Tras su más crítico año legislativo, por falta de gobernabilidad y parálisis por Covid-19, a partir de julio, por primera vez, la Casa de Nariño tendrá mayorías para sacar avante reformas clave y plan de reactivación pospandemia

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A punto de cumplir la primera parte de su mandato, el gobierno Duque está avizorando la tercera legislatura parlamentaria, que comienza el próximo 20 de julio, como la que podría ser la más importante de su cuatrienio.

Los analistas políticos suelen decir que, en realidad, el segundo año siempre tiende a ser el más determinante para cualquier gobierno en Colombia en cuanto a agenda legislativa. Esto bajo la tesis que durante el primero, el nuevo mandatario dedica buena parte a la conformación de su equipo de trabajo, al corte de cuentas respecto a lo que quedó y no quedó de la anterior administración así como a sentar las bases de lo que será su gestión y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que debe ser llevado al Parlamento y aprobado durante ese primer año. En este lapso, también, se aterriza el mapa político dejado por las urnas, sobre todo en cuanto a coaliciones oficialistas y no oficialistas.

En ese orden de ideas, se supone que la segunda legislatura termina siendo la más importante para todo gobierno, puesto que es la etapa donde lleva al Congreso las reformas de más alto calado político, económico, social e institucional. Aquellas con las que piensa dejar huella.

Es más, si se hace un repaso de las agendas legislativas de los últimos presidentes en Colombia, sobre todo a partir de la carta del 91, es fácil constatar que sus proyectos de ley y reforma constitucional más importantes fueron aprobados en esa segunda legislatura. Además, es apenas obvio que todo mandatario que llegue a la mitad de su periodo ya con sus principales reformas y programas bandera andando, tiene dos años para implementarlos y poder apuntalar así su tarea de gobierno.

La primera

La administración Duque también venía en esa misma dinámica política. Durante su primer año priorizó el sentar las bases de una gestión de gobierno diametralmente opuesta a la de Santos, en tanto que invirtió varios meses en la redacción y aprobación del Plan de Desarrollo, que fue finalmente aprobado antes de terminar la primera legislatura, en junio de 2019.

Si bien, en ese primer periodo del Congreso, que incluso tuvo como presidente del Senado al Centro Democrático, por intermedio de Ernesto Macías, trató de impulsar en el Congreso algunas reformas de fondo, sobre todo las referidas a ajustar el acuerdo de paz con las Farc, en realidad poco pudo hacer en ese aspecto.

Se recuerda, por ejemplo, el fracaso de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Al final, el proyecto más importante en ese primer periodo legislativo del gobierno Duque fue la reforma tributaria que le permitía asegurar la financiación fiscal del cuatrienio.

La segunda

Vendría luego la segunda legislatura, que comenzó en julio del año pasado y está ahora a escasos ocho días de terminar. Ha sido un periodo legislativo bastante sui generis y accidentado. De un lado, el segundo semestre del año pasado fue crítico para la Casa de Nariño en materia de margen de maniobra y gobernabilidad, tanto en el Senado como en La Cámara.

No solo varios proyectos y reformas que eran prioridad para el Ejecutivo se trabaron, sino que la debilidad de la coalición oficialista quedó patente. La sumatoria de votos de las bancadas del uribismo, los conservadores, La U y los partidos cristianos no alcanzó para imponer los criterios del Gobierno e incluso en varias ocasiones los bloques de oposición (verdes, Polo, Farc y decentes) e independientes (Cambio Radical y Partido Liberal) bloquearon las principales intenciones legislativas del Gobierno.

La mayor prueba de esa falta de gobernabilidad se dio cuando el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, tuvo que renunciar para evitar ser el primer titular del gabinete en ser sancionado con una moción de censura.

A lo anterior hay que sumar que el Gobierno casi no puede sacar adelante un segundo proyecto de reforma tributaria, que fue necesario presentar de urgencia luego que la Corte Constitucional le tumbara el aprobado en diciembre de 2018, durante la primera legislatura. Incluso, esta segunda iniciativa impositiva salió recortada en materia de meta de recaudo y fue necesario ‘colgarle’ a última hora una serie de alivios sociales derivados de la obligación de la Casa de Nariño para neutralizar el agitado clima social producto de la oleada de paros de noviembre y diciembre.

Pero si la primera parte de esta segunda legislatura fue complicada, su complemento ha sido más traumático. Como se sabe, las sesiones parlamentarias debían comenzar el 16 de marzo pero por el arranque de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 fue necesario aplazar y solo el 13 de abril se retomó el trabajo en Senado y Cámara, aunque de manera virtual, un sistema inédito y poco productivo tanto en materia legislativa como de control político.

Lo cierto es que en estos dos meses de sesiones poco se ha podido avanzar de la agenda legislativa que estaba planificada al comienzo de este año, con varias reformas clave a bordo, como la judicial y la política, en tanto hacían cola una pensional y otra laboral.

Al final de cuentas en esta segunda legislatura, que termina el viernes próximo, podrían ser aprobados escasos proyectos, entre ellos una nueva amnistía a morosos del sistema financiero, la creación del Área Metropolitana de Bogotá o el que plantea instaurar la cadena perpetua para los asesinos, violadores y secuestradores de niños.

Como se ve, a diferencia de anteriores gobiernos este segundo periodo legislativo no será determinante para la actual administración. Incluso hay algunos congresistas de la coalición duquista que no dudan en afirmar que se trata de una “legislatura perdida”. Aunque la Ministra del Interior habló de la posibilidad de citar a sesiones extraordinarias a partir del sábado y hasta el 19 de julio, con el objeto de recuperar algo del tiempo perdido, esa opción todavía no está en firme.

…Y la tercera

En ese orden de ideas, ahora todas las esperanzas del gobierno Duque se centran en esta tercera legislatura y lo que durante ese año legislativo pueda sacar avante en el Senado y la Cámara. Para ello cuenta como principal carta que, por primera vez desde que asumió el poder, tendrá una coalición mayoritaria en el Parlamento. Esto gracias a que tras la crisis política de final del año pasado logró no solo recomponer su gabinete sino lograr un acuerdo para que Cambio Radical entre al Gobierno, ya con dos ministros, el de Salud y TIC.

Eso implicaría que en el Senado, el Ejecutivo podría contar con alrededor de 70 votos y en la Cámara con casi 110, lo que le daría la posibilidad de sacar adelante, de forma ágil, toda la agenda prioritaria que se planee. De hecho, en el Senado el más seguro presidente será Arturo Char, precisamente de Cambio Radical, en cambio que en la Cámara entraría el parlamentario Germán Blanco, del conservatismo. Es decir, que el Gobierno tendría el control casi absoluto de la agenda y las mayorías.

Si a ello se suma que los pactos políticos sobre rotación de mesas directivas del Congreso, firmados a mediados del 2018, se continúan cumpliendo, entonces podría decirse que esta tercera legislatura será, políticamente, la más promisoria para Duque desde que se posesionó. Eso es clave no solo para que la Casa de Nariño pueda sacar adelante las grandes reformas que tiene pendientes, sino para acelerar la aprobación del paquete legislativo que será necesario para impulsar la reactivación del país en todos sus órdenes, una vez pase la fase crítica de la pandemia.

En conclusión, si para otros gobiernos la segunda legislatura era su principal oportunidad en materia de avanzar las reformas legislativas determinantes para su gestión y el anhelo de todo presidente de dejar huella, para el actual ese periodo clave solo comenzará el próximo 20 de julio. La pregunta es una sola: ¿Esta tercera legislatura será la vencida?