Desde hace varias décadas la región del Catatumbo se ha convertido en una de las zonas no solo más violentas del país sino en un enclave estratégico para los grupos armados al margen de la ley que se disputan su territorio.

Allí hacen presencia el Eln, el Epl y disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’, los ‘Pelusos’ y otras organizaciones narcotraficantes que permanecen en constante confrontación por el dominio de la zona debido a su importancia estratégica: cerca de la frontera con Venezuela, de la Serranía del Darién, del Mar Atlántico y del Golfo de Morrosquillo.

La región del Catatumbo está localizada en el nororiente del departamento de Norte de Santander y la conforman los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata.

Debido a su conflictividad no solo de orden público sino a la problemática social propia de una región de frontera, el Gobierno nacional inició una estrategia para fortalecer la presencia del Estado los territorios más vulnerables del país, y comenzó, precisamente, por Sardinata.

Allí se llevó a cabo esta semana la primera jornada de apoyo al desarrollo interinstitucional promovida por Sandra Alzate Cifuentes, Viceministra de Defensa Nacional para las Políticas y Asuntos Internacionales.

La funcionaria estuvo en la institución educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, con la participación de profesionales y funcionarios de las instituciones vinculadas a la estrategia, quienes brindaron a la comunidad, servicios gratuitos, entrega de medicamentos, ayudas humanitarias, eventos lúdicos deportivos, talleres, entre otras.

Más de 800 personas entre niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores de las distintas veredas aledañas se beneficiarán con os alcances de la iniciativa.

“Con esta jornada se pone en marcha el Plan de Aceleración de Acción Unificada con el que lograremos ganar presencia del Estado en el territorio, generar confianza en ciudadanos y trabajar de manera conjunta por y para las poblaciones que nos necesitan. Esta estrategia no termina con esta exitosa actividad, nuestro equipo de trabajo continuará haciendo seguimiento y acompañamiento a la articulación institucional que estamos fortaleciendo para generar inversión social y resolver las necesidades del territorio”, aseguró Álzate.

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Orden público

La estrategia gubernamental resulta un aliciente para los habitantes de Sardinata que aún tienen presentes varios de los últimos hechos de alteración del orden público, como el ataque del mes pasado contra un grupo de uniformados que dejó dos policías heridos y un delincuente muerto.

También, en julio, pero esta vez en Ocaña, hombres armados y en motocicleta abrieron fuego contra tres jóvenes en su propia casa. Las tres víctimas resultaron ser los hermanos Bayona y se conocían en el sector como ‘Los Caballos’.

Dos semanas antes, hombres armados llegaron a un billar ubicado en la vía que conduce del municipio de Ábrego a la Playa de Belén, en Norte de Santander, y dispararon contra las personas que departían en el lugar. En el lugar fallecieron cuatro personas y otra más murió al llegar a un centro de salud del municipio.

De acuerdo con un informe de líderes sociales reveló que durante la pandemia de Covid-19, entre julio y diciembre de 2020, se registraron 108 vulneraciones a los derechos humanos en el Catatumbo por parte de los actores armados ilegales.

El Comité de Integración Social de Catatumbo y la Asociación Minga, en un reciente estudio denominado ‘¿Cómo va el Catatumbo?’, revelaron que Tibú sigue siendo el municipio con mayores afectaciones al orden público, con un reporte de 39 casos.

A este panorama se suman los municipios de Ocaña (con 16 casos), Convención (13), El Tarra (11) y Teorama (9), que se reportan como los epicentros de la lucha armada que mantienen estructuras armadas por el control en el territorio, y que dejan a la población en medio del conflicto.

En el informe también se pudo conocer que cerca de 1.300 víctimas dejaron la serie de acciones violentas que generan zozobra entre las comunidades, siendo estas las principales afectadas ante las incursiones de grupos ilegales que hacen presencia en la zona.

Cultivos ilícitos

Además de la violencia, se calcula que en el Catatumbo hay 40.000 hectáreas de coca sembradas y aquí ya ha hecho presencia el Estado a través de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en donde fueron atendidas 2.986 familias de Sardinata y Tibú, dos de los municipios con más cultivos ilícitos, que dejaron de sembrar coca y retornaron a la legalidad.

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Según esta entidad, el Gobierno lleva invertido en Norte de Santander $27.245 millones representados así: asistencia técnica, $1.558 millones para 1.313 familias (avance del 56%); asistencia alimentaria inmediata-AAI, $18.348 millones para 1.836 familias (avance del 79%); proyectos productivos, $2.417 millones para 201 proyectos y 540 planes de inversión (avance del 9%); obras de interés comunitario, $1.746 millones para 106 familias recolectoras, y proyectos productivos de autosostenimiento y seguridad alimentaria con huertas caseras, $1.319 millones para 1.756 familias (avance del 57%). En total se han sustituido 1.016 hectáreas.

El Gobierno es consciente de que en todos los municipios del Catatumbo hay cultivos de coca, por eso el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos trabaja adicionalmente en proyectos de palma de aceite y cacao, en aquellos municipios donde hay áreas por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, caso de Sardinata.

Del mismo modo, 2.320 familias tienen instalado su proyecto productivo de huertas caseras para la seguridad alimentaria, y vendan los excedentes en la ciudad. En otros municipios de la región se ha hecho la sustitución con cafetales y frutales, vinculando para ello a la Secretaría de Agricultura del Departamento, las alcaldías y a las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria.

Sardinata estuvo en la agenda nacional de noticias el pasado 25 de junio cuando el presidente Duque sufrió un atentado en el helicóptero que se transportaba después de visitar este municipio; el mandatario viajaba junto con sus ministros de Defensa y del Interior, y el Gobernador de Santander.

La aeronave fue impactada en varias ocasiones con tiros de fusil y sus ocupantes salieron ilesos. Un mes después las disidencias de las Farc en un comunicado asumió la responsabilidad del atentado, así como en la activación de un carro bomba contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta ocurrida el 15 de junio y que dejó más de 40 heridos, algunos de gravedad.

Por eso la viceministra Alzate reiteró que la estrategia de presencia del Estado comenzó en Sardinata, municipio que comienza a hacer parte de la Zonas Futuro en la que la institucionalidad busca atender problemáticas económicas, sociales, ambientales y de seguridad con el propósito de trabajar por la reconstrucción del tejido social y subsanar las necesidades básicas insatisfechas de esta importante región del país.
Además, se tiene la presencia del Ejército Nacional a través de la Trigésima Brigada y el Batallón de Acción Integral y Desarrollo N.º 2 con su programa Fe en Colombia; el Departamento de Policía Norte De Santander; los Profesionales Oficiales de la Reserva, y las representaciones locales de las entidades públicas y privadas que unieron esfuerzos y apoyaron la actividad.

En el evento también intervino el alcalde del municipio, Hermides Moncada, quien agradeció al Gobierno nacional y a los representantes de las instituciones por esta iniciativa que trae para los habitantes de Sardinata posibilidades de formación, capacitación, proyectos productivos, alegría para los niños, salud, pero, sobre todo, presencia institucional en territorio del Estado colombiano.