Fue presentado por el gobierno entrante un informe de los resultados del empalme con la saliente administración Duque, tras un proceso en que el equipo designado fue enterado en detalle de la situación en la cual quedan la administración central, los ministerios, los institutos descentralizados, así como los proyectos en ejecución y algunos que están por comenzar. En el documento, entre otras solicitudes, se pide no dar continuidad a programas como Economía Naranja.

Igualmente, en el informe se hacen alertas, como una sobre el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, donde solicita la revisión urgente de los estados financieros.

En el campo de la salud indica que hay 14 EPS en peligro de ser liquidadas, así como deudas acumuladas que estas tienen con el sistema, cercanas a los $20 billones, un déficit de $6,4 billones en el presupuesto del presente año y de $4,6 billones para la siguiente vigencia.

Al respecto el equipo de empalme recomienda tomar decisiones sobre las EPS que están incumpliendo los indicadores financieros.

Indica también el informe que en el giro que se hace por parte del ADRES a las EPS hay imprecisiones, según la información que entregó el Gobierno nacional, y se habla de que existe la posibilidad de corrupción en las cuentas.

En Educación se da cuenta de que en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio hay contratos de 10 operadores que vencen este 30 de octubre, por 8 billones de pesos.

Otra de las alertas tiene que ver con la “revisión integral de la Política de Paz con Legalidad y los cinco fondos que la integran, siendo el prioritario el Fondo Colombia en Paz ($9 billones; comprometidos $8,2 billones)”, indica el nuevo gobierno.

En cuanto a Ciencia y tecnología señala que el presupuesto adjudicado para 2023 tiene una inflexibilidad del 93,4%, producto del cupo de vigencias futuras aprobadas de la cohorte 2019-2021, FIS, Colfuturo y las cifras proyectadas en el Conpes DIE.

Una de las alertas que preocupa más en el informe que presentó el equipo designado por Gustavo Petro para el empalme con la administración Duque, tiene que ver con los recursos para ayudar a la población más necesitada afectada por la pandemia.

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“1,8 millones de personas en afiliación por emergencia están en incertidumbre y no hay fuente clara de financiamiento. Para finalizar el año se requieren $816 mil millones. En julio, 684 mil personas pasaron a estado de retirados sin garantías claras para su atención”, se indica en el informe.

En el sector de Minas se presenta una alerta por la venta de Invercolsa por parte de Ecopetrol, la cual es además la filial que produce el gas licuado propano. “Esta venta significa el desmembramiento de Ecopetrol, que comenzó en 2007 con la venta del 10% de las acciones”, subraya el informe.

Mientras que en el sector Justicia indica que se debe suspender el otorgamiento de licencias para el cultivo de cannabis mientras se posesiona el presidente Gustavo Petro, “en ocasión del alto número de licencias entregadas a empresas multinacionales”, acota.

Agrega que el enfoque que se pretende en este nuevo Gobierno es la priorización del cultivo para las organizaciones campesinas (y sin costo), suprimiendo la dirección de política de drogas adscrita al Viceministerio de Política Criminal para trasladar sus funciones a una alta instancia presidencial especializada en el tema, con enfoque de derechos humanos.

No van más

Carolina Corcho, la designada ministra de Salud, indicó en la presentación del informe que varios programas del actual Gobierno no continuarán.

“Este gobierno no va a continuar con el programa de política y programa de Economía Naranja, lo va a replantear de acuerdo con los planteamientos que se han hecho. Hay un programa de privatización progresiva de catastro, que tiene que replantear los sistemas de información para tomas de decisión de política pública y no pueden ser privatizados”, dijo Carolina Corcho.

Agregó que “este gobierno va a replantear la política de fracking por sus consecuencias en la vida, en la salud humana, y en este momento hay unos programas piloto de investigación en Puerto Wilches. Se ha dicho claramente que el fracking no es una medida saludable, ni ambientalmente sostenible para un gobierno que busca el cambio en Colombia y en cualquier parte del mundo”, afirmó Corcho.

Sobre las Zonas Francas, Corcho aclaró que “se van a revisar las extensiones y beneficios tributarios”.