La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras está a poco más de un año de finalizar su vigencia, por lo que el Gobierno alista la prórroga dando cumplimiento de esta forma a una sentencia de la Corte Constitucional en que lo conmina junto al Congreso, a pronunciarse al respecto, pues la norma está aún lejos de cumplir sus objetivos de reparar a los millones de afectados por el conflicto armado.

El Ejecutivo tiene definidos los elementos centrales del proyecto que, en este sentido, presentaría al Congreso el próximo 20 de julio.

La reforma a la Ley 1448 de 2011 contempla entre los principales ajustes tocar el tema de las indemnizaciones administrativas; los programas de retornos y reubicaciones de población desplazada; las competencias de la Unidad  de Víctimas y su articulación con entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Sobre estos asuntos, la Unidad de Víctimas presentó cinco propuestas diferentes ante la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, la cual se reunió en la primera semana de este mes.

La subdirectora de la Unidad de Víctimas, Lorena Mesa, explicó que en común acuerdo con el Gobierno, las modificaciones a la Ley 1448 en materia de indemnizaciones deben incluir una combinación de medidas de vivienda y restitución de tierras.

La funcionaria aclaró que con dichas modificaciones, “no se debe entender que la indemnización será sustituida por ningún motivo”.

En cuanto a los programas de retornos y reubicaciones se busca, con la reforma a la Ley de Víctimas, darle prioridad a los afectados por desplazamiento.

“Estuvimos reunidos con el plenario de la Mesa Nacional en Bogotá contándoles sobre las propuestas de los ajustes de la Ley 1448 y que van enfocadas a permitir a las víctimas, por ejemplo, de desplazamiento forzado, en el marco del retorno, un acceso prioritario a la oferta”, anotó la subdirectora de la Unidad.

Agregó que “igual se hicieron propuestas acerca de la articulación en los municipios PDET y entre otras, recibimos todas las sugerencias e inquietudes que tienen las víctimas acerca de todas estas iniciativas”.

Sobre la articulación de la Unidad de Víctimas con entidades como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otras, la funcionaria precisó que igualmente se plantea hacer más coherente el trabajo.

Por su parte el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, dijo que en el registro nacional “tenemos 8.956.000 a las que se les está brindando toda la ruta de atención, reparación y asistencia”.

Rodríguez dijo que la cifra de víctimas registradas creció considerablemente como consecuencia de la sentencia de la Corte Constitucional en que determinó al desplazamiento como un hecho victimizante, el cual no contempla la Ley 1448. “Esto descompensa totalmente la parte presupuestal y venimos arrastrando con ese déficit desde el 2013”, dijo el director.

Explicó sobre el costo por parte el Estado para reparar a todas las víctimas del conflicto que “de acuerdo con el último costeo que se hizo, tenemos un déficit aproximado de $45 billones para cumplir. El asunto es que se siguen presentando hechos victimizantes en el país”.

Llamado perentorio

Luego de estudiar una demanda en la que se pedía la prórroga de la Ley de Víctimas hasta 2030, la Corte Constitucional determinó, por unanimidad, que esta sea extendida.

“La Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible, con efectos diferidos, el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011, art. 208”, señaló el alto Tribunal, exhortando además al Gobierno y al Congreso “para que antes de la expiración de la vigencia de la Ley adopte decisiones que correspondan, en el marco de sus competencias, en relación con la prórroga o con la adopción de un régimen de protección de los derechos de las víctimas”.

De no hacerlo para la fecha de vencimiento de la norma, junio de 2021, la Corte indicó que se entenderá su vigencia hasta el 7 de agosto de 2030.

La Ley 1448 reconoció por primera vez en Colombia la existencia de un conflicto armado. En la norma se ordena reparar a las víctimas y restituirles las tierras a quienes fueron despojados de ellas. Tiene una vigencia 10 años y termina en junio de 2021. Desde hace más de dos años representantes de las víctimas y algunos parlamentarios han puesto sobre la mesa la necesidad de extenderla porque ad portas de cumplirse su vigencia, son exiguas las cifras de reparación monetaria por parte del Estado a los afectados, hasta el momento menos de un millón de ciudadanos.