En la Comisión Primera de la Cámara Representantes se realizó ayer una audiencia pública sobre la reforma constitucional al Sistema General de Regalías, que iniciará pronto su trámite en segunda vuelta en esta célula, y que contempla un aumento en los recursos para las entidades territoriales productoras.

Durante la sesión, el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Rafael Puyana, explicó los elementos claves del proyecto de acto legislativo. “Uno, que haya una mayor asignación para los municipios y las regiones productoras. Dos, que esa asignación se haga manteniendo los recursos que hoy en día tienen los no productores. Tres, que busquemos optimizar el funcionamiento del sistema aprendiendo de los retos y cuellos de botella que hemos evaluado en el funcionamiento actual. Y, por último, que reevaluemos esa figura de los OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) en línea con el mandato de tener una asignación más eficiente y efectiva de los recursos”.

Puyana reiteró que estos cambios serán estructurados en detalle por una ley reglamentaria que será discutida tras la aprobación de la reforma constitucional. “Todo esto estará determinado en detalle por lo que será la ley reglamentaria, pero el marco que está en la constitución nos dejaría estos principios”, remarcó.

La senadora Amanda González, del Centro Democrático, señaló que con la iniciativa se “pueden mitigar impactos en lo social, lo ambiental y lo económico en las regiones productoras”

“Antes de la creación del sistema de regalías de 2011 los departamentos y municipios productores recibían el 68% del total de las regalías. Para mitigar toda clase de impactos nocivos por la llegada de personas de otros lugares en búsqueda de oportunidades de trabajo, así mismo las regalías se convirtieron en la alternativa para aliviar en parte el alto desempleo generado por la inmigración masiva. Lamentablemente el recorte del 90% a las entidades productoras generó unos graves desequilibrios sociales, económicos y ambientales”, dijo.

Y añadió: “Es muy importante la reforma constitucional del Sistema General de Regalías que ha iniciado su estudio en segunda vuelta en esta Comisión Primera de la Cámara de Representantes en donde se reconoce la necesidad de incrementar las regalías directas en la búsqueda de una participación más equitativa para los territorios que sufren el impacto negativo”.

El representante por el Meta, Alejandro Vega, del Partido Liberal, señaló que tras la reforma de 2011, en la comunidad ha calado un mensaje negativo sobre la explotación petrolera.

“A raíz de la nueva distribución de las regalías en el departamento del Meta y en los municipios productores- la región de los llanos orientales aporta más del 75% de la producción nacional-, la industria no ha tenido la aceptación ni la comunicación con la comunidad. La ministra de Minas ha denominado esto como la falta de la licencia social. En la gente ha calado el discurso de agua sí, petróleo no, que es falaz. Estoy convencido que existe la técnica adecuada para extraer nuestros recursos naturales no renovables, pero protegiendo nuestros acuíferos. Tenemos que generar que la industria tenga cercanía con la industria y la manera que se puede lograr es mitigando los efectos adversos. ¿Cuáles son? Factores sociales, factores ambientales, una sobredimensión de la capacidad de servicios públicos”, sostuvo.

De acuerdo con Vega, es clave que “los municipios tengan la posibilidad de invertir estos recursos de regalías en obras de impacto social, ambiental y de protección de acuíferos” y se debe “garantizar que la institucionalidad se blinde para que la inversión sea transparente”.

El representante por Bogotá, José Daniel López, de Cambio Radical, afirmó que la iniciativa “debe implicar una corresponsabilidad con los recursos recibidos. Esto no podría quedar escrito en esta reforma, pero lo que uno esperaría que ocurriera en las regiones productoras es que la aprobación contribuya para la viabilidad social de los proyectos petroleros y mineros”.

Por su parte, el representante por Caquetá, Harry González, propuso que se crearan criterios diferenciados para la explotación minero-energética en zonas “sensibles”.

“Para hacer la explotación petrolera tiene que haber un criterio distinto para las regiones más sensibles desde el punto de vista del medio ambiente. Mi invitación es que se pudiera crear algo en la constitución que permita orientar eso. De lo contrario la conflictividad social va a seguir incrementándose. Eso no es positivo ni para la región ni para la industria del petróleo. La industria quiere sacar petróleo, pero no quiere hacerlo en zonas donde se le pinche los carros, les quemen las llantas y menos donde se presenten actores armados ilegales, como las disidencias de las Farc”, puntualizó.