protección de los líderes sociales y la implementación de la paz en los territorios.