En los últimos dos años de implementación de la política Paz con legalidad, el gobierno Duque ha destinado más de $1,2 billones para apoyar las principales necesidades de las comunidades indígenas, afros y campesinas, priorizadas a través de diferentes planes y programas, entre ellos los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).
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“El enfoque étnico y de género ha sido prioritario en la ejecución de la política Paz con Legalidad. Desde la Consejería hemos articulado todas las entidades que tienen responsabilidad en los indicadores del PMI con quienes construimos una robusta hoja de ruta para el corto, mediano y largo plazo en la política de Paz con Legalidad”, dijo el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
El funcionario destacó avances en varios PDET, con inversiones para acueductos, reactivación económica, y vías terciarias.
En cuanto a los Ocad-Paz, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, destacó que se han aprobado 24 proyectos por $179.869 millones.
Los proyectos PDET corresponden a los sectores de transporte con un total de diez proyectos por $125 mil millones, cuatro proyectos del sector de energía por valor de $26 mil millones.
Adicionalmente, en agosto de 2019, se aprobó un macro proyecto nacional para el mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET, incluidos los municipios de Balboa, Patía, Suarez, Cajibío y Mercaderes, donde en total se intervendrán 86 km por un total de más de 6.221 millones de pesos.
En otro frente, con el apoyo del sector privado en Obras por Impuestos se están adelantado siete proyectos para la construcción, mejoramiento y/o pavimentación de vías, en los municipios de Suárez, Caloto, Corinto, Toribio, El Tambo, Morales y Santander de Quilichao, con una inversión de $61.774 millones.
Archila se refirió al proyecto para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en los 20 municipios PDET del Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio, Guapi, López y Timbiquí.
Y concluyó que en este Gobierno en el Cauca se han presentado 271 demandas ante los jueces especializados para proteger los derechos de las comunidades.